La urbanización de Iglesias maniobra para conseguir ser legal tras 33 años de irregularidad

La urbanización de lujo de Pablo Iglesias e Irene Montero ha dado nuevos pasos para legalizar su situación jurídica tras 33 años de irregularidades. Tal como avanza OKDIARIO, el Ayuntamiento de Galapagar ha aprobado por unanimidad en su pleno la denegación de las alegaciones presentadas por algunos propietarios y la aprobación definitiva de los estatutos que regularán la entidad urbanística de conservación, un trámite que lleva sin realizarse desde 1991. Ahora queda por saber si la Comunidad de Madrid acepta esta «chapuza administrativa sideral», a juicio de las fuentes de este periódico.

La situación de irregularidad de la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación Riomonte de Galapagar ha sido una constante desde su creación en 1978. Según consta en los documentos municipales, los estatutos «llevan dando vueltas por este ayuntamiento desde el 1991», como señaló un concejal durante el pleno municipal, quien defendió la necesidad de «dar una cierta seguridad jurídica a todos los vecinos que viven en esta zona de Galapagar».

El proceso de regularización no ha estado exento de controversia. Tras la aprobación inicial de los estatutos, se presentaron seis alegaciones por parte de propietarios afectados, todas ellas desestimadas tras el informe de la Junta de Gobierno de la entidad urbanística, que consideró que no procedía atender ninguna de las reclamaciones.

El 3 de enero de 2025, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicó la aprobación inicial de la constitución y proyecto de Estatutos que regularán la composición y funcionamiento de la Entidad Urbanística de Conservación, tras el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en noviembre de 2024. Este documento detalla la naturaleza, fines, derechos y obligaciones de los miembros de la entidad, así como sus órganos rectores y su régimen económico. El chalet de Iglesias y Montero es la cuarta mayor propiedad de entre las 120 que intengran esta urbanización. No obstante, no se publica el criterio que determina esos coeficientes.

Los vecinos se quejan de que se han tenido en cuenta unos terrenos que no deberían formar parte de la urbanización, lo que les ha perjudicado. Les hace perder participación en el nuevo ente y, por tanto, pierden derechos. Confían en que la Comunidad de Madrid sí acepte sus alegaciones y no den el visto bueno a este embrollo jurídico. Recuerdan que hace escasos meses la administración de esa urbanización aseguraba que era completamente inviable constituirse como Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación.

La falta de registro oficial de la entidad urbanística había sido confirmada previamente a este periódico por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. En un certificado emitido por el jefe de área de Régimen Jurídico, se recogía que «consultados los antecedentes obrantes en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación Riomonte de Galapagar no consta en dicho Registro».

Esta situación implicaba que, legalmente, la mancomunidad de propietarios no existía, ya que, según la normativa, «las entidades urbanísticas colaboradoras, de conformidad con lo dispuesto el Real Decreto de Reglamento de Gestión Urbanística, en relación con la Ley de Suelo, adquieren personalidad jurídica a partir de su inscripción en el correspondiente registro».

Según los estatutos ahora aprobados inicialmente, la Entidad Urbanística se define como una «entidad urbanística de derecho público y de naturaleza administrativa de adscripción obligatoria y personalidad jurídica propia y plena capacidad legal para el cumplimiento de sus fines». El documento establece que su duración «por su naturaleza, será indefinida, y mientras se justifique su existencia para el cumplimiento de sus fines».

«Y hasta ahí voy a decir…»

Durante el debate en el Pleno municipal, se destacó el largo periodo de inactividad registrado entre asambleas generales. Como señaló uno de los concejales: «Me resulta muy extraño que desde la asamblea general del 30 de noviembre de la comunidad de Riomonte de 2018 hasta la asamblea general celebrada el 2 de marzo del 2024 no se haya tocado el tema de la regularización de entidad urbanística, y que esta última se hubiera hecho a requerimiento del Ayuntamiento. Y hasta ahí voy a decir…».

La entidad se encargará en teoría a partir de ahora de mantener el alumbrado, las calles, jardines y gestionar bienes de uso común de los propietarios –algunos han pasado a ser propiedad del padre del torero José Tomás–, incluyendo un club social, pistas deportivas y una piscina comunitaria. Todos los grupos políticos municipales votaron a favor de la aprobación definitiva de los estatutos, todo con el pretexto de «dar seguridad jurídica a los vecinos y vecinas de Riomonte».

Entre ellos, la candidata de Podemos a las próximas elecciones generales, Irene Montero, y su pareja, Pablo Iglesias. Ahora ellos verán revalorizada su propiedad tras ser legalizada en lo referente a su encaje en una entidad urbanística propia. Los dirigentes de Podemos compraron su caspolón en 2018, por lo que ya han pasado 7 años y tendrían cerca de una tercera parte de la hipoteca amortizada. A él se le ve más por la zona en los últimos meses una vez que Montero es eurodiputada y debe atender sus obligaciones en Bruselas y Estrasburgo.

«Carpetazo»

Otro aspecto destacado durante el Pleno de Galapagar fue la recepción del alumbrado público y del alcantarillado por parte del Ayuntamiento sin ser entidad urbanística. Según se mencionó, la secretaria del Consistorio «da carpetazo al asunto admitiendo, firmando la recepción el 17 de febrero de 2017 y volviéndose a ratificar por la misma secretaria el 3 de octubre del 2019». Décadas después de la construcción se trata de dar una capa de legalidad al asunto.

Es significativo que esta normalización jurídica llegue después de que en 2019 se conociera que la situación irregular de la urbanización estaba causando problemas a varios vecinos. En aquellas fechas, un afectado denunció «la falta de naturaleza jurídica de la entidad, de su falta de capacidad de actuaciones públicas y otras presuntas irregularidades», ante lo cual el entonces concejal de Urbanismo indicó que era «un pequeño error administrativo sin importancia».

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) recoge un detallado listado de las 120 parcelas que componen la urbanización, con sus respectivos coeficientes de participación, que van desde el 0,41% hasta el 2,37% del total. Esta información es clave para establecer la contribución de cada propietario a los gastos comunes de la entidad. Iglesias y Montero comparten la cuarta propiedad más grande de la entidad urbanística creada.

En un giro que parece sacado de un laberinto burocrático, la urbanización que ha funcionado durante más de tres décadas en un limbo legal, pretende lograr su regularización. Como colofón a esta historia, resulta paradójico que una zona residencial asociada a figuras que han defendido la estricta aplicación de las normativas, haya permanecido tanto tiempo al margen de las mismas, recordando que incluso las urbanizaciones más exclusivas pueden navegar durante décadas en aguas administrativas turbias.