Mogherini deberá explicar que un líder chavista viajara a La Haya pese a estar sancionado por la UE

Un alto funcionario del régimen venezolano se ha paseado estos días por territorio de la Unión Europea a pesar de tener sus cuentas embargadas, sus intereses bloqueados y, sobre todo, saltándose la prohibición que pesa sobre él de pisar suelo de la UE. Maikel Moreno, estrecho colaborador de Nicolás Maduro, ha visitado en los últimos días La Haya (Países Bajos) y la vicepresidenta de ls subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra, ha denunciado la «pérdida de credibilidad» de la Unión por que «uno de los responsables de que Venezuela sea hoy una dictadura» se «burle» de las las instituciones europeas.

La política de la UE respecto de la tiranía que ha sumido el país caribeño en la mayor crisis de su historia no ha mantenido la línea de firmeza y resolución que ha exigido la Eurocámara. De hecho, son muchas las voces que reclaman más contundencia de parte de la Unión contra la tiranía de Nicolás Maduro en Venezuela. Lejos de cumplir lo esperado de su posición de faro de los derechos humanos en el mundo, la UE está dejando que sea EEUU el que lidere la firmeza internacional contra las violaciones de los derechos humanos y las libertades que caracterizan al régimen chavista.

Mientras que los europeos han sancionado sólo a siete de los jerarcas venezolanos que explotan y machacan a su pueblo —otros 11 están aún por ratificar—, Estados Unidos pasa de largo el medio centenar, como denunció en OKDIARIO Carlos Vecchio, coordinador de Voluntad Popular, partido de Leopoldo López, uno de los presos políticos de Maduro .

Becerra (diputada independiente integrada en el grupo de los Liberales y Demócratas, ALDE), ha reclamado a la Alta Representante de Política Exterior, Federica Mogherini que tome medidas por la presencia en La Haya de Moreno, uno de los líderes del régimen venezolano sancionados por la Unión Europea.

Becerra ha afirmado que «Europa pierde su credibilidad desde el momento en los jerarcas chavistas pueden burlar fácilmente las sanciones impuestas por la Unión. Moreno está sancionado porque ha sido uno de los responsables de que hoy Venezuela sea una dictadura y sufra una crisis brutal. ¿De qué sirve que defendamos la democracia en Venezuela si no somos capaces de aplicar nuestras propias medidas?», se ha preguntado.

En un escrito dirigido a Mogherini, la eurodiputada liberal recuerda que Maikel Moreno es «el actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ)» —institución que usurpa los poderes de los magistrados legítimos del TSJ en el exilio—, y que asistió «este martes a la Corte Penal Internacional de La Haya pese a estar incluido en la lista de funcionarios venezolanos sancionados adoptada el pasado 22 de enero por el Consejo».

También señala que «Moreno es uno de los principales responsables de la abolición del Estado de derecho y la usurpación ilegítima del TSJ. Durante su etapa como presidente de la Sala de Casación Penal del TSJ ratificó la condena al opositor Leopoldo López».

Se da la circunstancia de que la propia CPI tiene depositadas denuncias por delitos de lesa humanidad contra Nicolás Maduro y los máximos jerarcas del chavismo por, entre otras circunstancias documentadas, su brutal represión de las manifestaciones que desde abril a julio del año pasado se saldaron con más de 600 venezolanos asesinados por las fuerzas policiales, militares y paramilitares del chavismo.

Cambio de política de España

Preocupa además el viraje de la política exterior española con el nuevo Gobierno. El pasado lunes, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, se reunió en Bruselas con su homólogo del régimen venezolano, Jorge Arreaza. Tras esa cita —calificada como «diplomacia bolivariana» por el satisfecho Arreaza—, Borrell anunció que «España no liderará la línea dura de sanciones» contra la dictadura de Maduro. Medios del país caribeño como ‘El Nuevo País’ lamentaron estas declaraciones reseñando que «la democracia venezolana pierde un aliado» con una España en la que se imponía «la línea Zapatero».

Sólo un día después, Moreno se paseaba libremente por territorio europeo, a pesar de que se le debería haber prohibido su entrada en Holanda. Así, la eurodiputada liberal recuerda a la Alta Representante que la normativa europea «encarga a los Estados miembros la responsabilidad de impedir la entrada a su territorio o el tránsito de las personas físicas sancionadas», por lo que se interesa por las medidas a tomar «sobre los Países Bajos ante el incumplimiento de las medidas restrictivas citadas».

Becerra quiere saber, además, si existe alguna «excepcionalidad» que permita a Moreno «realizar proselitismo político en un tribunal de justicia internacional (…)  llamado a investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado venezolano». Una de las denuncias que obran en la CPI fue presentada por el presidente electo de Colombia, Iván Duque, y otros 80 senadores colombianos en mayo de 2017.

Becerra reclama a Mogherini que ejerza su labor de salvaguarda de las sanciones a funcionarios responsables de los desmanes de una dictadura y evite que Moreno adquiera la nacionalidad italiana. Así, la vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara pide a la Alta Representante que esté «en contacto con las autoridades italianas para evitar que un funcionario sancionado por la UE obtenga la nacionalidad de un Estado miembro». Se da la circunstancia de que Moreno está casado con una ciudadana italiana, por lo que podría solicitar la nacionalidad.