Una inspección reveló que un burdel del suegro de Sánchez eliminó aseos para ganar espacio y ampliar su negocio

Una inspección de funcionarios municipales en abril de 1998 dejó al descubierto que la sauna situada en el Paseo de la Castellana número 180, de la familia de Begoña Gómez, había suprimido «un servicio higiénico» de uso público en la planta baja para instalar en su lugar «una sauna adicional» para conseguir hacer más dinero con la industria del sexo.

El acta que desvela en exclusiva OKDIARIO, levantada el 2 de abril de aquel año a las 21:34 horas, ha documentado además salidas de emergencia inoperativas, elementos no autorizados en el sótano —entre ellos una cama— y un funcionamiento ininterrumpido de 24 horas que carecía de amparo legal.

El local, que operaba bajo la denominación comercial de «Sauna Bar» pero era y sigue siendo un prostíbulo, contaba con licencia de actividades e instalaciones concedida por decreto el 19 de junio de 1997. Sin embargo, la realidad que han encontrado los agentes distaba mucho de lo aprobado en el proyecto original.

El informe técnico elaborado por el Negociado de Gestión de Industrias de la Junta Municipal de Chamartín fue meridiano en la enumeración de las deficiencias. En primer lugar, ha constatado que «se ha suprimido un servicio higiénico de uso público existente en planta baja y en su lugar se ha colocado una sauna, pasando el funcionamiento de dicho servicio público a la planta sótano».

La maniobra suponía una alteración sustancial respecto al proyecto que dio origen a la licencia, algo que los técnicos municipales no han pasado por alto.

Irregularidades en sótano

La planta inferior del establecimiento concentraba buena parte de las anomalías detectadas. Los inspectores apuntaban que «la escalera de bajada al sótano tiene cuatro peldaños compensados y no uno único en el centro del descansillo como fue aprobado en el proyecto que dio origen a la licencia de actividad».

Asimismo, advirtieron de que «el vestuario en planta sótano deberá estar equipado con las taquillas y la ducha reglamentaria con que fue aprobado el proyecto de la licencia de actividad».

Pero el hallazgo más elocuente fue otro. El informe exige que «la zona libre existente en el desembarco de la escalera en planta sótano no podrá destinarse a uso alguno debiendo retirar de la misma las mamparas existentes, la cama y útiles de limpieza».

La presencia de una cama y mamparas en un espacio que debía permanecer diáfano resultó difícil de justificar en un negocio teóricamente dedicado al bienestar corporal.

Los servicios higiénico-sanitarios, según las observaciones recogidas en el acta y que desveló OKDIARIO, «se encuentran en mal estado». Las puertas de acceso al local, además, carecían del «sistema de cierre automático» que constaba «en las medidas correctoras de la licencia». A ello se ha sumado que «existen algunos puntos de alumbrado de emergencia cuyo funcionamiento es incorrecto».

Seguridad comprometida

Especial gravedad ha revestido la situación de las salidas de emergencia. El acta ha reflejado que estas no estaban operativas, al encontrarse «cerradas con apertura eléctrica», circunstancia que ha motivado una denuncia específica por infracción de las ordenanzas municipales.

En caso de evacuación, los usuarios habrían quedado a merced de un sistema eléctrico que, ante un corte de suministro, podría haber convertido el local en una ratonera.

El establecimiento tampoco había presentado el seguro de responsabilidad civil exigido por la Ley de 1994, otro requisito incumplido que figuraba en el acta.

La persona ante la que han actuado los agentes ha sido M. I. A. M., identificada con su correspondiente DNI, quien figuraba como empleada del local. El titular, Conrado Gómez Serrano –hermano de Sabiniano Gómez que trabajaba ahí y tío de Begoña Gómez–, tenía su domicilio social en la calle San Bernardo número 38 de Madrid, dirección que coincide con otro de los establecimientos del entramado familiar de saunas-prostíbulos.

Precisamente los locales vinculados a la familia Gómez Serrano han operado durante décadas bajo diversas sociedades mercantiles, entre ellas San Bernardo 36 SL.

El Tribunal Supremo ya sentenció en 2001 que en la Sauna Princesa, el local insignia de la familia cerca de la calle Princesa, «se ejercía la prostitución» y que el establecimiento «estaba acondicionado para el desarrollo de actividades de prostitución». El Tribunal Superior de Justicia de Madrid también ha corroborado igualmente que se «realizaba una actividad de prostitución en las habitaciones del piso de arriba del propio local».

La familia también intentaron diversificar sus negocios con la instalación de máquinas tragaperras. En marzo de 2001 presentaron ante la Comunidad de Madrid una «solicitud de autorización para la instalación de máquinas recreativas con premio en el establecimiento denominado Sauna», ubicado en la calle San Bernardo 38, petición que fue denegada al no ajustarse el local al catálogo de espectáculos públicos.

La acumulación de irregularidades, la presencia de mobiliario como camas tras mamparas en el sótano y un horario de funcionamiento perpetuo dibujan un escenario que trascendía con creces la actividad amparada por la licencia. Donde los papeles decían «sauna con servicio de bar», la realidad municipal —actas, informes, denuncias— ha contado siempre una historia bien distinta. A veces, la burocracia resulta ser la cronista más implacable.