Los fiscales del ‘caso Villarejo’: Stampa desvela confidencias internas y Serrano persigue a periodistas

Los fiscales del caso Villarejo, Ignacio Stampa y Miguel Serrano, siguen tambaleándose en la cuerda de la polémica desde que iniciaron la investigación del caso Tándem. El primero desvela ahora en un podcast confidencias e interioridades de la causa y de los métodos de la Fiscalía Anticorrupción, mientras el segundo sigue empeñado en perseguir a los periodistas que desvelan exclusivas sobre las grabaciones del ex comisario. El último afectado es José Antonio Hernández, director del diario digital Fuentes Informadas, que fue intocable mientras permaneció como responsable de Tribunales en El País.

Stampa, que fue apartado del sumario Tándem en la Audiencia Nacional por compartir información reservada con la abogada de Podemos, Marta Flor Núñez, desvela en el podcast El País de los demonios -con la participación de colaboradores de Prisa- las confidencias en Anticorrupción con su compañero Serrano mientras se preparaban para actuar contra Villarejo: «Una de las cosas que se le ocurre a Miguel (Serrano) es que es una oportunidad de oro y le plantea a Luzón: ‘Alejandro, esto es lo que hay y con esto tiene que hacer marca la Casa. Es un asunto paradigmático de corrupción’. Y le plantea que las detenciones deben ser órdenes salidas de Anticorrupción».

Stampa reconoce en el podcast que los fiscales, por un momento, relegaban a un segundo nivel la esencia de su cometido institucional -investigar la corrupción- y se preocupan más por los frutos del marketing del caso Villarejo para una Fiscalía Anticorrupción que no pasaba por sus mejores momentos. En aquellas fechas, el fiscal jefe Manuel Moix había dimitido y lo sustituía en el caserón de la calle Manuel Cortina un profesional con experiencia y prestigio como Alejandro Luzón.

Ese objetivo propagandístico, si se repasa el discurrir de las investigaciones, pone en relieve la primera intención de los fiscales Stampa y Serrano y de los jefes de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía de criminalizar a periodistas de diversos medios de comunicación, mientras premiaban a profesionales de otras cabeceras o seleccionaban las grabaciones de Villarejo incluidas en la causa Tándem. Así mismo, algunos de los archivos sonoros -única y exclusivamente en manos de la UAI, CNI y Anticorrupción- fueron filtrados de manera selectiva a medios como Público y El País.

También se producía la anormalidad de que el jefe del grupo tercero de la UAI, Gonzalo Fraga -su apellido es desvelado en el podcast-, sólo se atrevió a remitir la cinta de la conversación de Corinna Sayn-Wittgenstein con Villarejo al juez de la Audiencia Nacional una semana después de que la reprodujera OKDIARIO. ¿Qué habría sucedido con la cinta si este periódico no hubiera difundido su contenido? ¿Habría tenido la opinión pública conocimiento de un documento de vital importancia para la reciente historia de España?

Selección sesgada de grabaciones

Los fiscales anticorrupción justificaban la selección y difusión sesgada de grabaciones con el siguiente argumento, según el criterio de Serrano en uno de sus escritos: «Se constata de nuevo la activación de una estrategia de difusión y publicación en medios de comunicación de archivos de audio que bien no han sido aún localizados por los investigadores; sea por la propia dinámica de búsqueda y análisis de la ingente documentación en soporte digital intervenida en los registros practicados, sea porque se encuentren entre los archivos protegidos por encriptación; o bien, porque sencillamente, no se encuentran entre la documentación intervenida».

Era la fórmula ideal para amparar algo que ni abogados ni imputados entendían: por qué Asuntos Internos desempolvaban unas cintas mientras obviaban otras y por qué Anticorrupción actuaba contra unos investigados mientras soslayaban a otros.

Villarejo, en uno de los escritos presentados en el juzgado, negaba los argumentos de Anticorrupción: «Mienten a sabiendas, de que la mayoría de las filtraciones, o son ellos o al menos las toleran y que siempre, absolutamente siempre proceden de contenidos de los archivos que en su día me incautaron y desde el primer día desencriptaron, porque eran programas cuyo acceso era gratuito en Internet y además lo instalaron los propios hackers del CNI que están en el Centro Criptográfico Nacional como asesores y/o peritos informáticos».

