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Una juez interna en una residencia a una heredera millonaria y pone en riesgo su enorme fortuna

Joana B. T. tiene 69 años, es soltera, sin familia ni descendencia, lo que ha provocado la aparición de llamativos personajes desde que está ingresada en una residencia municipal de Madrid

Un sobrino lejano y un acusado en el caso de la apropiación indebida del dinero de enfermos de Alzheimer han tenido acceso a Joana

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Joana, de 69 años, ha acabado en una residencia tras aparecer un sobrino lejano que ha activado su incapacitación legal.
Alfonso Egea
  • Alfonso Egea
  • Jefe de Investigación en OKDIARIO. Anteriormente fui responsable de la sección de Actualidad y Sucesos en Espejo Público, en Atresmedia. He publicado cuatro libros y actualmente colaboro en programas de televisión en Mediaset y en Telemadrid. Agradecido por tener el reconocimiento de la Policía Nacional de Madrid y la medalla al mérito de la Guardia Civil.

La juez del juzgado de Primera Instancia número 95 de Madrid aceptó activar un procedimiento para declarar la discapacidad de Joana B. T., una mujer de 69 años, única heredera de una importante fortuna que se reparte entre Estados Unidos, Marruecos, España y otros países. El proceso judicial sería uno más de los que se sigue cuando las facultades mentales de una persona se ven alteradas y se requiere el nombramiento de un tutor, el cambio legal ahora habla de cuidador, que ejerza de manera responsable la gestión de sus bienes, sobre todo cuando hablamos de una mujer que solamente en Madrid tiene una docena de propiedades inmobiliarias que junto con el resto de las propiedades que tiene repartidas por el mundo, como por ejemplo todo un edificio en Tánger, le hacen tener una posición económica más que cómoda. Sin embargo, este caso no es como el resto y OKDIARIO ha accedido a los detalles de una historia que puede esconder a un grupo más o menos organizado que se ha fijado en la fortuna de esta heredera.

La incapacitación legal tal y como se conocía en nuestra legislación desapareció el pasado mes de junio. Bajo la premisa de no estigmatizar a la persona incapacitada, ahora se habla de discapacidad tutelada. O sea, que la persona incapaz de tomar decisiones de calado sobre su vida o su patrimonio ya no puede dejar de hacerlo, sino que se le asigna un cuidador para que oriente esas decisiones. Ese proceso es en el que se encuentra la protagonista de esta historia, a quien la juez ha mandado a una residencia pública de la que no puede salir hasta que finalice el proceso que activó un sobrino lejano de la mujer, hijo de una prima de Joana.

Este hombre que apareció de la nada en la vida de la mujer fue identificado como la persona que comenzó a visitar las propiedades de Joana, como un piso en Alberto Alcocer, interesándose por su patrimonio. El sobrino fue quien consiguió activar el proceso de incapacitación de Joana y su ingreso involuntario en una residencia, o sería más acertado decir que se hizo con los servicios de un abogado que lo consiguió. El letrado en cuestión acaba de ser juzgado en la Audiencia Provincial de Madrid y está a la espera de conocer sentencia por el caso de la fundación AFAL por la presunta apropiación indebida de 8 millones de euros pertenecientes a residentes de avanzada edad con Alzheimer.

Este abogado no pudo acudir a una de las vistas relacionadas con la incapacitación de Joana porque le coincidía con una de las sesiones del juicio del caso AFAL. Presentó el documento en el que aparecía como citado, pero tapó la condición de ‘acusado’ que aparecía en la citación.

Misterioso banquero de Miami

La situación empezó a complicarse el pasado mes de octubre. La juez mandó a la heredera a la residencia  a la espera de saber quién administraría su fortuna con la condición de estar al tanto de quién la visitaba. Lo curioso es que el 1 de octubre Joana hizo una llamada desde la residencia y le contó a su interlocutor que estaba con un banquero de Miami. En cuestión de una semana Joana aseguró que ese mismo abogado iba a sacarla de la residencia, donde ella no quiere estar, tras la firma de un poder notarial que permitía la transmisión de sus activos. Joana estaba a punto de perderlo todo a cambio de una promesa de presunta ‘libertad’.

Sin embargo, hubo algo con lo que ese abogado no contaba. Joana ya tenía un poder firmado desde hacía tiempo con el despacho de abogados que durante muchos años le había llevado los asuntos a su padre. Aquello detuvo un proceso en el que sobraban las prisas, tanto, que aquel abogado propició la visita de un notario a la residencia que aceptó la firma de Joana sin haber visto siquiera el original de su documento nacional de identidad y sin la preceptiva asistencia del todavía tutor provisional, el AMPTA (Asociación madrileña para la tutela de Adultos). Sí, un notario. Aquel acto, como no puede ser de otra forma, es nulo.

Joana ha sido, según quienes la conocen, una mujer independiente y solitaria a su manera, a la que cuando la llamabas podía devolverte la llamada desde una de sus casas en La Castellana, desde Miami o desde Tel Aviv. Pasaba temporadas sin dar señales de vida porque tampoco tenía a quien darle explicaciones de nada, y en los últimos meses, con más dinero que edad, ha acabado ingresada en una residencia y rodeada de personajes demasiado interesados. Lo peor es que todo esto le ocurra a esta mujer en el otoño de su vida con el conocimiento de una juez cuya única misión sería encontrar a alguien que ayude a Joana a seguir con su vida, si es que lo necesita.

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