Un juez obliga a un edil a pagar 250 € a Boadilla tras pedir propaganda política en la revista local

El concejal Boadilla del Monte Alejandro Corral (Ciudadanos) deberá pagar al Ayuntamiento 250 euros en costas por un procedimiento que él mismo inició contra el Consistorio por no publicar la actividad de su formación política en los medios de comunicación municipales. Así lo establece una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 11 de la capital, que desvela OKDIARIO.

El edil deberá abonar 250 euros, ya que el juez ha desestimado su petición. El representante naranja recurrió porque el Ayuntamiento, donde gobierna el Partido Popular con mayoría absoluta, no quiere incluir en la web, en las redes sociales y en la revista local la propaganda de los diferentes grupos municipales.

Alejandro Corral llevó al Consistorio ante los tribunales, pero no ha recibido la respuesta que esperaba. Se ha topado con una sentencia que pone fin a un procedimiento iniciado por él mismo que le obliga a pagar 250 euros al Ayuntamiento de esta localidad madrileña.

Según  Corral, el Ayuntamiento había vulnerado varios artículos de la Constitución al utilizar de manera «exclusiva y excluyente» sus medios de comunicación digitales e impresos al no incluir información de su propio partido en los mismos. Para el edil, el Consistorio de Boadilla, presidido por Javier Úbeda (PP), «niega a representantes políticos elegidos democráticamente la utilización de canales de comunicación públicos para el ejercicio de funciones propias de su cargo», relegando el uso de los canales de información municipales solamente al uso del equipo de Gobierno.

La formación naranja sostenía que se vulneraban varios artículos constitucionales: el que consagra la igualdad de todos ante la Ley, el de libertad de expresión, el de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y el de ser elegidos cargos públicos.

En primer lugar, Ciudadanos presentó una moción en el Pleno de enero de 2020 para que se «garantizase el acceso de una información plural y por tanto remitida por los distintos grupos políticos con representación en el pleno» en los medios de comunicación financiados por el Ayuntamiento. El Pleno rechazó esta propuesta por mayoría absoluta y, ante esto, Corral presentó un recurso ante la Justicia.

Sin embargo, el juez considera que no informar de la actividad de los grupos políticos municipales a través de la revista municipal y el resto de canales no afecta al núcleo de la función de los representantes públicos, ya que no se les impide a los concejales de Ciudadanos participar en la actividad de control del Gobierno municipal, en las deliberaciones del Pleno de la corporación ni votar en el mismo, así como obtener la información necesaria para poder ejercer estas funciones.

Para el fiscal, Corral presentó una reclamación «genérica, sin propuesta alguna de difusión concreta en algún tipo de información divulgativa exigible para conocimiento de los ciudadanos». Tampoco considera acreditado que el Ayuntamiento liderado por Úbeda haga un uso partidista de sus medios de comunicación.

Recurso

Por su parte, fuentes oficiales de Ciudadanos consultadas por este periódico señalan que el partido «denunció al Ayuntamiento porque no permite a ningún grupo municipal publicar nada ni en la revista, ni en la web…». «Son medios municipales, pagados por todos los vecinos que no sólo votaron al PP y que merecen conocer el trabajo que realizan el resto de partidos», agregan.

Asimismo, subrayan que «Boadilla es un municipio de más de 55.000 habitantes que cuenta con un presupuesto de 60 millones de euros y que ha sido durante años escenario de la corrupción del PP, un partido acostumbrado a utilizar de manera absolutamente caciquil lo que debería ser un canal de difusión municipal, y a convertirlo en un folleto de publicidad en el que no hay cabida para el resto de grupos».

«Desde Ciudadanos hemos recurrido esta sentencia porque seguimos creyendo que se está vulnerando el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz a través de los medios de comunicación públicos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (derecho recogido en el artículo 10 de la Constitución Española) y sobre todo porque los vecinos merecen tener toda la información y no sólo la que el alcalde decida», añaden.

Un precedente

Por su parte, fuentes del Consistorio, a preguntas de este diario, han «celebrado la sentencia» pues, consideran, viene a «reconocer» lo que llevan «años defendiendo, y es que el dinero público no debe dirigirse a la promoción de los partidos políticos, de ninguno, sino al bienestar de los vecinos».

«Ciudadanos confunde al Ayuntamiento con el Partido Popular, que son dos cosas muy diferentes. Los medios municipales trasladan información de interés público, no de ningún partido político. Esto cierra un debate abierto en muchos Ayuntamientos y, además, sienta las bases para que otros muchos Consistorios dejen de gastar el dinero del contribuyente en la promoción de las formaciones políticas», finalizan.