¿Recesión o depresión económica en Cataluña? (I)

La crisis catalana se está cobrando por el momento demasiadas víctimas en forma de empresas que se desplazan, contra su voluntad, desde Cataluña hacia el resto de España. Son otras tierras, comunidades autónomas colindantes, ciudades con garbo económico e iniciativa o provincias no tan cercanas, las que acogen a sociedades de raigambre catalán, de alta estofa y algunas de ellas con cerca de 500 años arraigadas a sus orígenes. Da igual que el destino sea la propia península o nuestras islas. Se van. ¿Volverán? El proceso de deslocalización meramente societaria, aunque también, en algunos casos, tributaria se lleva por delante a una parte relevante del tejido económico y financiero de Cataluña. Pierde Cataluña, ganan otras regiones y, en cierto modo, también en España se abre una vía de agua. La inestabilidad política pasa factura siempre e indiscutiblemente en esas circunstancias y demuestra que hoy por hoy España carece de gobernantes de talla tanto a nivel estatal como autonómico. Era necesario —quiero creer que aún lo sigue siendo— el diálogo para solventar los puntos del desencuentro, para enmendar el bizantino asunto de la financiación de las autonomías, para limar asperezas que paulatinamente se han ido agrandando y radicalizando, para tender puentes a trabajar en común en pos del entendimiento.

Uno piensa que realmente a los políticos les importa un bledo el pueblo y nuestra sociedad porque muchos de ellos no están para servirla sino para servirse de ella. Sus veleidades torticeras, su necesidad de escenificaciones teatrales, sus gesticulaciones irresponsables, su falta de sólida formación, sus más que limitadas carencias empáticas, su no conexión con la realidad social, su falta de contacto con el día a día, no sabiendo auscultar la realidad de toda la calle, no solo de una parte, conducen a una situación extrema a Cataluña. Unos han pecado de extremistas y radicales; los otros de tancredismo y pasotismo, impasibilidad y dejar que el tiempo corra y que etéreamente arregle los desaguisados. Disculpas, amable lector, por reflejar en las líneas precedentes un innegable estado de pesimismo de este catalán, de raíces que proceden del medioevo, y de este español que siente su país —Cataluña y España— como la tierra de sus ancestros, de sus mayores, de sus coetáneos y de nuestros hijos, en la que los tiempos pretéritos fueron buenos, el reciente pasado prometedor, el presente negativo antes escéptico y el futuro con interrogantes que dejan la puerta entreabierta al ocaso de una sociedad, la catalana, y a la caída en picado del mañana.

La retórica se entiende mejor cuando va tocada por guarismos. Las filosofías políticas, si como tales cabe entenderlas, se captan idóneamente cuando se emparejan con los datos. Los sentimientos profundos y los corazones apasionados rivalizan con las mentes frías y pensantes. El fuego de nuestros interiores se detiene con la frialdad de las cifras. En el momento en que estas líneas verán la luz no sé exactamente cuántas empresas catalanas habrán cambiado su domicilio social fuera de Cataluña. Al empezar a teclear, estaba por las 600, aunque mucho me temo que esas pueden ser la parte emergente del iceberg. Porque a las grandes que se van, y no volverán, les siguen las medianas que se ven forzadas a emigrar y a éstas todas las pequeñas que puedan maniobrar. Otras, por voluntad propia o en contra de la misma, permanecerán aquí intentado hacer un brindis al optimismo. Y eso, ante el panorama que se divisa en esta hora, es sinceramente de agradecer porque la aventura política y social de Cataluña, de no frenarse, lleva irremisiblemente a un páramo económico.

Pongamos pues una letra melancólica a esa triste música. Los activos de algunas de las principales empresas y entidades financieras, extraídos de sus últimas cuentas anuales —por lo general, las formuladas respecto al ejercicio 2016—, que hasta la fecha han abandonado Cataluña, suman cerca de 1.100.000 millones de euros, es decir, 1,1 billones de euros. El producto interior bruto de España en 2016, según la revisión hecha por el Instituto Nacional de Estadística el pasado 12 de septiembre, ascendió a 1.118.522 millones de euros.