Querella contra el PSOE de Castilla-La Mancha por amañar el mercado del agua para legalizar 2.760 pozos

La querella presentada contra varios cargos de la administración socialista castellano-manchega durante el mandato de José María Barreda, presidente del PSOE de Castilla-La Mancha y de la Junta cuando sucedieron los hechos, deja en evidencia que el gobierno castellano-manchego tuvo que legalizar 2.760 pozos clandestinos. El dato ha sido aportado por un recurso de apelación ante la Audiencia Nacional por los denunciantes de estos hechos. La argumentación fue que se hizo para la recuperación medioambiental de las Tablas de Daimiel pero la consecuencia fue que se sustrajeron 14,5 hectómetros de agua del acuífero 23 Mancha Occidental, con el consiguiente problema para los 3.000 regantes de la zona.

El recurso fue presentado por la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (CAUS) Rus-Valdelobos de Castilla-La Mancha ante la Audiencia Nacional contra un auto de inadmisión de una querella presentada contra varios cargos de la administración socialista castellano manchega durante el mandato de José María Barreda, presidente de Castilla-La Mancha cuando sucedieron los hechos. Entre los querellados están 17 personas, como José Luis Martínez Guijarro, consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha entre 2005 y 2011 y actual vicepresidente de esa autonomía o la vicepresidenta regional entre 2008 y 2011, María Luisa Araujo, que es la actual presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación del Ministerio de Economía y Hacienda.

Las acusaciones contra ellos son las de prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial, fraude a la Administración, un delito continuado de fraude de subvenciones a Hacienda de la UE y a la Hacienda española, desobediencia a la autoridad judicial y malversación de caudales públicos en concurso con administración desleal. Pero la juez de la Audiencia Nacional con el informe favorable de la Fiscalía decretó hace unos días la inadmisión de la querella y tampoco aceptó el consiguiente recurso de reforma. Por tanto, ahora la comunidad de usuarios, que representa a 3.000 agricultores en 29 municipios de Cuenca y Albacete, ha acudido en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que tendrá que resolver si investiga los delitos que se denuncian.

El recurso, al que ha tenido acceso OKDIARIO, destaca que «no se puede obviar que con fines puramente políticos del Gobierno Regional electo de Castilla-La Mancha en ese período, en connivencia con los dirigentes de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, nombrados por el Gobierno central del mismo signo político, todo el volumen de agua adquirida en todas las ofertas públicas fue cedido íntegramente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la regularización de pozos ilegales a través del Centro de Intercambio gestionado por el Consorcio del Alto Guadiana (…) tratándose de captaciones realizadas después de la declaración provisional de sobreexplotación de 1987 y dentro del acuífero 23 Mancha Occidental, a través del Consorcio del Plan Especial del Alto Guadiana».

¿Qué ocurrió en realidad? Según la querella, «se provocó el efecto contrario al recuperación ambiental exigida por la norma, pues al comprar derechos no efectivos, es decir, agua que no se estaba sacando de los acuíferos sobreexplotados, al destinar el 100% de ese volumen adquirido a dar cobertura legal a pozos ilegales que dispusieron de agua de los acuíferos sobreexplotados, se incrementó la presión sobre éstos, agravando aún más el problema medioambiental del estado de los acuíferos y sus espacios naturales (…)».

La Fiscalía, en contra

La querella fue presentada en diciembre de 2022 contra destacados rostros del PSOE de Castilla-La Mancha, pero fue frenada por la Fiscalía, que pidió y consiguió la inadmisión de la causa por parte de la juez de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón.

La Fiscalía Anticorrupción de Luzón informó negativamente sobre la querella presentada contra José María Barreda, presidente de Castilla-La Mancha cuando sucedieron los hechos, y 17 personas más, entre ellos José Luis Martínez Guijarro, consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha entre 2005 y 2011 y actual vicepresidente de esa autonomía. También están señalados en la querella la vicepresidenta regional entre 2008 y 2011, María Luisa Araujo, que es la actual presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación del Ministerio de Economía y Hacienda.

La Fiscalía Anticorrupción recibió el auto de la juez el 25 de enero de 2023  para que informase sobre la denuncia y una semana después, el 3 de febrero de 2023, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, decretó «la asunción de competencias para la intervención de las diligencias previas (…)», al tiempo que designaba una fiscal de su oficina para llevar este asunto. En su decreto, el fiscal jefe Anticorrupción explica que la querella presentada por la citada entidad de derecho público cuantifica el perjuicio que habría sufrido en «en 31,5 millones de euros, así como la existencia de un fraude a los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Europeas con una posible malversación de más de 1.200 millones de euros de fondos europeos». Por tanto, sin dudarlo Luzón asumió este caso para su Fiscalía, por entender que la envergadura de los hechos denunciados eran de su competencia.

Pero apenas un mes después, el 2 de marzo de 2023, la misma Fiscalía Anticorrupción dictaminaba en un informe de menos de cinco folios la respuesta a una querella de más de 300 páginas. En su dictamen asegura, por ejemplo, que «muchas de las alegaciones que se formulan además corresponden a períodos muy lejanos en el tiempo y se trata de forzar en una farragosa y muchas veces incomprensible redacción de los hechos de distinta naturaleza, sin concreción y sin el mínimo estándar fáctico que debe regir una querella penal». Y, en vez de ahondar explica que «la referencia defraudatoria se hace de manera generalista, sin prejuicio de la decisión que se tome por la Fiscalía Europea en el área de sus estrictas competencias». La fiscal añadía que «el derecho penal requiere asimismo la concreción sobre el elemento subjetivo del tipo (…) que no se acierta a encontrar en el complejo relato de hechos que se entremezclan en la querella y que, en todo caso, se aúna reiteradamente a materias de naturaleza contencioso-administrativa».

La querella recoge además que se manipularon demarcaciones administrativas «para así obtener un mayor número de fondos, utilizando como pretexto, una vez más, el estado de conservación del Parque Nacional sobre una zona totalmente desvinculada de la afección sobre éste». Y señala en concreto la zona oriental de la cuenca del río Guadiana, que forma parte del territorio hoy denominado Masa de Agua Rus-Valdelobos, que descarga de manera natural al río Júcar.