El fiscal general impone la censura en el Consejo Fiscal e impide un informe sobre la Ley de Amnistía

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, impide al Consejo Fiscal redactar un informe jurídico sobre la Ley de Amnistía que Pedro Sánchez ha pactado con el separatismo. Seis de los 12 vocales que componen el Consejo Fiscal han estimado necesario un pronunciamiento técnico sobre la ley, que ha iniciado ya su tramitación parlamentaria. Sin embargo, Álvaro García Ortiz se ha mostrado contrario y rechaza analizar jurídicamente el texto al tratarse de una proposición de ley, es decir, registrada por los grupos parlamentarios -en este caso, el PSOE- y no por el Gobierno.

La Asociación de Fiscales (AF), que cuenta con mayoría dentro del Consejo Fiscal, pidió someter a estudio la amnistía el pasado mes de noviembre. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal señala en su artículo 14 que el Consejo Fiscal debe informar sobre los proyectos de ley o normas reglamentarias que afecten a la estructura, organización y funciones del Ministerio Público. A estos efectos, el Consejo Fiscal deberá emitir el informe correspondiente en el plazo de treinta días hábiles que podrían reducirse a quince si se solicita con urgencia.

Es importante recalcar que la amnistía se ha tramitado como proposición de ley -en vez de como proyecto de ley- para acelerar su aprobación en las Cortes y esquivar los informes consultivos. En este sentido, el Consejo Fiscal no tiene que hacer un informe jurídico obligatorio sobre la ley, pero así lo han reclamado la mitad de los fiscales debido a la relevancia del texto.

Sin embargo, desde la Fiscalía General se han opuesto a redactar este informe. García Ortiz ha argumentado su decisión en que un informe sobre una proposición de ley queda fuera de las competencias del Consejo Fiscal.

«La fórmula de tramitación elegida por los impulsores de esta proposición de Ley Orgánica precisamente eso es lo que busca: que la misma no quede expuesta al preceptivo informe del Consejo Fiscal pese a la flagrante quiebra de la separación de poderes que subyace en ella al relegar el Poder Judicial, en que el Ministerio Fiscal se encuentra integrado con autonomía funcional, impidiendo que cumpla sus funciones constitucionales por la necesidad del ejecutivo y la conveniencia de los principales beneficiados por la amnistía», señalan desde la Asociación de Fiscales (AF).

Amnistía sin control consultivo

Pedro Sánchez y sus socios independentistas han conseguido no someter la amnistía a las consideraciones jurídicas de los expertos que componen las instituciones del Poder Judicial. Lo han hecho tramitando el texto como proposición de ley, lo que conlleva que no sea obligatorio que organismos consultivos tengan que pronunciarse sobre ella.

Además del Consejo Fiscal, tampoco elaborará un dictamen el Consejo de Estado, máximo órgano de consultivo del Gobierno.

La tramitación como proposición tampoco hace necesario que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronuncie jurídicamente sobre la amnistía. No obstante, la mayoría del Partido Popular en el Senado ha solicitado al CGPJ que redacte un informe jurídico sobre la ley, que se hará público a finales de enero. Los vocales Wenceslao Olea y Carmen Cabrejas serán los ponentes del texto solicitado por la Cámara Alta durante la tramitación parlamentaria de la amnistía.

Silencio del fiscal general

La Fiscalía General del Estado también se ha negado a aprobar una declaración institucional sobre la amnistía, como le pidieron desde la AF. Álvaro García Ortiz ha motivado su decisión en que un pronunciamiento sobre la amnistía implicaría intervenir en un debate político.

Pero no es la primera vez que el fiscal general del Estado guarda silencio sobre la amnistía. Ya se negó a posicionarse sobre este texto durante el último congreso de la AF, celebrado en Jerez el pasado mes de noviembre, algo que motivó que la asociación mayoritaria en la carrera fiscal pidiera su dimisión.

García Ortiz rechazó entonces dimitir alegando que estaba en funciones. Ahora que ha sido ratificado en el cargo, también descarta apartarse, a pesar de que el CGPJ le ha declarado «no idóneo» y el Tribunal Supremo le ha señalado por «desviación de poder» en el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala.