Moncloa adjudicó 6 millones a una empresa vinculada a un paraíso fiscal pese a no ser la mejor oferta

El Gobierno de Pedro Sánchez ha otorgado el millonario contrato de servicios tecnológicos y audiovisuales para la presidencia española de la UE a una empresa con matriz en un paraíso fiscal, como informó en exclusiva OKDIARIO, pese a que no fue la mejor oferta que concurrió a la licitación. Según el expediente oficial al que ha tenido acceso este periódico, Moncloa ha adjudicado ese contrato de 6 millones de euros a Production Resource Group S.L. (PRG), vinculada al paraíso fiscal de Delaware (EE.UU.), tras apartar al licitador mejor puntuado. Prescindió de él argumentando que no había acertado a «acreditar la solvencia técnica o profesional», una cuestión formal que puede actuar como exclusión en un concurso público.

El resultado es que el Gobierno ha adjudicado uno de los más cuantiosos contratos de servicios ligados a la presidencia de la UE a una empresa con raíces en un paraíso fiscal y cuya oferta, demás, no solo no era la mejor puntuada en términos globales sino que, específicamente, en el apartado de precio, tampoco era precisamente la más ventajosa. Ha pagado un sobrecoste de casi medio millón de euros respecto a la segunda clasificada que llegó a la final. El contrato ha sido gestionado por el Ministerio de la Presidencia, que dirige el socialista Félix Bolaños.

La filial española de la multinacional del mismo nombre, Production Resource Group (PRG), está gestionada en España por una cúpula de apoderados en la que constan abogados que aparecen en decenas y decenas de sociedades mercantiles.

En esa lista de apoderados solidarios de PRG en España aparecen los siguientes: Francisco Gómez Fructuoso, que también es consejero, apoderado, representante o secretario de otras 99 mercantiles en múltiples provincias españolas; Eduardo Lucas Calderón, socio director del bufete TKL, especializado en derecho mercantil; y dos abogados de la firma DLA Piper, Joaquín Echanove Orbea y Luis Borrero Zorita, especialistas en fusiones, adquisiciones y sociedades. Junto a ellos, figura también como apoderado solidario Theys Xavier Agnes Michel, quien a su vez opera como consultor con otra sociedad limitada, Rock the Desert Spain.

La lista de cargos de la cúpula de Production Resource Group S.L. se completa con el nombre de Natalia Sánchez Torrijos, que figura como apoderada –a secas– desde el pasado 26 de junio. Su perfil es muy diferente al de los antes citados: no consta en ninguna otra sociedad, escasea información pública sobre su trayectoria profesional y las únicas referencias que se pueden obtener en la red Linkedin indican que es autónoma, con perfil de directora financiera y con una experiencia previa como contable en una gestoría de una pequeña localidad madrileña.

Sobreprecio de 457.218 euros

Es decir, el hecho de haber adjudicado a la sociedad limitada Production Resource Group, con matriz en el paraíso fiscal de Delaware, le supondrá a Moncloa un sobrecoste de casi medio millón de euros respecto a la oferta que presentó la compañía que tenía la mejor puntuación, la de One Vite Soluciones Integrales. En concreto, si hubiera optado por esta compañía, Moncloa habría pagado 457.218 euros menos. A Production Resource Group (PRG) le acabará abonando 6,16 millones de euros –5,09 millones más IVA–.

Más aún: Moncloa tuvo opción de adjudicar a otro licitador aún más barato. Se trata de Quality Media Producciones S.L., que cuenta con más plantilla que PRG y con una facturación también más elevada, según las últimas cuentas de resultados que constan en el Registro Mercantil, las de 2021. Quality estaba dispuesta a prestar esos servicios tecnológicos y audiovisuales para los actos de la presidencia española de la UE por 3,85 millones más IVA. Es decir, por un total de 4,6 millones de euros, casi millón y medio menos de lo que el Moncloa pagará a PRG, la empresa vinulada al paraíso fiscal de Delaware.

En el caso de Quality Media Producciones, la mesa de contratación montada al efecto por el Ministerio de la Presidencia consideró que era una oferta excesivamente barata. Es decir, que había incurrido en el supuesto técnico de «baja temeraria» no justificada y que, por tanto, debía ser excluida del procedimiento. Y la eliminó.

Pilotado por una subdirectora general

La presidenta de la mesa de contratación en este caso ha sido Itziar Urbiola Íñiguez, que es la subdirectora general de la Oficina Presupuestaria y de Gestión Económica del Ministerio de la Presidencia, que dirige el socialista Félix Bolaños.

A esta licitación resuelta por Moncloa en favor de una empresa con raíces en un paraíso fiscal concurrieron un total de seis empresas: PRG, One Vite Soluciones Integrales, Quality Media Producciones, Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones, Vodafone España y la unión temporal (UTE) de empresas formada por DITEC comunicaciones y Sono Tecnología Audiovisual.

En las primeras fases de tramitación, los responsables del expediente eliminaron a Telefónica, a Vodafone y a esa UTE. Posteriormente, apartaron por excesivamente barata la oferta de Quality Media. Y, cuando solo quedaban dos, One Vite y PRG, excluyeron a la mejor puntuada y más barata de las dos alegando que no había cumplido las exigencias formales para demostrar su «solvencia técnica o profesional».

Entramado internacional

En la valoración total de ofertas, One Vite había logrado una puntuación total de 82,40 puntos sobre 100, frente a los 69,97 puntos que alcanzó PRG, la firma que finalmente se ha hecho con este millonario contrato adjudicado por Moncloa para la presidencia de turno de la UE que ejerce España en este segundo semestre del año.

PRG, Production Resource Group S.L., pertenece a la multinacional del mismo nombre, cuya matriz está en el paraíso fiscal de Delaware. Como máximo ejecutivo, al frente de su filial española figura Richard Williams, que a su vez es el director gerente de PRG en el Reino Unido y que, de esta forma, ejerce una labor de supervisión global de los intereses empresariales de esa multinacional estadounidense en Europa.