El colmo sería que Sánchez pidiera perdón a Puigdemont por el «daño causado»

Ya no es que Puigdemont exija a Pedro Sánchez una amnistía para los procesados del 1-O -algo que es absolutamente inconstitucional-, sino que el líder de Junts y prófugo de Waterloo está dispuesto a exigirle al presidente del Gobierno en funciones un precio tan alto que no es que no quepa en la Constitución, sino que no cabe en la cabeza de cualquiera que tenga un mínimo de sentido de Estado y de decencia. Puigdemont, además del referéndum de autodeterminación y de la amnistía, pretende que el Estado -o sea, todos los españoles- compensen a los «represaliados» por lo ocurrido en 2017. O sea, que después de subvertir el orden constitucional no sólo tendríamos que despejar su horizonte penal, sino que encima tendríamos que pedirles perdón y resarcirles por el «daño causado».

En la ponencia política, aprobada hace un año, y que marca las pautas de relación con «el Estado», Junts dedica un apartado específico a «los represaliados y la política antirepresiva». Y advierten: «Se exigirán responsabilidades y compensaciones en su momento al Estado español respecto a sus víctimas». Y lo dejan claro cuando aseguran que la amnistía implicaría «la extinción de la responsabilidad criminal derivada de las penas impuestas o que se pudieran imponer». Además, «la autoridad judicial competente ordenará la inmediata libertad de los beneficiados por la amnistía que se hallaren en prisión y dejará sin efecto las órdenes de busca y captura y se pondrá fin a las investigaciones y a los procesos judiciales iniciados» y se procederá a la «reintegración en la plenitud de sus derechos activos y pasivos de los funcionarios civiles sancionados» y «la eliminación de los antecedentes penales y notas desfavorables en expedientes personales». Todos los afectados por «despidos, sanciones, limitaciones o suspensiones de los derechos activos o pasivos de los trabajadores por cuenta ajena» serían readmitidos, restituyéndoles «todos los derechos,  incluidas las cotizaciones de la Seguridad Social y mutualismo laboral que, como situación de asimiladas al alta, serán de cargo del Estado». O sea, que ya sólo falta que exijan que, con el dinero de todos los españoles, les compremos un piso.