El PP se solidariza con los afectados por las obras del metro de ‘Sanfer’ y rechaza su uso partidista

El Partido Popular de San Fernando de Henares se ha solidarizado este domingo con las familias afectadas por las obras en el metro que han provocado importantes desperfectos en viviendas de vecinos de la localidad. También subrayan que no se debe usar políticamente y de forma partidista el «grave problema» a raíz de las intervenciones de la Línea 7B de Metro de Madrid. Los populares defienden el trabajo que se está desarrollando desde el Gobierno regional, más de 120 millones de euros en total e indemnizaciones de entre 136.000 y 355.000 euros por vivienda.

La formación que gobierna la Comunidad ha lanzado un comunicado después de que vecinos afectados, miembros del Ayuntamiento de la localidad, partidos políticos y sindicatos se hayan concentrado en el centro de Madrid pidiendo el fin de estos problemas sobrevenidos. «Mostramos nuestra solidaridad, una vez más, y todo nuestro apoyo a las familias cuyas viviendas están afectadas como consecuencia de la Línea 7B de metro, muy especialmente a aquellas que han tenido que dejar sus hogares», han trasladado desde el PP local.

Aseguran que trabajar por los vecinos es su «máxima prioridad» y van «a continuar con lealtad, colaboración institucional y trabajo conjunto, primando el bienestar de los ciudadanos frente a la utilización política y el oportunismo electoral de algunos, que lo único que hace es perjudicar a los afectados».

El PP de San Fernando considera desde la Comunidad de Madrid se están poniendo «todos los medios técnicos, económicos, humanos y materiales para solucionar este grave problema, primando la seguridad y el bienestar de los vecinos». «San Fernando de Henares y los afectados son una prioridad absoluta para el Gobierno regional», comentan.

Destacan que el Ejecutivo madrileño ha aprobado medidas, «como parte de una hoja de ruta para poner solución a la situación en la que se encuentran las familias afectadas», que contempla la inversión de 120 millones «en un plan dinámico y en continua evolución adaptándose a la realidad compleja y cambiante».

Además, han puesto en valor que se sigue monitorizando toda la zona y haciendo un seguimiento pormenorizado del estado y evolución de los edificios, se indemnizará a los vecinos afectados con el máximo posible y han recordado que la Oficina de Atención a los Afectados ya es también de Registro para facilitar los trámites. «Apelamos una vez más al trabajo conjunto y a la no utilización política y partidista de este grave problema, en aras del bien común», concluyen.

Plan integral

En esta línea, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en octubre se hizo cargo de la situación y anunció 120 millones de euros para un plan integral. También acudió al lugar e inauguró una oficina de atención a los afectados de la localidad.

También en diciembre, el consejero de Transportes e Infraestructuras, en rueda de prensa tras un Consejo de Gobierno, presentó las indemnizaciones a los afectados, las cifras máximas posibles. En resumen, entre 136.000 y 355.000 euros de indemnización por inmueble derruido, mientras que las plazas de garaje se compensarán con un mínimo de 10.000 y un máximo de 33.000 euros.

La Comunidad estima que esta cuantía cubrirá el valor del inmueble, el mobiliario, el daño moral, el daño emergente y el lucro cesante, al que se le añade, además, el índice de garantía de la competitividad «con el objetivo de poder ofrecer a las familias la máxima compensación posible con el que poder ayudarles a rehacer sus vidas».

Izquierda

Por su parte, la izquierda aprovecha el drama para ir contra Isabel Díaz Ayuso. Este domingo han puesto en marcha «una marea naranja» en la Puerta del Sol para decir «basta». Han gritado lemas como «Ayuso, escucha, Sanfer está en lucha», «Casas rotas, corazones rotos» o «Casas rotas, vidas hundidas». En total, 1.500 personas, según la Delegación de Gobierno que lidera la socialista Mercedes González.

Entre los representantes políticos que han acudido a la cita el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato; la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García;  y la homóloga en Podemos, Alejandra Jacinto. Todos ellos han criticado que hay familias «sufriendo y abandonadas».

Del mismo modo, se han personado los sindicatos, en particular, las secretarias generales de UTG y CCOO en Madrid, Marina Prieto y Paloma López respectivamente. La primera ha reclamado «soluciones reales» y que se «acorten los plazos» para las ayudas, mientras que la segunda ha tachado de «sadismo institucional» el trato a los afectados por el Gobierno regional. Junto a ellas ha estado presente el secretario general nacional de CCOO, Unai Sordo.