Cierren ya la Sindicatura y la Oficina Anticorrupción

Durante la oscura y larga noche del felipismo, cuando todos los días nos desayunábamos un escándalo de corrupción con el café con leche, el gobierno socialista de Felipe González creó la llamada Fiscalía Anticorrupción. Se trataba de un golpe de efecto para acallar las duras críticas hacia el felipato inmerso en un sinfín de corruptelas y abusos de poder. ¿Fiscalía Anticorrupción? ¿Acaso no había sido hasta entonces un objetivo de los fiscales, todos sin excepción, luchar contra la corrupción?

Con el «progresista» Carlos Jiménez Villarejo al frente, el mismo que había archivado el desfalco de Banca Catalana en el que estaba involucrado Jordi Pujol y que años más tarde alcanzaría la condición de eurodiputado de la mano de Podemos, la Fiscalía Anticorrupción pasaría a controlar casos que afectaban al gobierno socialista y de este modo evitar que pasaran a mayores. La Fiscalía Anticorrupción, en realidad, era una fiscalía que blanqueaba la corrupción. Los socialistas siempre han sido unos maestros en instrumentalizar cualquier institución para sus intereses de partido. 

Tras la inesperada dimisión de Jaime Far como director de la Oficina Anticorrupción de Baleares y las subsiguientes acusaciones del brillante diputado de Més per Menorca Josep Castells contra el PSIB, al que ha acusado de «perseguir y fustigar con virulencia» a Far para «colocar una persona afín a los socialistas», estamos ya en condiciones de corroborar una vez más la instrumentalización que viene haciendo el PSOE de todas las instituciones del Estado.

Con audacia, sin miedos ni cortapisas. Esta vez le ha tocado el turno a la popularmente conocida como Oficina Anticorrupción, una oficina que, en realidad, lleva el rimbombante nombre de «oficina de prevención y lucha contra la corrupción» y entre cuyas funciones no figura la facultad de denunciar ni emprender acciones judiciales contra nadie. La única función realmente tangible que tiene esta oficina es la de vigilar las incompatibilidades de los cargos públicos y detectar posibles enriquecimientos ilícitos de éstos. Todo lo demás es música celestial.

Se trata, en efecto, de uno de tantos chiringuitos moralizadores que encantan a la izquierda y que tiene por objeto «hacer estudios y análisis de riesgos», «hacer propuestas», «colaborar», «elaborar propuestas de actuación», «fomentar los valores y los principios de ética pública y entidad» y demás jerga politiquesa al uso. En definitiva, una oficina atada de pies y manos, sin ninguna jurisdicción para ejercer la acción administrativa, civil o penal contra los «investigados», más allá de alguna filtración a la prensa de los datos patrimoniales de algún político al que se pretende descabalgar de la carrera política, como ha sucedido probablemente con Marga Prohens, justo después de ser nombrada candidata a la presidencia del Govern por los populares. Una befa, por otro lado, a los principios fundantes de la propia Oficina que afirman solemnemente que ésta última será «la responsable de la custodia, la seguridad y la indemnidad de los datos y los documentos que figuren en el registro de declaraciones patrimoniales».

Por mucho que Far reivindique que se ocupan de cosas distintas, hay aspectos de la Oficina Anticorrupción que se asemejan a la Sindicatura de Cuentas, otro organismo de control inútil hasta el punto de que, aun conociendo la existencia de posibles delitos, tampoco puede emprender por ley ninguna acción judicial. Entretanto, la Sindicatura se dedica a cuantificar la «deuda histórica» balear o a regañar a nuestras señorías parlamentarias con consejos de parvulario sobre ortodoxia presupuestaria que naturalmente caen en saco roto.  Ni que decir tiene que las homilías anuales de los síndicos han fracasado en su objetivo de racionalizar el gasto público, acotar el endeudamiento o evitar los tratos de favor inherentes a no pocos contratos de las administraciones públicas. 

Hace años pude comprobar in situ la impotencia de la Sindicatura. Ejerciendo mi labor de oposición como concejal, les reclamé que obligaran a un ayuntamiento a poner las cuentas al día. El alcalde se burló de su requerimiento, como el Govern de Armengol ha hecho caso omiso de los requerimientos de Jaime Far cuando le ha preguntado la lista de altos cargos vacunados. 

El bochorno de la Oficina Anticorrupción no estriba tanto en su manifiesta inutilidad como en su capacidad para lesionar los derechos fundamentales de los ciudadanos, como ocurrió al parecer en el caso de Marga Prohens, o en el hecho, sangrante, de que la mayor parte de las 76 «informaciones, alertas o denuncias» que recibió la Oficina en 2020 fueran anónimas, animando así a la delación irresponsable.

Es un esperpento que la comunidad tenga dos organismos con personal supuestamente capacitado -debería estarlo a la vista de algunos de los salarios más codiciados de la administración autonómica, en torno a los 100.000 euros- para investigar las corruptelas, las arbitrariedades en la aplicación de la ley de contratos, el despilfarro y los abusos de poder que seguro se cometen a diario cuando se están manejando miles de millones de euros al año y que, en vez de dedicarse a estos menesteres, se dediquen a investigarse mutuamente, con acusaciones cruzadas.

En efecto, de nuevo los socialistas, al ver que no podían servirse de la Oficina Anticorrupción para sus intereses, han optado por torpedear al director Jaime Far y sustituirlo por alguien que calle ante sus desmanes. Y lo han hecho utilizando a la Sindicatura y al síndico mayor, Joan Rosselló -nada menos que director general de presupuestos en la infausta etapa en la que Carlos Manera casi llevó a la ruina a miles de proveedores de la autonomía con miles de facturas sin pagar por valor de más de 1.000 millones de euros-, que no vaciló en acusar a Jaime Far de presuntas deficiencias contables que éste desmintió en sede parlamentaria.

Imagínense por un momento a la Guardia Civil y a la Policía Nacional que, en lugar de consumir todas sus energías en perseguir a los delincuentes, se enzarzaran en un fuego cruzado de acusaciones para minar la honorabilidad del adversario. Cosas de las autonosuyas…

La Oficina Anticorrupción y la Sindicatura de Cuentas no sólo son inútiles, caras, inermes frente la mala gestión de los fondos públicos, meras coartadas para hacer creer a la ciudadanía que se estaría luchando contra la corrupción, sino que además, por lo visto, están politizadas hasta el tuétano, convirtiéndose en correa de transmisión de las pugnas políticas. Hay que cerrarlas inmediatamente y dedicar el dinero que nos ahorraríamos en reforzar el poder judicial, el único que sí puede frenar la corrupción y meter en cintura a las élites políticas.