"El éxodo vasco como consecuencia de la persecución ideológica"

Un informe cifra en 180.000 los vascos exiliados: el equivalente a todos los habitantes de San Sebastián

vascos exiliados
María San Gil, Carlos Urquijo, José Luis Orella y Alejandro Macarrón.
Paula Baena

Alrededor de 180.000 vascos, el equivalente a toda la población de la ciudad de San Sebastián, se han exiliado a causa del terrorismo de ETA desde 1976 hasta la actualidad, según concluye el informe «El éxodo vasco como consecuencia de la persecución ideológica» elaborado por el Centro de Estudios, Formación y Análisis Social del CEU-CEFAS.

El estudio calcula que el País Vasco ha perdido en torno al 9% de la población por «razones políticas» lo que, en la práctica, «implica una pérdida demográfica adicional de varias decenas de habitantes más, que son los hijos o incluso los nietos que habrían tenido en el País Vasco muchos de los que se fueron». «La impunidad de los asesinatos de ETA, amparadas por el silencio en la calle y los comentarios favorables de los simpatizantes de los demás partidos, será la causa principal del inicio del éxodo», apunta el informe que ha presentado este miércoles María San Gil junto a sus autores, José Luis Orella, Alejandro Macarrón y Carlos de Urquijo.

Este último ha lamentado que el foco mediático se ponga estos días en la compra de votos que se ha producido en Melilla o en Mojácar mientras se ignora que «llevamos 45 años con unas elecciones amañadas en el País Vasco».

El texto subraya la «decepción» que existe con el Gobierno vasco por su «nula atención» a la situación y necesidades de las víctimas del terrorismo y demás personas exiliadas, que «contrasta con la dispensada a descendientes de vascos residentes fuera de España por causas ajenas al terror (emigración económica a América fundamentalmente), los cuales tienen derecho a voto en las elecciones vascas, según el artículo 7.2 del Estatuto de Guernica».

María San Gil ha criticado que «mientras 180.000 vascos han tenido que irse al exilio, los asesinos van en las listas electorales», en referencia a los 44 condenados por pertenencia a ETA, siete de ellos con delitos de sangre, que Bildu ha metido en sus listas para las elecciones municipales del País Vasco y Navarra del próximo 28M.

«Hemos vivido y seguimos viviendo en el País Vasco una anormalidad democrática, la democracia nunca ha sido plena ni real», ha lamentado la ex presidenta del PP Vasco, quien ha criticado que el Gobierno Vasco no haya hecho «nada» para favorecer el retorno de los exiliados.

En este sentido, el informe señala que «pese a haber desaparecido la expresión más violenta del nacionalismo, el Gobierno autonómico liderado por el PNV no ha creado las condiciones -educativas, lingüísticas y sociales- para facilitar su retorno, en realidad los quieren fuera para consolidar, sin estorbo alguno, su proyecto excluyente».

El documento ahonda en que las «elecciones desarrolladas en el País Vasco desde el año 1978 nunca se han realizado dentro de los estándares democráticos». «Los resultados han estado, también actualmente, condicionados por la falta de libertad, la persecución y la amenaza. Estas circunstancias han impedido que las alternativas no nacionalistas puedan competir en igualdad de condiciones. No han podido hacer campañas con normalidad, ni disponer de candidatos autóctonos o contar con interventores y apoderados. El censo ha sido alterado, con carácter definitivo, por el terrorismo de ETA y la presión nacionalista», señala.

«EH Bildu se ha convertido junto a ERC en partidos de gran protagonismo político por la dependencia de la coalición PSOE-Unidas Podemos en el ejecutivo nacional. Por el contrario, la salida de un 10 % de la población total del País Vasco por motivos de discriminación y amenazas, no ha sido reconocida, ni integrada, favoreciendo de esa forma la eliminación de la pluralidad política vasca. La consecuencia es la consolidación de la comunidad vasca como un elemento nacional con derecho a un proceso de autodeterminación, a costa de una parte de la sociedad vasca, impulsada a un exilio permanente, por el contexto discriminador creado por unas instituciones autonómicas ideologizadas», concluye.

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