Una juez investiga al Gobierno por reprimir con gases lacrimógenos las protestas de Ferraz

El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha abierto una investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y contra los altos cargos de la Policía Nacional por las cargas policiales y el lanzamiento de gases lacrimógenos contra los manifestantes de las protestas en la calle Ferraz el pasado lunes 6 de noviembre. Fue una concentración contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez a raíz de la Ley de Amnistía. Así figura en un auto judicial al que ha tenido acceso OKDIARIO fechado este 11 de enero.

La magistrada Josefa Bustos concluye que «los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». Decide incoar diligencias previas por el presunto delito de prevaricación administrativa contra los mandos policiales que ejecutaron las órdenes, el delegado del Gobierno en la región, y demás personas que resulten criminalmente responsables de los hechos. Además, le da traslado del caso al Ministerio Fiscal.

La denuncia penal parte de la Asociación Reivindicativa de Memoria Histórica Raíces contra «las órdenes dictadas para reprimir las protestas en Ferraz convocadas la tarde-noche del lunes 6 de noviembre en la sede del PSOE en Madrid». Recuerdan que se trataba de una concentración que fue «legamente comunicada (…) imperando un clima de crítica generalizada ante lo que supondría la abolición del Estado de derecho por la anunciada Ley de Amnistía».

Insistían en que fue un ejemplo de «civismo de las personas allí congregadas como muestran centenares de vídeos». Sin embargo, «a partir de las 20 horas se produce la carga de Policía (…) llegando a utilizarse gases lacrimógenos para dispersar a la multitud de personas que mostraban su desacuerdo con las palabras pronunciadas por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con el resultado de varios heridos».

La denuncia recoge un comunicado del sindicato Unión Federal de la Policía (UFP) del día siguiente a los hechos, en el que «exigía el cese del delegado del Gobierno en Madrid» por su gestión de las protestas de Ferraz. Los propios agentes culpaban al Ejecutivo de una «utilización partidista» para «reprimir a ciudadanos que se manifiestan legítimamente», recordando que se han vivido situaciones «bastante más graves» en materia de orden público. El citado sindicato recordaba otras manifestaciones, asegurando que ahí las órdenes eran «aguantar». Por el contrario, en Ferraz se había ordenado «la utilización de material antidisturbios que hacía muchos años que no se usaban».

La UFP recordaba que la Policía «está al servicio de los ciudadanos y aunque dirigida por el poder político, no puede ser utilizada para reprimir a quienes se manifiestan en contra de decisiones de esos políticos que pueden considerar injustas, inadecuadas o ilegales. Y eso es lo que ayer se hizo». Tras ese comunicado, Jupol realizó un pronunciamiento en el mismo sentido, muy crítico con el uso de gases en las protestas de Ferraz. Un portavoz de esa central sindical responsabilizaba a los mandos políticos del caos generado.

La asociación denunciante presenta al Juzgado tres vídeos en los que «se comprueba la desproporcionada actuación policial», que «ha sido criticada rotundamente, por voces muy autorizadas, en distintos medios de comunicación».

Contra los protocolos

En la extensa denuncia apuntaban que «tristemente», la sala de coordinación de mando, a cuyo frente se sitúa el delegado de Gobierno, «contravino los protocolos de actuación» por la «utilización de gas lacrimógeno”.

En este sentido recuerdan que la normativa internas de los agentes estipulan claramente que el uso de estos gases lacrimógenos «no está permitido frente a meras aglomeraciones de personas», sino sólo ante agresiones «violentas» a la fuerza interviniente. Añaden que ese material sólo puede ser empleado «para situaciones de emergencia».

En concreto los utilizados el día de autos, «fumígenos ATF de ocultación y gases ATL lacrimógenos, tienen un carácter lesivo -que puede provocar problemas de salud en personas con antecedentes respiratorios», y hace que estén «extremadamente restringidos a ciertos casos».

En consecuencia, se considera que los hechos son constitutivos del delito de «disolución ilegitima de una reunión pacífica, de prevaricación por dictar desde la Administración una resolución a sabiendas de su injusticia», delito de «lesiones», por los afectados que «precisaron de asistencia médica», y delito de «tortura y contra la integridad moral, al haber utilizado la fuerza de manera desproporcionada para reprimir una concentración convocada legalmente y desarrollada de manera pacífica».