Madrid

Ayuso aplaude a jueces y fiscales: «Están a la altura del desafío al Estado de derecho que vive España»

Los fiscales del Supremo han propuesto investigar por terrorismo a los procesados de Tsunami

La presidenta madrileña ha celebrado que aún haya "instituciones no colonizadas por Sánchez"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aplaudido que jueces y fiscales estén «a la altura del desafío al Estado de Derecho que vive España». Así se ha pronunciado este martes, cuando una mayoría de la Junta de Fiscales de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha concluido que aprecia delitos de terrorismo en el caso de Tsunami Democràtic. Tal y como adelantó este lunes OKDIARIO, 11 de los 15 fiscales que componen ese órgano han considerado que existen indicios de delitos contra los aforados imputados en el caso Tsunami, Carles Puigdemont y Ruben Wagensberg.

«La separación de poderes, las instituciones no colonizadas por Sánchez, la UE, la prensa libre y la dignidad de todos los españoles son la garantía», ha escrito la presidenta madrileña en sus redes sociales.

Doce de los 15 fiscales han doblado el pulso a Álvaro Redondo, el fiscal encargado de elaborar el borrador y que cambió de criterio al escribir un segundo informe tras reunirse con el fiscal general del Estado.

La reunión ha estado presidida por Fidel Cadena –uno de los fiscales de la causa del procés en el Supremo– y Joaquín Sánchez-Covisa. Sobre la mesa ha estado el informe del fiscal Álvaro Redondo, según el cual no había indicios suficientes para imputar a Puigdemont por su implicación con Tsunami, al tiempo que descarta que los hechos analizados se encuadren en el tipo penal del delito de terrorismo.

La junta ordinaria de fiscales del Supremo se ha celebrado, como es habitual, el martes. Han estado presentes los 15 fiscales convocados en una cita «histórica» para la Fiscalía, según han calificado varias fuentes judiciales. Han estado otros de los fiscales del procés, como Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal. Redondo ha defendido su propuesta en una reunión que se ha alargado más de lo previsto, desde las 10.00 hasta las 14.00 horas. Se ha tratado de una reunión muy tensa. La mayor parte de los participantes discrepaban de las conclusiones alcanzadas por Redondo, miembro de la Asociación de Fiscales. Se trata de una agrupación de fiscales muy crítica con Álvaro García Ortiz y su posición con respecto al Gobierno de Pedro Sánchez y la Ley de Amnistía.

El segundo informe de Redondo no compartía la exposición razonada del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, enviada al Supremo pediendo al alto tribunal investigar a Puigdemont, al diputado autonómico Rubén Wagensberg –ambos aforados– y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, entre otras personas, por presuntos delitos de terrorismo.

El fiscal apuntaba que, si bien el Supremo es el tribunal competente para conocer las conductas delictivas que se atribuyan a Puigdemont y Wagensberg, en este caso creía que el juez instructor «debe continuar las investigaciones, al no concurrir indicios racionales de criminalidad en este momento procesal que justifiquen la elevación de la causa a la Sala de lo Penal del TS en relación con los referidos señores». A su juicio, los indicios recabados «resultan demasiado abiertos».

En particular, comenta los indicios indicados por García-Castellón contra Puigdemont, tales como conversaciones con un empresario en las que «se hace alusión directa a Tsunami como herramienta para la consecución de la independencia»; otras de su jefe de gabinete, Josep Lluis Alay, con otro empresario; las reuniones en Ginebra de partidos y entidades soberanistas con la presencia del entonces president; o su «impulso directo» a campañas en redes sociales.