La empleada del hogar de Victoria Rosell denuncia que le pagaba en negro y la despidió por una baja médica

Una mujer de nacionalidad boliviana, Simona Chambi, denuncia que la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, la podemita Victoria Rosell, y su pareja, Carlos Sosa, la han despedido de forma «improcedente» cuando se encontraba de baja por enfermedad, después de trabajar para ambos como empleada del hogar durante más de siete años.

Según la denuncia presentada ante los Juzgados de lo Social de Las Palmas, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Simona Chambi ha trabajado como empleada del hogar de Victoria Rosell (quien encabezó la candidatura de Podemos por Las Palmas en las elecciones de 2016 y 2019) en distintos períodos desde septiembre de 2011. Buena parte de este tiempo, sin contrato y cobrando en negro, según la demanda laboral.

Simona Chambi afirma que comenzó a trabajar para la juez Victoria Rosell en septiembre de 2011 por 500 euros al mes. Inicialmente cobraba en «dinero negro o b», pero a los cinco meses se plantó y exigió que le hicieran contrato, para poder regularizar su situación en España, según adelantó El Mundo.

La podemita Victoria Rosell le dijo entonces que «si quería contrato y cotización legal, le descontaría los gastos de cotización a la Seguridad Social», por lo que a partir de ese momento le recortó su sueldo neto y pasó a cobrar 420 euros al mes con un contrato de media jornada, según consta en la denuncia. Fue dada de alta en la Seguridad Social desde el 24 de febrero de 2012, si bien su empleadora, la ex diputada de Podemos, nunca llegó a entregarle una copia de su nómina, según señala en la denuncia.

En 2014, Simona Chambi se vio obligada a regresar a Bolivia debido a un problema familiar, por lo que pidió la rescisión voluntaria del contrato y fue dada de baja el 30 de noviembre de aquel año. Nunca cobró el finiquito al que tenía derecho, añade la denunciante.

Mientras se encontraba en Bolivia, Rosell y su marido le telefonearon para que regresara a España, porque «otras empleadas que estaban probando en su ausencia, no duraban ni dos meses trabajando en una casa tan grande». Así que Simona comenzó a trabajar de nuevo en casa de Victoria Rosell: durante cuatro meses le pagaron en negro hasta que de nuevo se plantó y logró que le dieran de alta en la Seguridad Social el 12 de noviembre de 2015. Sin embargo, nunca llegó a recibir una copia del contrato.

Al cabo de dos años, añade la denuncia, Carlos Sosa instó a la mujer a firmar una modificación del contrato, en el que esta vez él pasaba a figurar como empleador. En agosto, cuando se encontraba de vacaciones, Victoria Rosell y su pareja le pedían que subiera cada día a su casa a «dar de comer a un conejo grande y regar las plantas», sin cobrar nada por ello.

Cuando el Gobierno aprobó la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), Simona pidió a su empleadora que le actualizara el sueldo. Victoria Rosell, que en ese momento ya era diputada de Podemos en Madrid, se resistió a hacerlo alegando que, debido a sus desplazamientos semanales en la capital, ahora tenía que atender menos carga de trabajo en la casa. «No creo que por esa razón la casa sea ahora más chica», replicó la empleada del hogar.

Finalmente, Simona Chambi se vio obligada a someterse a una operación de cataratas el pasado 26 de mayo en el Hospital Doctor Negrín, de la isla canaria, de lo que informó con suficiente antelación a sus empleadores. Cuando se encontraba de baja médica con incapacidad temporal, debido a complicaciones en la intervención, recibió un mensaje de whatsapp en el que Carlos Sosa le comunicó la decisión de rescindirle el contrato.

«Buenas tardes, Simona», indicaba el mensaje, «de acuerdo con nuestra conversación de esta tarde, adjunto le remito la carta de desestimiento de la que le hablé. Lamento mucho esta situación, pero debe comprender nuestra posición. Si tiene cualquier duda, hágamelo saber. Espero que se ponga buena pronto».

El documento adjunto era el preaviso de extinción de su contrato laboral, con efectos a fecha del 16 de julio de 2020 y una indemnización de 833,34 euros. En su denuncia, Simona Chambi sostiene que su despido es «nulo», ya que la legislación laboral obliga a comunicar el motivo de la extinción, algo que no ha ocurrido en su caso.

Por tanto, pide al juez que obligue a Carlos Sosa (su actual empleador) a readmitirla como empleada del hogar con las mismas condiciones que disfrutaba (es un decir) hasta ahora,  o bien que le abone la correspondiente indemnización por despido improcedente.