Lo que no aclara el fiscal Stampa en el podcast es si cuando su colega Serrano hablaba de la marca de La Casa, como se conoce a la sede del CNI desde los años del viejo CESID, era una referencia a los servicios secretos. Nadie alberga ninguna duda de que, como se pudo demostrar en el caso Pequeño Nicolás, detrás de todo el operativo y la investigación secreta contra Villarejo estaban los hombres de confianza de Félix Sanz Roldán. El general de cuatro estrellas, como le gusta presentarse, sigue reconociendo en privado que Villarejo acabó en la cárcel por enfrentarse a él.

Sin embargo, Stampa pretende convertirse ahora por medio de un podcast en un represaliado de los poderes ocultos del sistema cuando fue apartado de la investigación por infringir las más elementales normas del Ministerio Público. Así mismo, se esfuerza por lavar su imagen en la investigación contra Villarejo, que algunas fuentes judiciales califican de prospectivas.

Al propio Stampa, que durante su intervención sonora en El País de los demonios, en donde lo presentan como un valiente fiscal depurado por las cloacas del sistema, se le va la lengua y reconoce otro improperio sobre el caso Villarejo, eso sí, por boca del narrador: «La querella debe ser precisa y permitir extraer de los lugares que se registran todas las pruebas posibles y ha de estar bien justificada.… Falta algo. ¿Pero qué es?… A última hora de la noche, cuando el tiempo se le acababa, dan con la frase que buscaban y la incluyen: ‘Villarejo -escriben los fiscales- habría recibido otros encargos similares’. ¿Qué consiguen Stampa y Serrano con esto? Asegurarse de que podrán examinar otras pruebas si encuentran en los registros nuevos indicios de otros casos parecidos. Esa frase será esencial para garantizar el curso de la investigación. Pero sus consecuencias son impredecibles. El efecto inesperado de esa frase resonará después en un montón de despachos del país».

Criminalización periodística

El locutor, que desliza sin percatarse el origen de una investigación prospectiva, no aclara si se refiere a los despachos de las grandes compañías del Ibex 35 o a los de la calle Miguel Yuste de Madrid, donde está la redacción de El País. La participación de Stampa en el podcast sirve para levantar el velo de sus estrechas relaciones con ese medio periodístico, que durante toda la instrucción dispuso de la información necesaria para conocer lo que se cocía en Anticorrupción. Basta recordar la exclusiva fake desvelada por el subdirector del diario de Prisa, Manuel Romero, el 8 de abril de 2019: Las cloacas del estado, bajo la lupa judicial.

Romero escribía: «El juez ha ordenado a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía buscar en la documentación incautada al ex comisario pruebas de posibles ‘relaciones comerciales o acuerdos (…) con periodistas o medios de comunicación’  y, ‘en su caso, pagos u otro tipo de contraprestaciones vinculados a noticias relacionadas con proyectos de intoxicación informativa, filtración de datos reservados o manipulación mediática’. Esto es: el juez pide que se aclare si, además de policías y de políticos, en la supuesta trama también hay periodistas». Afirmaciones que, tanto que el juzgado como la propia jefatura de Fiscalía Anticorrupción, siempre negaron. Y, de manera canallesca, Romero -a sabiendas de que era una información falsa- deslizaba el nombre de quien suscribe estas líneas. Eso sí, una vez asestada la criminalización del periodista, aclaraba que no existían elementos que pudieran «interpretarse en la clave delictiva que investiga el juez».

Seguidamente, Romero repasaba una serie de artículos publicados en El Mundo, OKDIARIO y El Confidencial en los que, según su interpretación, se había castigado sin pruebas al ex alcalde de Barcelona Xavier Trías, a Pablo Iglesias y a Podemos. Así mismo, calificaba las exclusivas de Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta en El Mundo de «informes fraudulentos»y «bulos». Pero mientras la UAI y Anticorrupción perseguían a unos periodistas, se olvidaba de otros profesionales de Prisa, que habían mantenido una estrecha relación con Villarejo, incluido el propio cloacólogo Romero, como demostraban las grabaciones, las agendas y los emails del ex comisario en poder de los fiscales Anticorrupción. Y tal estatus privilegiado ha quedado patente recientemente en un escrito presentado por el fiscal Serrano en el Juzgado de la Audiencia Nacional: el cambio de trato hacia el periodista José Antonio Hernández, tras haber abandonado la disciplina El País, en comparación con sus años como responsable de Investigación en el diario de Prisa.

