El fiscal admitió que el testaferro Belhot pasara de investigado a testigo antes de devolver el dinero

La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, Isabel Rodríguez, y el fiscal anticorrupción del caso Erial, Pablo Ponce, consintieron que el testaferro Fernando Belhot se beneficiara de un trato especial -pasar de su condición de investigado a la de testigo protegido- sin haber devuelto antes los 6,7 millones de euros de la cuenta de Disfey en Suiza.

En la declaración que el abogado uruguayo prestó por videoconferencia el 25 de enero de 2019, mientras Eduardo Zaplana permanecía en prisión, quedaba de manifiesto que comparecía en calidad de testigo y que los 6,7 millones de las cuentas de Suiza no habían sido ingresados en la cuenta del juzgado valenciano en el Banco de Santander. El fiscal Ponce le preguntaba al compareciente: «¿Está usted dispuesto a entregar el dinero que queda, el que no ha entregado a Zaplana, a ingresarlo en la cuenta del juzgado?». Belhot le contestaba: «Exactamente, señor fiscal. Como habíamos quedado, yo el 23 de enero, instruí al banco Julius Bär la transferencia de la totalidad de los fondos existentes en las cuentas Disfey y en la cuenta corriente 3122646 a la orden del juzgado».

Disfey era una sociedad offshore uruguaya controlada por Belhot y sus socios, que fue fue fundada en noviembre de 2009. Años después, pasó al control de Daniel Gonzalo García Belhot, primo del abogado Fernando Belhot, quien disponía de la mayoría de las acciones.

A continuación, la juez intervenía delatando su desconocimiento de lo que allí se planteaba: «Espere… perdone…, que no estamos cogiendo, perdón, ¿del dinero de la cuenta Disfey y de dónde?».

Belhot le repetía el número de cuenta.

«Aaahhh… De la cuenta que está a su nombre propio…. De la que está hablando, que abrió a su nombre», le comentaba la juez.

El supuesto dinero de Zaplana estaba depositado en una cuenta de Disfey y en otras personales del testaferro, en las que su esposa era cotitular.

«Sí, sí -le aclaraba Belhot-. Le digo el número porque las instrucciones van con los números de las cuentas».

La magistrada le pedía que repitiera los números de las cuentas con los fondos que Belhot ya había pactado con el fiscal Ponce su devolución: 310.3846 y 312.2646. La 312.2646 era la cuenta en la que, junto a Belhot, figuraba como cotitular su esposa Gabriela Luisa González Lerena, una doctora odontóloga cuyo hermano era uno de los socios en la trama societaria del testaferro uruguayo.

El desconocimiento de la juez

La juez, que demostraba su desconocimiento sobre los acuerdos negociados semanas antes por el fiscal anticorrupción en Montevideo con el testaferro y sobre la entrega de los fondos, le inquiría: «¿Y esa transferencia cuando la ha efectuado?». «En el día de hoy -le contestaba Belhot- pero esas transferencias tardan unos días porque se transfieren posiciones no dinero líquido. Las posiciones se pueden transferir sin hacerse líquidas si el banco que las recibe las acepta, si no se venden en el mercado, obviamente internacional. Se hacen efectivas y luego se transfieren. Ustedes pueden entrar en contacto con el banco para que confirmen que está todo en orden”.

El testaferro había puesto a prueba al juzgado valenciano: primero el cambio de investigado y después la devolución del dinero. Y tal cual ocurría: se producía su primera y única declaración ante el tribunal sin que los fondos fueran repatriados.

La juez, que desconocía la cifra a devolver, le planteaba otra pregunta muy desconcertante: «¿Cuánto ha transferido, aproximadamente? ¿Bueno, qué cantidad exacta ha transferido porque lo sabrá?». Fernando Belhot le contestaba con una respuesta de profesional: todo dependía del cambio de cotizaciones, pero la juez insistía: «¿Aproximadamente?». A partir de ese momento fue cuando tanto el fiscal como su señoría se enteraron por videoconferencia que el testaferro pensaba reintegrar 6.630.000 euros en la caja del juzgado.

La magistrada Isabel Rodríguez, seguidamente, le planteaba a Belhot la pregunta del millón del sumario del caso Erial: «A ver, una cuestión: ¿qué garantía, dado que ustedes no suscriben ningún tipo de contrato o documento, tiene Eduardo Zaplana de que ese dinero es suyo? ¿Acciones al portador? ¿Algún tipo de documento nominativo?».

Y estallaba una de las cuestiones más espinosas de la instrucción de las diligencias previas 3568/2015: si el dinero era del propio Belhot o de Zaplana. La respuesta de Belhot seguía siendo poco profesional: «El señor Zaplana nunca suscribió ningún documento, lo que se hizo fue un acuerdo verbal de gestión de activos financieros y de activos societarios».

Uno de los testaferros de fama internacional, implicado e investigado por blanqueo de fondos por cuyos servicios había cobrado cantidades en los casos de corrupción más célebres de América como Odebrecht, Lava Jato, Petrobras, BPA o los papeles de Panamá de Mossack & Fonseca, llegaba a un pacto con el fiscal Ponce para acusar a Zaplana con el argumento de que él sólo era un gestor de fortunas y desconocía la procedencia ilícita del dinero.

