Junqueras contrata a un abogado de criminales de guerra y yihadistas para llevar su caso a la ONU

Oriol Junqueras y los Jordis han contratado a un abogado especializado en defender a criminales de guerra y yihadistas, el británico Ben Emmerson, para llevar su caso ante la ONU como una supuesta «violación de derechos humanos».

Uno de los clientes del abogado Ben Emmerson ha sido el clérigo yihadista Abu Qatada al-Filistini, considerado como el principal líder espiritual de Al Qaeda en Europa. Nacido en Cisjordania en 1960, fue detenido en 2001 en el Reino Unido por sus proclamas radicales en las que justificaba los atentados del 11S y por sus vínculos con una célula yihadista en Alemania.

De hecho, en la vivienda que uno de los pilotos suicidas del 11S, el egipcio Mohamed Atta, poseía en Hamburgo, se hallaron varios vídeos con los sermones y llamadas de Abu Qatada a la «guerra santa». Tras una larga batalla legal, en 2013 fue extraditado a Jordania, donde finalmente ha sido absuelto de los delitos de terrorismo.

Los independentistas suelen mencionar el caso de Kosoko como un proceso modélico de independencia, que aún no ha sido reconocida por países como España. Olvidan mencionar que Kosovo se desgajó de la antigua Yugoslavia como resultado de la guerra de los Balcanes que se saldó con 140.000 muertos y más de cuatro millones de desplazados.

La matanza de Kosovo

Otro de los clientes del nuevo abogado de Oriol Junqueras y los Jordis ha sido precisamente el actual primer ministro de Kosovo, Ramush Haradinaj, que en 2008 fue procesado en la Haya por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), acusado de crímenes de guerra.

A finales de los años 90, Haradinaj fue uno de los principales líderes del Ejército de Liberación de Kosovo (UÇK). Entre otros hechos, se le atribuye la matanza de 39 personas de etnia serbia y albanesa, registrada en Glodjane. Finalmente, fue absuelto por el tribunal internacional por falta de pruebas, después de que nueve de los diez testigos llamados a declarar contra él fueran asesinados. El único superviviente, declinó acudir a declarar tras sufrir un intento de atentado.

El nuevo abogado contratado para «internacionalizar el proceso» independentista de Cataluña, Ben Emmerson, también logró frenar la extradición de Julian Assange a Suecia, donde debía responder de las acusaciones de violación y agresión sexual presentadas contra él por dos antiguas voluntarias de Wikileaks.

Ahora, desde su refugio en la Embajada de Ecuador en Londres, Assange se ha convertido durante meses en uno de los principales propagandistas del proceso de independencia de Cataluña y ha intoxicado a la opinión pública internacional difundiendo fake news como la de la edil de ERC que decía que la Policía le había tocado los pechos y le había «roto todos los dedos uno a uno».

El cuñado del dictador Gadafi

El abogado Ben Emmerson también ha representado a Abdullah Senussi, cuñado del dictador Muamar el Gadafi y antiguo responsable de la inteligencia militar de Libia. Francia le condenó en ausencia en 1999 por su participación en el atentado contra un avión civil en Níger, en el que fueron asesinados 170 pasajeros. En Libia también se le acusa de la muerte de 1.200 presos, en una masacre registrada en la prisión de Abu Salim en 1996.

Por último, Emmerson ha representado a presos de Guantánamo como Moazzam Begg, detenido en Pakistán tras los atentados del 11S, y cuya experiencia personal se narra en el documental Camino a Guantánamo.

Tras su fuga a Bruselas, el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont contrató al abogado Paul Beckaert, especializado en obstaculizar la extradición de terroristas de ETA a España. Ahora, Junqueras y los Jordis han optado por un abogado que lleva una larga trayectoria defendiendo a yihadistas y criminales de guerra, en un nuevo intento de «internacionalizar» el proceso.

«Su detención por España es una afrenta a los derechos humanos, diseñada para evitar que cumplan con su papel de representantes políticos del pueblo catalán», ha declarado este jueves Ben Emmerson sobre sus nuevos clientes españoles, «los gobiernos no pueden reprimir la disidencia política mediante la detención arbitraria».