El ataque gubernamental a las empresas

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha atacado de manera furibunda a las empresas, ensañándose especialmente con uno de los mejores empresarios que tiene España: el dueño de Mercadona, Juan Roig, que genera casi 100.000 puestos de trabajo, cuya empresa ofrece importantes cursos de formación a sus empleados, que cuentan, además, con el nivel retributivo más elevado de su sector.

Jamás se había visto un ataque semejante desde el propio Gobierno, pues Belarra es ministra del mismo. No hay distinción posible si el presidente del Gobierno no la destituye. Ese ataque a una parte importantísima de los agentes económicos, además de manera irresponsable y falsa, requiere que el jefe del Ejecutivo la releve, pero eso no ha sucedido. Y si no sucede, entonces, indirectamente, el Gobierno asumen esos ataques, porque de no asumirlos, Belarra tendría ya que haber cesado.

Este ataque de la parte podemita del Gobierno -consentida por el resto del conjunto gubernamental, al callar y mantener en su puesto a dicha ministra- es un paso más en el intervencionismo voraz que lleva a cabo el Ejecutivo y en su política de apostar por una economía subsidiada, porque el subsidio permanente es el lugar desde donde al Gobierno le resulta más fácil poder mantener un voto cautivo, que necesita elevar ante su hemorragia electoral derivada de su pésima gestión.

Así, el Gobierno se entromete cada vez más en la libertad individual y empresarial. Su actuación tiene un doble objetivo. En primer lugar, en el corto plazo, tratar de tapar su incapacidad para la gestión -pues está demostrado que este gobierno es el más inoperante que hemos tenido- con un intervencionismo populista, electoralista, demagogo, con el que tratar de aplacar a sus potenciales votantes culpando de los males de la economía a lo que llaman, en palabras del propio presidente Sánchez, «los poderosos», que la vicepresidenta Díaz lo escenifica diciendo que «las empresas se están forrando» con la inflación, atacando de manera específica a los supermercados, con el remate de Belarra ya comentado. En segundo lugar, ese intervencionismo tiene un fin más a largo plazo, que es entrometerse en la vida de familias y empresas para decidir por nosotros cada cuestión de nuestras vidas, dejando sin margen apenas a la libertad individual y, con ella, a la necesidad de que cada sujeto económico asuma también su responsabilidad.

Quieren, por tanto, un país de subvencionados, débil, que no pueda pensar por sí mismo, que necesite de los cheques electorales que reparte el Gobierno a su antojo. Es una nueva forma de tratar de volver a la época del caciquismo de la Restauración, sólo que ahora con menos talento por parte de quienes distribuyen las prebendas.

Quieren intervenir todo tipo de mercados, ya sea el del alquiler, la luz, el gas, el combustible o el mercado de trabajo, a través de la imposición de un tipo de contrato y de las decisiones sobre el salario mínimo, fuera de cualquier precio de mercado. Querrían intervenir el mercado de las hipotecas -aunque ahí, con la normativa bancaria, lo tienen más difícil- y ahora quieren extender su intervencionismo al de los alimentos, limitando el precio de los productos. Es un intervencionismo que va contra la lógica económica, contra las leyes del mercado que rigen las transacciones y contra la prosperidad, ya que si hay intervencionismo puede generarse escasez y, con ello, mercado negro y precios todavía más elevados.

En definitiva, contamos con un Gobierno sin ideas, sin capacidad ni experiencia para gestionar, que huye hacia adelante asfixiando a todos los ciudadanos a través de más impuestos y de un intervencionismo que trata de extender como una mancha de aceite, con el ataque a quienes generan riqueza y puestos de trabajo. Es probable que dentro de menos de un año caiga derrotado en las elecciones generales y se abra un rayo de esperanza en la economía y vida españolas, pero hasta entonces la asfixia irá creciendo de manera cada vez más insoportable. Confiemos en que no deteriore mucho más la situación, aunque siendo Sánchez y tratándose de un año electoral podemos esperar lo peor.