Adiós a las etiquetas de la DGT: lo que va a pasar a partir de ahora

Con el avance de la movilidad sostenible y el impacto cada vez más evidente de las emisiones de gases contaminantes en la calidad del aire y la salud pública, se ha reabierto el debate sobre la eficacia de las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT). La clasificación vigente, que categoriza a los vehículos en función de su tecnología de propulsión, ha sido hasta ahora una herramienta clave para aplicar restricciones de circulación en zonas de bajas emisiones y fomentar el uso de modelos más limpios.

Sin embargo, la creciente conciencia sobre la contaminación generada por algunos modelos etiquetados como «verdes» ha puesto en evidencia algunas carencias del sistema actual. El Gobierno, en respuesta a esta preocupación y bajo la presión de diversos grupos parlamentarios como Sumar, ERC, Bildu y BNG, ha decidido iniciar un proceso de revisión. A través de una enmienda transaccional introducida en la Ley de Movilidad Sostenible, se establece la obligación de presentar un estudio en el plazo de un año, con el fin de replantear los criterios de asignación de etiquetas medioambientales. La gran novedad es que, por primera vez, se considerará de forma explícita la emisión de dióxido de carbono (CO2) como criterio adicional.

El Gobierno revisará las etiquetas de la DGT

Actualmente, la DGT clasifica los vehículos en cinco niveles: sin distintivo, B, C, ECO y Cero emisiones. Esta escala tiene como base el tipo de tecnología empleada, priorizando los modelos que incorporan motores eléctricos o sistemas de hibridación. Sin embargo, uno de los principales problemas de esta clasificación es que algunos vehículos con etiqueta ECO o incluso Cero pueden seguir emitiendo niveles significativos de gases contaminantes, especialmente en determinadas condiciones de uso.

Por ejemplo, los híbridos enchufables (PHEV) con autonomía eléctrica limitada, que suelen llevar la etiqueta ECO, pueden funcionar la mayor parte del tiempo con el motor de combustión interna si el usuario no recarga la batería con frecuencia. Del mismo modo, algunos modelos con etiqueta Cero que ofrecen una autonomía eléctrica superior a 40 kilómetros pueden también emitir contaminantes cuando operan fuera de esa autonomía o si se utiliza el sistema eléctrico de forma ineficiente.

La futura revisión, según el texto legislativo, deberá tener en cuenta la «evolución tecnológica del parque de vehículos» y «las deficiencias detectadas en materia de contaminantes», así como la necesidad de garantizar que los distintivos reflejen de forma precisa el impacto ambiental real de cada modelo. Esto supone un giro en la filosofía de clasificación, que pasará de centrarse únicamente en la tecnología hacia una evaluación más exhaustiva del comportamiento ambiental global del vehículo.

La inclusión del CO2 como nuevo parámetro podría tener consecuencias notables para muchos usuarios. Vehículos que actualmente gozan de ventajas fiscales y de circulación por llevar etiquetas ECO o Cero podrían perder esos beneficios si se demuestra que sus emisiones reales son elevadas. Esto podría generar cierta incertidumbre en el mercado de segunda mano e influir en las decisiones de compra de nuevos automóviles.

El estudio lo desarrollará un grupo de trabajo interministerial, en el que participarán los ministerios de Transportes y Movilidad Sostenible, Interior, Transición Ecológica, Industria y Turismo, Economía, Comercio y Empresa. Además, se prevé la consulta a las comunidades autónomas, lo que permitirá tener en cuenta las particularidades de cada territorio, especialmente en lo que respecta a la aplicación de zonas de bajas emisiones en ciudades con diferentes niveles de contaminación.

La decisión también podría suponer una revisión de las ayudas públicas al sector de la automoción. Programas como el Plan MOVES, que subvenciona la compra de vehículos eléctricos o híbridos, podrían adaptarse para priorizar aquellos modelos con menores emisiones reales y no solo en función de su tecnología nominal. Esto favorecería a los fabricantes que apuesten por sistemas más eficientes y penalizaría a quienes mantengan estrategias de «greenwashing» tecnológico.

También está sobre la mesa la posibilidad de integrar sistemas de medición en tiempo real o pruebas de emisiones en condiciones reales de conducción (como el protocolo WLTP) para definir la asignación de etiquetas. Esto permitiría reducir la discrepancia entre los datos homologados y el comportamiento efectivo del vehículo en entornos urbanos y de alta demanda energética.

Desde las asociaciones ecologistas se valora positivamente esta iniciativa, al considerarla un paso necesario para alinear las políticas de movilidad con los objetivos de reducción de emisiones y mejora de la calidad del aire. No obstante, también advierten que la revisión deberá acompañarse de una comunicación clara hacia la ciudadanía y de medidas transitorias que eviten penalizar injustamente a quienes adquirieron sus vehículos confiando en el sistema actual.

En definitiva, el Gobierno se enfrenta al reto de actualizar una herramienta clave para la transición ecológica. La revisión de las etiquetas medioambientales de la DGT puede ser el primer paso hacia una movilidad verdaderamente sostenible, basada no sólo en la innovación tecnológica, sino también en la transparencia y el rigor científico.