El secretario de la asociación Justitia et Veritas trabajó para un capo de los cárteles colombianos

El secretario de la Asociación Justitia et Veritas, el abogado colombiano José Orlando Espejo Barona, fue durante años letrado y colaborador de Víctor Patiño Fómeque, uno de los capos más temibles de los carteles de Cali y del Norte del Valle, según confesó el mismo narcotraficante a los agentes de la DEA, la agencia antidroga norteamericana cuando fue extraditado por Colombia a Estados Unidos en 2002.

La revista colombiana Semana, en una información publicada a finales de ese año, señalaba que Patiño había reconocido ante los agentes de la DEA el pago de sobornos a funcionarios y autoridades colombianas. El capo del narco afirmaba: “Mi abogado, José Orlando Espejo Barona, se encarga de los sobornos de la Fiscalía, mientras que un antiguo coronel de la Policía, Danilo González, se encarga de los sobornos que se pagan a la Policía”.

El letrado colombiano se afincó después en Madrid donde posee un despacho profesional y, tras conocer a Antonio Alberca, constituyó junto a él y su esposa la Asociación Justitia et Veritas. La entidad fue constituida el 1 de enero de 2011 e inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones (RNA) tres meses después. Orlando Espejo Varona figura en sus escrituras como secretario, Antonio Alberca como presidente y la esposa de éste, la letrada mexicana Mayra Cecilia Rubio Espíritu como tesorera. Según el registro, la asociación tenía su domiciliada en el mismo despacho profesional de Alberca, en la calle Fernando el Santo de Madrid.

Por tanto, como destaca un ex colaborador de Justitia et Veritas, la asociación funciona como “un chiringuito fantasmagórico que cubre los intereses personales y económicos del matrimonio”. Se trata de una extraña asociación plenamente controlada por Alberca & Rubio Abogados, como la esposa de Alberca nombra a su despacho en su cuenta de la red social Linkedin. La organización también está siendo utilizada por algunos de clientes del bufete como el comisario de policía Martín Blas, señalado como uno de los máximos exponentes de las conocidas como cloacas de Interior.

Alberca, en nombre de la Asociación, ha denunciado en los tribunales, a políticos como Uxue Barkos o José Bono y a acreditados profesionales del periodismo de investigación, pero sus iniciativas judiciales siempre han sido desestimadas, archivadas o derrotadas en los tribunales.

Uno de sus ex jefes señaló a OKDIARIO que, mientras trabajó para él, “demostró ser un abogado mediocre”. Otro ex compañero del sindicato Manos Limpias, al que perteneció Alberca, lo calificó de “raro, extraño y pesetero”.

OKDIARIO mantuvo el pasado miércoles una conversación con Alberca para aclarar el papel que Espejo Barona desempeñaba en la Asociación pero, finalmente, el diálogo discurrió por derroteros surealistas. La reproducción es literal:

M. Cerdán (C).- ¿En su asociación sigue estando de secretario José Orlando Espejo Barona?

A. Alberca (A).- Pues no, ¿por qué?

C.- Porque aparece en el registro como secretario.

A.- No, no. Pero bueno. ¿Qué, me vais a preparar un reportaje sobre eso?, pues haced lo que queráis. No me vais a intimidar.

C.- Es información. ¿Cómo le voy a intimidar, pero es que…?

A.- Haced lo que queráis y creáis oportuno. ¡Vale!..

C.- ¡Oye!

Y Alberca colgó de repente el teléfono.

Justitia et Veritas así mismo ha ejercido la acción popular en los tribunales en numerosos asuntos de corrupción con resultados poco gratificantes. En esa excentricidad por figurar en procesos de repercusión mediática, Alberca fue denunciado por Manos Limpias por una falta grave en el ejercicio de la profesión al compatibilizar la defensa del ex presidente balear Jaume Matas mientras el sindicato, al que él pertenecía, actuaba como acusación en el caso Nóos. Significaba una situación verdaderamente estridente que nadie entendía: ser acusación y defensa en una misma causa.

Contra la corrupción desde las sombras

Justitia et Veritas presenta en sus estatutos unos fines muy ambiciosos: “El estudio, divulgación y defensa de valores de comportamiento derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, promoción de valores de transparencia, honradez e integridad en la vida pública española, salvaguarda de principios de legalidad, seguridad jurídica, igualdad y separación de poderes y defensa de la acción popular”.