Orden de detención

Fernando Belhot, sobre quien los agentes de la UCO habían solicitado, previamente, una orden de detención preventiva internacional con fines de extradición, en mayo de 2018, pasaba a convertirse en el testigo estrella de la causa. Declaraba por videoconferencia porque si se desplazaba a España, según sus exigencias, podía ser presionado por sus ex clientes, cuando existen pruebas suficientes de sus desplazamientos a España durante la investigación. Esa fue una de sus condiciones cuando pactó con la Fiscalía: «Prestar por videoconferencia en Uruguay para evitar cualquier tipo de presión o intento de influencia por parte de las personas involucradas en los hechos».

Las negociaciones con Belhot prolongó la estancia preventiva de Zaplana en la cárcel, ya que la juez acordó no decretar el auto de libertad hasta que se produjera la comparecencia del fiduciario y la devolución del dinero. La investigación contra Zaplana se mantuvo secreta desde 2015, tras la obtención de los papeles del sirio en un registro pactado en el despacho del abogado del empresario valenciano Marco Benavent, conocido como el yonqui del dinero, en junio de aquel año.

La defensa de Zaplana se quejó ante la titular del juzgado de «la poca credibilidad de don Washington Fernando Belhot Fierro», cuya versión fue prestada tras «su insólito pacto con el Fiscal y en secreto». Y destacó que el mismo testigo había declarado lo contrario en otro Juzgado de la Audiencia Nacional de Madrid, no entendiendo por qué la juez no solicitaba a través de un exhorto judicial la declaración del uruguayo en el caso Lezo, instruido por el Juzgado Central de Instrucción número 6.

A esta petición, el fiscal Ponce contestó al letrado Daniel Campos -que había sido su compañero en la Fiscalía Anticorrupción- con un escrito soez y agresivo, firmado el 30 de noviembre de 2020: «Finalmente y con justificación en un artículo periodístico pretende traer al procedimiento no se sabe muy bien que, si una declaración policial, si un manuscrito o un panfleto que dice que se presentó en otro procedimiento judicial que nada tiene que ver con esta investigación». Y Ponce sentenciaba: «Para eso que pregunte al periodista quién le suministra dicha información, cómo accede al contenido de procedimientos judiciales y que sea él quien le dé explicaciones oportunas».

El fiscal anticorrupción de Valencia, todo un experto en las relaciones con los medios de comunicación, enmascaraba con cinismo una declaración judicial de Belhot ante la Audiencia Nacional y la UCO como si se tratara de un juego de periodistas. El problema era que la confesión del testaferro uruguayo afirmando que nunca había sido contratado por Zaplana ni había gestionado su dinero en el extranjero fracturaba todos sus argumentos en el caso Erial, por lo que prefería obviarla.

El fiscal de Valencia cumplimentó, en julio de 2018, la comisión rogatoria en Montevideo a fin de tomarle declaración a Belhot, acompañado por agentes de la UCO. La titular del Juzgado, posteriormente, en un auto firmado el día de Nochebuena de 2018, acordó a petición de la Fiscalía «cambiar la posición procesal de Fernando Belhot por la testigo». Fuentes judiciales no entienden por qué tuvo que transcurrir medio año para que se produjera la declaración de Belhot. Se quejan de que tuvo tiempo suficiente para arreglar sus asuntos personales, sobre todo, sabiendo que iba a quedar fuera de la causa.

El sumario contiene el acuerdo de Ponce y Belhot en Montevideo. En él, el Ministerio Fiscal se comprometía: «A que el señor Belhot declare en calidad de testigo en España, para la ratificación en el plenario de la declaración que preste inicialmente por videoconferencia”. Tras la comisión rogatoria en Montevideo, el fiscal informó al Juzgado, el 21 de diciembre de 2018 de que Belhot estaba dispuesto a declarar sólo como testigo y a poner a disposición de las autoridades españolas los 6.7 millones de euros ocultos en el extranjero.

Lo sorprendente del escrito de Ponce es que calificaba a Belhot como «un mero gestor patrimonial del dinero de Eduardo Zaplana y sus testaferros», cuando todo el mundo conocía sus antecedentes como testaferro profesional. La defensa de Zaplana denunció ante la juez en unos de sus escritos: «La anómala declaración del señor Belhot es el único indicio que, contra todas las evidencias documentales, sirve para vincular al señor Zaplana con el dinero que transitó por las cuentas luxemburguesas y suizas». Pero, como ocurrió en una veintena de escritos, la juez Isabel Rodríguez rechazó cualquier petición de la defensa.

El Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia rechaza, de manera sistemática, las pruebas reclamadas por el letrado Daniel Campos. Si se realiza un rastreo a los autos judiciales del procedimiento se obtiene una decena de desaprobaciones. En esa línea, la juez se opuso a la comparecencia del supuesto testaferro de Zaplana, el intermediario uruguayo Fernando Belhot, cuando se pretendía demostrar que era verdadero titular de la cuenta investigada en Suiza. La defensa de Zaplana explica que «existe un interés evidente en que precise las circunstancias de tiempo, modo o lugar en las supuestamente entregó cantidades millonarias a mi representado, en lo que sería una tipología de un supuesto delito de blanqueo de capitales».

Para la defensa tuvo que existir un movimiento bancario en España de salida de fondos que sirviera para proveer del efectivo entregado: «En definitiva, son cuestiones nucleares del supuesto delito de blanqueo de capitales que ni la Juez de Instrucción ni el Ministerio Fiscal preguntaron al Sr. Belhot, quizás porque quedaron suficientemente satisfechos con que éste se limitara a decir que todo el dinero era del Sr. Zaplana y que él no era sino un profesional que actuaba por su cuenta», critica el escrito.

.