83 millones: Mónica García, Yolanda Díaz, OMS y OIT

Hay una pregunta incómoda que el Gobierno debería responder: ¿qué criterio utiliza para decidir cuándo hay dinero y cuándo no lo hay? 

Porque esta semana el Consejo de Ministros ha vuelto a abrir el grifo de las contribuciones voluntarias a organismos internacionales. Son 83,78 millones de euros repartidos entre 124 organizaciones, programas y fondos, entre ellos la Organización Mundial de la Salud (OMS), ese resguardo cuando todo falle y donde podría recalar la ministra de Sanidad, Mónica García, y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otras.

No se trata de cuestionar la existencia de estos organismos ni la cooperación internacional. España forma parte de ellos y tiene compromisos internacionales. La cuestión es otra: qué prioridades establece un Gobierno cuando administra dinero de los ciudadanos y cómo explica esas prioridades cuando las necesidades dentro de España siguen siendo enormes.

Y aquí aparece una coincidencia política que merece, como mínimo, una explicación transparente. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es candidata del Gobierno español a dirigir la OIT. La elección se celebrará en noviembre y, si resultara elegida, asumiría el cargo en 2027. De hecho, hasta ha retado a su director a un debate; no sabemos en qué idioma se abordaría. Suponemos que en español, o con pinganillo, como en el Congreso.

La ministra de Sanidad, Mónica García, forma parte desde 2025 del Consejo Ejecutivo de la OMS en representación de España. El propio Gobierno presentó aquella incorporación como el regreso de nuestro país al órgano de gobierno de la organización después de más de dos décadas.

¿Significa esto que las aportaciones económicas españolas a estos organismos se realizan para favorecer las carreras internacionales de sus ministras? En un tiempo en el que hay que parecer y ser transparente, especialmente ante las dudas y polémicas que han rodeado al entorno de Pedro Sánchez, sería necesario que nos explicaran por qué en el último Consejo de Ministros se han aprobado 83 millones para este tipo de organismos y qué retorno obtiene España de estas aportaciones. Es, incluso, una cuestión de obligado cumplimiento: limpieza democrática.

Pero precisamente porque estamos hablando de dinero público, la pregunta legítima es otra: ¿qué retorno obtiene España de estas aportaciones y qué mecanismos de evaluación existen para comprobarlo?

La discusión se vuelve todavía más relevante cuando España afronta una situación presupuestaria excepcional. Hacienda mantiene actualmente los Presupuestos Generales del Estado prorrogados para 2026, después de tres ejercicios sin unas nuevas cuentas estatales aprobadas.

Mientras tanto, la realidad sanitaria no espera. Pacientes oncológicos necesitan nuevos tratamientos. Investigadores necesitan financiación estable para no perder talento. Enfermos de esclerosis múltiple esperan que la innovación llegue a la práctica clínica. Las asociaciones de pacientes sostienen buena parte de su actividad gracias a la solidaridad de ciudadanos que organizan carreras, cuestaciones y campañas para financiar proyectos de investigación.

Y aquí aparece una paradoja difícil de ignorar: los ciudadanos donan porque perciben que faltan recursos; mientras tanto, el Estado dispone de partidas para contribuir voluntariamente a organismos internacionales.

Pero el debate interesante es si cada euro público está colocado allí donde produce mayor valor para los ciudadanos y si el Gobierno explica suficientemente por qué elige unas prioridades y no otras.

Lo mismo ocurre con Ceuta. Tras la crisis migratoria del verano, el Congreso ha convalidado un paquete de 309 millones de euros en ayudas, bonificaciones e inversiones para la ciudad, con partidas para acogida humanitaria, economía y empleo, seguridad y servicios esenciales. Eso dicen, porque luego ni inversiones tras el volcán de La Palma, ni zonas de la Dana, ni sabemos nada de Adamuz. 

Porque gobernar no es solamente gastar. Gobernar es decidir. Y decidir con dinero público exige explicar por qué se gasta, cuánto se gasta, qué se espera conseguir y quién responde si aquello que se prometió no ocurre.

En el caso de Mónica García, está haciendo un doble juego: si sabe que puede acabar en la OMS, ¿por qué se presenta ahora en la Comunidad de Madrid? ¿Por su obsesión con Ayuso? Parece sencillo. Y de ahí al tabaco y la OMS para seguir el juego: la ministra ha defendido un endurecimiento de la regulación y la equiparación de los distintos productos con nicotina, cuando, después de años de políticas antitabaco, ni Dios ha dejado de fumar en España. Seguimos prácticamente igual, mientras el cigarrillo de combustión continúa provocando un enorme daño sanitario.