En el escrito presentado ante el Juzgado Central de Instrucción 6, el fiscal Serrano se permite el lujo de afirmar: «El diario digital Fuentes Informadas, que viene publicando en las últimas semanas diferentes archivos de audio vinculados a José Manuel Villarejo, parece haber sido creado expresamente con esta única finalidad». Y añade: «El citado medio carece de cualquier tipo de publicidad más de un mes después de haber editado su primer número, el 16 de mayo de 2022, coincidiendo la publicación con la noticia ‘El audio en el que Cospedal pide a Villarejo que pare la publicación de la libretita sobre la caja B del PP». La acusación del fiscal va acompañada de un extracto de la conversación entre Villarejo y la ex secretaria general del PP que dura 5 minutos y 58 segundos.

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía y la Fiscalía Anticorrupción se tomaban el tiempo necesario para medir la duración de la grabación desvelada por el diario de Hernández, pero omitían que El País también había reproducido los mismos audios de María Dolores de Cospedal, sin atribuirle ningún sesgo delictivo. También sendas charlas de Villarejo con Esperanza Aguirre y con el ex secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, que tampoco aparecían en el escrito de Serrano.

Matar al mensajero

El fiscal anticorrupción recuerda en su escrito que con el diario Fuentes Informadas «aparecen vinculados en las últimas fechas dos periodistas que ya fueron utilizados por el investigado Villarejo en el año 2020 para difundir en los medios de comunicación una ingente documentación que mantenía depositada después de su jubilación como comisario y fue intervenida en los registros, información entre la que se podría encontrar, como en aquella ocasión, documentos clasificados como secreto, y que estaría en la actualidad ofreciendo de nuevo en el mercado a cambio de un precio».

Sin embargo, Serrano, que ya se excedió en la investigación contra Mario Conde por un inexistente delito de blanqueo de dinero, no aporta ninguna prueba sobre la relación contractual entre Villarejo y Fuentes Informadas. Un experto en Comunicación manifestó a OKDIARIO que el fiscal podría estar vulnerando el derecho a la libertad de informar de los profesionales de Fuentes Informadas, en contra de la doctrina del Tribunal Supremo. Así mismo, resulta sorprendente que Serrano se vuelque ahora contra el periodista José Antonio Hernández cuando se trata del mismo profesional que, en representación de El País, entrevistó a José Villarejo en la cárcel de Estremera, en agosto de 2020, con el permiso de Instituciones Penitenciarias y del estamento judicial. La entrevista fue publicada en la primera página del diario el 3 de noviembre de 2020. Nadie de la Fiscalía cuestionó entonces el derecho a informar de Hernández, como cuando fue el primero en reproducir en las páginas de El País la grabación del encuentro entre agentes de la UAI y del CNI para tratar en caso Pequeño Nicolás. Todos los demás periodistas pasaron por el juzgado de Instrucción menos Hernández que estaba recubierto por la aureola de Prisa. En la actualidad, el periodista se esfuerza como director y fundador para sacar adelante el proyecto mediático Fuentes Informadas, a quien Anticorrupción acusa sin pruebas de ser un tentáculo de Villarejo.

En su escrito, Serrano presenta como algo delictivo las gestiones de Hernández con los intermediarios de Villarejo para poder acceder a esa entrevista o a cualquier otro tipo de información. Serrano reproduce emails y conversaciones telefónicas con un tal Alfonso Pazos, que actúa como mediador de Villarejo, pero cuyos contenidos no transmiten nada delictivo. Únicamente, la labor de un profesional que buscaba una exclusiva para su medio, entonces El País.

Aun así, el fiscal Serrano pretende incluir a Fuentes Informadas y a su director, que durante casi 25 años se dedicó a cubrir la información de tribunales para el diario de Prisa, en una cadena delictiva dependiente de una organización criminal dirigida por Villarejo: «Cuenta con un alto poder de extorsión derivado del acceso a investigaciones e informaciones sensibles para la seguridad del Estado, información que además no duda en utilizar tanto para comerciar con terceros como para garantizarla impunidad de sus acciones antijurídicas».

El propio comisario Villarejo, en un escrito presentado en la Audiencia Nacional, califica de prospectivas algunas de las investigaciones del caso Tándem: «En la sentencia dictada por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial sobre el caso Nicolay ha quedado acreditado que Asuntos Internos realizó una investigación prospectiva, parcial y sesgada y que sus máximos responsables policiales mintieron, provocando un
efecto desolador (…) que anulaba cualquier atisbo de apariencia de imparcialidad en la investigación, por lo que sus escritos estaban siempre plagados de meras conjeturas, sospechas, suposiciones y bulos».