Ayuso limpiará de carga ideológica y fallos técnicos las leyes LGTBI y Trans de Madrid

El Gobierno de la Comunidad de Madrid quiere mejorar las leyes LGTBI y Trans de la Comunidad de Madrid limpiándolas de carga ideológica y suprimiendo fallos técnicos pero, en ningún caso, derogarlas ni que estos colectivos retrocedan en derechos, como está jaleando la izquierda en una campaña para atacar a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Aunque Vox, socio presupuestario del Ejecutivo, sí aboga por suprimir esas dos leyes (la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación y  la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual), el Gobierno de Ayuso ha dejado claro que su intención no es en ningún caso derogarlas, sino mejorar sus defectos.

En este sentido, desde la Puerta del Sol consideran que se trata de dos textos «muy barrocos» que contienen incluso artículos que «no son realmente artículos de una norma, sino que son declaraciones que no tienen contenido legislativo».

El preámbulo, por ejemplo, de la Ley Trans señala que «la libre determinación del género de cada persona ha de ser afirmada como un derecho humano fundamental, parte inescindible de su derecho al libre desarrollo de la personalidad», pero, lo cierto es que ni es un derecho humano fundamental ni las comunidades autónomas tienen potestad para establecer este tipo de derechos.

Las leyes incluso hacen referencia a «dos importantes sentencias» del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) atribuyendo a las mismas resoluciones, pero sin especificar a qué fallos se refiere exactamente.

«La definición del sexo-género de una persona va mucho más allá de la apreciación visual de sus órganos genitales externos en el momento del nacimiento, y –como estableció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tras una decisión adoptada por unanimidad, en dos importantes sentencias de 2002– no es un concepto puramente biológico, sino, sobre todo, psicosocial», señala el preámbulo de la Ley  2/2016, de 29 de marzo.

Tal y como ha podido saber este periódico, expertos juristas del Gobierno de la Comunidad de Madrid ya estudian las leyes para ajustar a derecho la redacción de esos textos, promulgados por el Partido Popular en la época de la ex presidenta de la región Cristina Cifuentes.

Además, otro de los aspectos más controvertidos de las leyes radica en la inversión de la carga de la prueba que contemplan ambas normativas. Es decir, que en virtud de esta legislación «corresponde a aquel a quien se atribuye la conducta discriminatoria, la aportación de justificación probada objetiva y razonable de las medidas adoptadas».

De esta forma, si una persona denuncia en procesos autonómicos haber sufrido discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género aportando «indicios razonables, fundamentados y probados por cualquier medio de prueba admitido en derecho», será el acusado de realizar esa presunta conducta discriminatoria quien tenga que demostrar que no la realizó mediante «la aportación de justificación probada objetiva y razonable de las medidas adoptadas».

Esta inversión de la carga de la prueba, contraria al derecho penal español, donde es quien acusa el que debe demostrar la culpabilidad y no al contrario -presunción de inocencia- y además impera el principio in dubio pro reo (en caso de duda, a favor del acusado), es uno de los extremos que más preocupan a la presidenta que ha afirmado que ve «mal» esos artículos.

«Veo bien corregir leyes que de manera desproporcionada dejan indefensos a hombres y mujeres frente a los juzgados», ha llegado a afirmar Ayuso en sede parlamentaria, donde también ha acusado a la izquierda de tratar de «colectivizar y politizar» a las personas LGTBI.

En este contexto, el próximo 16 de diciembre la proposición de Ley Integral de Igualdad y no Discriminación, que incluye la derogación completa de estas dos leyes, registrada por Vox en la Asamblea de Madrid el pasado mes de octubre llega al Pleno para su toma en consideración, lo que significa que se decidirá si continúa o no los correspondientes trámites para su eventual aprobación.