El caos catalán genera beneficios

Mientras la mayor parte de la población estamos preocupados, escandalizados y, viendo determinados brotes de violencia —ya sea por parte de la policía como por parte de grupos de extrema derecha—, aterrados, llama la atención como en medio de todo este caos, al Gobierno se le ocurre imponer un decreto ley a toda prisa para abrirle la puerta de atrás a las empresas. Se aprobó el pasado viernes. Y como todo decreto ley, se hizo por iniciativa del Gobierno —aunque éste señala que lo acordó previamente con Ciudadanos y con PSOE—. Es una herramienta bastante habitual del Partido Popular: utilizar una herramienta legal prevista para casos excepcionales y de urgente necesidad, en circunstancias en las que, realmente, debería abordar los procedimientos ordinarios legislativos y asumir que, en muchos casos, tenga que debatir y transaccionar con otros grupos parlamentarios que no estarán de acuerdo con sus planteamientos.

De este modo, pervirtiendo totalmente los procedimientos legislativos, se sacan de la manga una serie de reformas que son de inmediata aplicación, incluso con carácter retroactivo —otro de los principios generales del derecho que se saltan a la torera—, generando una absoluta inseguridad jurídica y riéndose de un sistema democrático donde otros grupos parlamentarios tienen también mucho que decir. Es llamativo que el Gobierno de España no reconozca ninguna validez al referéndum celebrado el día 1 de octubre, que la vicepresidenta exprese públicamente que Puigdemont vive fuera de la realidad cuando anuncia que procederá a proclamar una Declaración Unilateral de Independencia pero, sin embargo, se apresuran a aprobar un decreto ley que facilite la salida de las empresas que tienen sus domicilios fiscales y sociales en Cataluña.

¿Por qué, si según el Gobierno en realidad todo esto no iba a ningún sitio, ni era posible que se produjera ningún efecto legal de la Declaración de Independencia Catalana? Lo cierto es que por medio de este decreto ley  las empresas van a poder saltarse lo establecido en sus estatutos —en los de algunas—, cuando se requiere que el cambio de domicilio social y/o fiscal sea acordado por la junta de accionistas. El decreto establece que no será necesario. Juzguen ustedes. ¿La razón? Dicen que así se agiliza el procedimiento. En realidad, con esta “jugada”, han conseguido crear una norma que tira por tierra la decisión de los accionistas de manera democrática, pasando a tomar el control de las empresas la junta directiva, sin más.

Dicho sea de paso, las decisiones del cambio de domicilio social han generado pingües beneficios a las empresas que cotizan en bolsa. Algo curioso, si se tiene en cuenta que esta situación de caos nos tiene sumidos en un malestar profundo. Igualmente, llama la atención que el Gobierno facilite la salida de las empresas que dejarán de tributar en territorio catalán donde, según el Ejecutivo, viven también millones de españoles que deberían ser protegidos. Tan absurdo como que el PSOE haya pactado esta medida y el día de su publicación en el BOE anuncie que la recurrirá por no cumplir con el requisito de urgencia necesario para los decretos leyes. Todo esto se comprende desde la perspectiva del beneficio y en los datos consta que algunos ya han visto aumentar el valor de sus acciones. Aten cabos.