Fernando Camino, el directivo de Quirón investigado por Hacienda por una comisión de medio millón de euros

Fernando Camino es el directivo de Quirón Prevención para el que presta servicios Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Su nombre ha vuelto a cobrar relevancia después de que aparecieran micrófonos ocultos en su despacho, según la denuncia presentada ante la Policía Nacional.

Camino es presidente de Quirón Prevención y mantiene desde hace años una relación profesional con González Amador. En junio de 2025, la Agencia Tributaria abrió una comprobación sobre su IRPF correspondiente al ejercicio 2020 y, posteriormente, comunicó al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid que los hechos objeto de esa inspección ya estaban siendo investigados en la causa penal abierta sobre el entorno empresarial del novio de Ayuso.

La investigación judicial se centra en una operación mercantil relacionada con la sociedad Círculo de Belleza SL. Según la documentación incorporada a la causa, la esposa de Fernando Camino adquirió la sociedad y meses después la vendió a Alberto González Amador por cerca de 500.000 euros. La Fiscalía investiga si esa compraventa pudo encubrir el pago de una comisión vinculada a la intermediación en una operación de compraventa de mascarillas durante la pandemia o responder a otra contraprestación económica, una hipótesis que continúa bajo investigación judicial y sobre la que no existe un pronunciamiento judicial firme.

Hacienda decidió paralizar la comprobación tributaria abierta sobre Camino al considerar que los hechos ya estaban siendo analizados por el juzgado en la causa penal. La Agencia Tributaria trasladó al magistrado la documentación recopilada durante sus actuaciones para su incorporación a la investigación.

Por su parte, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también analiza la relación mercantil entre Fernando Camino, Quirón Prevención y las sociedades de Alberto González Amador. Entre la documentación incorporada a la causa figuran contratos, facturas y operaciones económicas entre ambas partes, así como la evolución de la facturación de las empresas de González Amador con el grupo sanitario.