Sin embargo, su presidente, Antonio Alberca Pérez, desde el ejercicio de la abogacía, no aparenta ser un ejemplo de tales virtudes. Su trayectoria profesional está jalonada por casos y clientes relacionados con la corrupción, el narcotráfico, el terrorismo yihadista, las cloacas policiales y el genocidio. Por tanto, los principios fundamentales de Justitia et Veritas de “promoción de valores de transparencia, honradez e integridad en la vida pública” no parece que estén bien representados.

El despacho Alberca & Rubio Abogados se atribuye la condición de colaborador de organismos no gubernamentales de Derechos Humanos. Su socia y esposa, Rubio Espíritu, se presenta así mismo como especialista en materia de Extranjería y Derechos Humanos y como colaboradora de la sección Consular de México en España.

Sin embargo, Alberca y su bufete defienden a los militares salvadoreños acusados de asesinar en 1989 a Ellacuría y otros jesuitas. El letrado experto en DDHH es el defensor del ex viceministro de Defensa de El Salvador que acaba de ser extraditado a España desde Estados Unidos para ser juzgado en la Audiencia Nacional.

Alberca declaró al Diario Jurídico de México que los genocidas salvadoreños estaban siendo acusados “injustamente” por el asesinato de los religiosos españoles. Al mismo tiempo, daba lecciones de cómo debían actuar los abogados: “No deben jamás entrar y saltar la línea roja, ni formar parte de alguna organización criminal, ni cometer delito junto con su cliente”.

El letrado de Justitia et Veritas es también el abogado del ex comisario de policía Martín Blas. El ex jefe de Asuntos Internos ha sido considerado por compañeros del Cuerpo como uno de los máximos exponentes de las denominadas “cloacas de Interior”. Su guerra contra el también comisario José Villarejo puso de relieve el funcionamientos de las alcantarillas del poder.

En las líneas programáticas de Justitia et Veritas también se refiere a la honradez de la vida pública española, pero Alberca nunca dudó en asumir en 2011, al mismo tiempo que constituía la Asociación, la defensa del ex presidente balear Jaume Matas, condenado por el caso Arena Palma y otros asuntos de corrupción política.

Agradecidos con un terrorista del 11-M

La defensa de Matas no era una decisión contradictoria pues ya se había puesto la toga para defender al marroquí Rafa Zouier, que fue condenado a diez años y expulsado a Marruecos por el atentado del 11-M. Estaba acusado de ser el intermediario en la venta de explosivos entre Suárez Trashorras y el terrorista El Chino. Alberca dejó boquiabiertos a los asistentes al juicio del mayor atentado cometido en Europa cuando en una de las sesiones manifestó: “Gracias a gente como Rafa Zouier podemos dormir tranquilos. No tiene una deuda con la sociedad; la sociedad tiene una deuda con él”.

La que no tiene ninguna deuda con Alberca es la mujer de Zouier, que sigue viviendo en España y que prescindió de sus servicios tras la expulsión de su pareja a Marruecos. La esposa del activista islamista tiene tal concepto de Alberca que sus palabras no pueden reproducirse en esta información.

Entre los postulados de Justitia et Veritas destacan la defensa de los derechos fundamentales pero a Alberca se le ha olvidado incluir el derecho a la libertad de expresión y de información. El abogado y su Asociación defendieron sin fundamento la personación ante un juez de seis periodistas en calidad de imputados: Eduardo Inda, director de OKDIARIO; Esteban Urreiztiera, responsable de investigación de El Mundo; Sandra Fernández, directora de “Un Tiempo Nuevo” de Telecinco; Pedro Revaldería, consejero delegado de Mandarina Producciones; Santiago Botello, presidente de la misma productora y Manuel Rico, director de Infolibre. El abogado pretendía que la policía registrara e interviniera documentos en los despachos profesionales de los periodistas.

También tuvieron gran relevancia mediática los patinazos jurídicos de Alberca contra el ex presidente de Castilla La Mancha y del Congreso, José Bono, y contra la política navarra Uxue Barkos. En el caso de la presidenta de Navarra, a la que acusaba de cobrar irregularmente dietas en el Ayuntamiento de Pamplona del que había sido concejal mientras era diputada en Madrid, presentó un escrito de acusación con infinidad de errores.

Alberca daba por hábiles jornadas que eran festivas o en las que el Congreso estaba cerrado. Eran el caso de las fechas del 25 de febrero, 15 de abril y el 24 de junio de 2010, en las que no hubo plenos ni comisiones. Incluso aseguraba que el pleno se había reunido el 15 de mayo de 2012, cuando era la festividad de San Isidro y, por lo tanto, una jornada no lectiva en Madrid.