Apertura del Año Judicial sin García Ortiz

Premisa número uno, Álvaro García Ortiz no quiso colaborar con la justicia para demostrar su inocencia, sino que, muy al contrario, destruyó todas las pruebas. Inmediatamente después de enterarse de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo le iba a investigar por la filtración de información confidencial sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Álvaro García Ortiz borró todos los mensajes de WhatsApp que había en su móvil; 15 minutos más tarde repitió el proceso de borrado; eliminó la cuenta de Gmail en la que se hacían las copias de seguridad, activando una nueva copia en blanco que sobrescribiera las anteriores; hizo un restablecimiento completo del móvil a los valores de fábrica, eliminando todo lo que quedara; y, por si acaso, cambió de móvil, haciendo desaparecer el que había utilizado los días que ocurrió la filtración, sustituyéndolo por uno nuevo que fue el que le entregó a la UCO de la Guardia Civil.

Premisa número dos, horas antes de que lo tuviera la prensa, el informe filtrado ya circulaba en el entorno de Pedro Sánchez. La primera persona que usó dicha información fue el ex líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, quien ha contado que desde La Moncloa le pidieron que la utilizara contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, antes de que apareciera publicada. Premisa número tres, el informe filtrado benefició al PSOE y a Pedro Sánchez, el jefe de quien depende Álvaro García Ortiz, porque perjudicó la imagen de Isabel Díaz Ayuso.

Premisa número cuatro, si Pedro Sánchez no cesa a Álvaro García Ortiz es porque él fue el principal beneficiado de sus actuaciones. En aplicación del artículo 31 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el fiscal general debería haber sido cesado por el Consejo de Ministros por «incumplimiento grave o reiterado de sus funciones», entre las que destaca la de velar por los derechos y libertades de los ciudadanos y por el cumplimiento de la legalidad, así como actuar como defensor de los intereses de las víctimas, obligación que, a criterio de los hasta quince jueces que han avalado la decisión de llevarle a juicio, existen sobrados indicios de que ha incumplido gravemente.

En resumen, Álvaro García Ortiz se esforzó en borrar todos los correos electrónicos y mensajes telefónicos que hubieran demostrado su inocencia; Moncloa dispuso del informe de la fiscalía que fue filtrado antes de ser publicado por la prensa; esta filtración benefició a Pedro Sánchez quien podría cesar por ello al fiscal general, pero en cambio, ha decidido apoyarlo. La presunción de inocencia es un principio jurídico que implica que los jueces no pueden condenar a Álvaro García Ortiz sin que los indicios que le señalan se conviertan en pruebas, es decir, sin que su culpabilidad quede firmemente demostrada. Pero este principio sólo afecta a los tribunales, no a la opinión pública ni mucho menos a los cargos políticos nombrados a dedo por el Gobierno donde el principio que debe prevalecer es el de la ejemplaridad.

Con todas las premisas que ya conocemos, a unas semanas de que el Tribunal Supremo lo siente en el banquillo de los acusados, la presencia de Álvaro García Ortiz en el acto de apertura del Año Judicial que se celebra este viernes es un insulto a nuestro sistema judicial y al Rey como máximo representante de las instituciones del Estado. Si el imputado fiscal general insiste en asistir y no renuncia a dar el discurso que le corresponde, todos los presentes están obligados a elegir el modo que consideren más oportuno para expresar su rechazo, evitando que este gesto permita posteriormente a García Ortiz recusar, cuando se le abra el juicio oral, a los jueces y fiscales que participen en la protesta. Abandonar la sala cuando hable el fiscal general sería lo más oportuno, pero si esto les parece una falta de respeto al Rey, que se tapen la cara con las manos o realicen cualquier otro gesto que indique claramente su rechazo al fiscal general del sanchismo.