Madrid Central

El Supremo anula el Madrid Central de Carmena y deja en el aire las 800.000 multas que se impusieron

Señal indicando la entrada a la zona de Madrid Central.
Señal indicando la entrada a la zona de Madrid Central.

Madrid Central pasa a la historia. Así lo ha confirmado el Tribunal Supremo, que ha desestimado el recurso de Ecologistas en Acción para intentar salvar la zona de bajas emisiones impuesta por el Gobierno local de Manuela Carmena. El Alto Tribunal confirma los defectos en la puesta en marcha de la medida estrella en materia de movilidad del mandato pasado. El Ejecutivo de Ahora Madrid no respetó los trámites de consulta pública a la ciudadanía ni presentó una memoria económica.

A partir de ahora, el Ayuntamiento hoy capitaneado por José Luis Martínez-Almeida tendrá que desarrollar su propia estrategia contra la contaminación: Madrid 360, que también contempla una zona de bajas emisiones similar a Madrid Central en el centro de la ciudad. No obstante, hasta ese momento las multas por entrar en el corazón de la capital con coches contaminantes desaparecen momentáneamente y las que se tramitaron quedan en el limbo legal. Se trata de 800.000 recargos y 36 millones de euros recaudados que podrían tener que ser devueltos.

El Tribunal Supremo al tumbar el recurso de Ecologistas en Acción confirma la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en la que anulaba la zona de bajas emisiones por defectos formales. En el auto, fechado este lunes, anula el recurso de casación de Ecologistas en Acción Madrid y establece la imposición de costas a este colectivo de activistas por 1.000 euros.

Cabe recordar que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya anuló el pasado mes de julio Madrid Central tras estimar parcialmente los recursos presentados por la Comunidad de Madrid, el grupo de concejales del PP en el Ayuntamiento de Madrid y la mercantil DVuelta Asistencia Legal sin entrar al fondo del asunto y sin valorar la delimitación de esta zona de bajas emisiones y su regulación.

Multas

El TSJM confirmó en tres sentencias que se habían omitido trámites de elaboración y aprobación del marco legal que sustenta el desarrollo de Madrid Central y las resoluciones. Se determinó que en el caso de que los fallos adquirieran firmeza supondría el decaimiento de las multas impuestas durante su periodo de vigencia. El fallo podía ser recurrido en casación ante el Supremo, que es lo que hizo Ecologistas en Acción.

Los magistrados del TSJM tumban Madrid Central por «defectos formales» y a petición de la Comunidad de Madrid la ordenanza de Movilidad Sostenible. Una norma aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria el 5 de octubre 2018, todavía con el Gobierno de Ahora Madrid.

Lo hacían por la «omisión» del trámite de información pública, un requisito que se considera «esencial, preceptivo e indispensable» al tratarse de una de las «principales manifestaciones del derecho que los españoles tienen a participar en los asuntos públicos». Un paso legal reconocido en el artículo 23 de la Carta Magna. Así, quedaban anulados los artículos de 21 a 25 de la citada ordenanza.

En relación al recurso del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid, la Sala también estimaba parcialmente su reclamación y anula el artículo 23 del mismo acuerdo del Pleno, al entender que falta la «imprescindible» memoria económica previa a la aprobación de la ordenanza.

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El candidato del PP a la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, junto a la alcaldesa en funciones, Manuela Carmena. Foto: EP

Fuentes del área de Movilidad y Medio Ambiente, concejalía que lidera Borja Carabante, indican a OKDIARIO que «el Ayuntamiento de Madrid está estudiando la sentencia y ofrecerá una valoración a lo largo de la mañana».

Cabe recordar que el propio Almeida afirmó en julio del año pasado que durante el tiempo que lleva activa la zona de bajas emisiones Madrid Central se han recaudado 36 millones de euros con las más de 800.000 multas impuestas. Tras la sentencia del TSJM, el regidor admitió al arrojar esos datos que devolver esas cuantías provocaría un considerable roto en las cuentas del Consistorio capitalino.

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