Rajoy quiere revisar las competencias autonómicas para evitar actuaciones como las de los Mossos

El Gobierno ve necesario revisar el actual sistema de reparto de competencias, para evitar ejemplos como el catalán, donde abundan los ejemplos de su utilización interesada para ir contra el Estado.

Casos de adoctrinamiento escolar o la actuación de los Mossos durante el referéndum ilegal son la prueba, según el Ejecutivo, de que el actual sistema debe ser mejorado. Para ello, el marco es la comisión constitucional en el Congreso, y, en concreto, la subcomisión, impulsada por el PSOE, para abordar la reforma del modelo territorial.

Desde la Convención Nacional del PP, en Sevilla, la vicepresidenta del Gobierno consideró este viernes que «un país debería analizar qué hemos hecho hasta este momento, qué funciona bien y cómo podemos reforzarlo». La respuesta se producía a cuenta de la intervención de uno de los asistentes entre el público, que, sin ambages, reclamó al Estado asumir las competencias de seguridad y educación en Cataluña.

«Por qué no le damos una gran alegría al pueblo español y anunciamos mañana que el Estado asume las competencias de seguridad y educación en Cataluña. Creo que sería bueno para España porque ya no se hablaría de nadie más que de un Gobierno firme que pone de una vez por todas orden en España», señaló. 

La pregunta fue recogida por Sáenz de Santamaría, que invitó a una reflexión sobre el estado actual de los traspasos autonómicos.

«Este Gobierno no ha cedido ni una sola competencia nueva a ninguna comunidad autónoma. Esto es una novedad respecto a todos los gobiernos anteriores», destacó.

Santamaría recordó que «en el 78, los constituyentes no dijeron ni cuántas comunidades iba a haber ni cuál iba a ser su techo competencial», lo que provocó que, en este tiempo, haya campado un discurso nacionalista centrado precisamente en la «reclamación constante» de competencias. 

«Y cada competencia que lograban era una meta volante. Ése es el problema», señaló. En este sentido, según la vicepresidenta del Gobierno, «la perspectiva que nosotros tenemos que dar y que además es la razón de ser de los valores de nuestro partido es que España es una nación unida, diversa pero unida, y que los ciudadanos son personas libres e iguales». 

«Llegará un momento en que el debate que tengamos que hacer es cómo hacemos que un Estado que tiene una capacidad como el nuestro funcione y funcione bien», añadió. 

Santamaría apuntó que la actual «fragmentación» del Congreso impide una reforma de la Constitución con el deseable consenso. Pero el reto inmediato, señaló también, es «construir un Estado que sea viable y que gestione la igualdad» de los ciudadanos.

«A toro pasado, nos preguntamos por qué se diseñó el reparto educativo como se diseñó, o por qué en el 97 cedimos por una ley orgánica lo que nos quedaba de las leyes de seguridad…», ilustró Santamaría. «Un país debería analizar qué hemos hecho hasta este momento, qué funciona bien y cómo podemos reforzarlo». 

Cataluña es la comunidad con el nivel de competencias más alto de la democracia. Desde 1978 se han aprobado 189 decretos a su favor, entre ellos, policía autonómica, tráfico o prisiones.

No obstante, la cuestión competencial genera amplios debates en el Ejecutivo. Se admite que es muy complicado dar marcha atrás en las competencias tranferidas, aunque sí se deben mejorar los mecanismos de control y supervisión por parte del Estado.

Es el caso de la Educación. El ministro responsable, Íñigo Méndez de Vigo, ya consideró hace unos meses que sería preciso reforzar la inspección educativa para evitar situaciones en Cataluña en que los menores son instruidos en el mensaje separatista.

El ministro portavoz consideró que las formaciones políticas deben abordar la cuestión de las competencias con «mirada abierta» y sin «ideas preconcebidas» para analizarlo «todo». Méndez de Vigo insistió en que en el estudio de una reforma constitucional habrá que analizar «qué ha funcionado bien y qué ha funcionado mal» . «Yo mismo, hace poco, en la comisión de Educación, he dicho que tendríamos que plantearnos todo sobre las transferencias que se han producido, el uso que se ha hecho de las mismas, etcétera», añadió.

Por su parte, el titular de Justicia, Rafael Catalá, expresó hace un tiempo sus dudas sobre las competencias de las comunidades autónomas. «No sé si estamos en el momento de ampliar competencias o de fortalecer los instrumentos de colaboración y cooperación o de que el Gobierno central vuelva a asumir políticas públicas esenciales», dijo desde el País Vasco, y en el marco de la transferencia de competencias del Estatuto de Gernika.

Catalá consideró que «algunas políticas que tuvieron sentido quizás en un momento inicial de consolidación del Estado de las autonomías, han puesto ahora de manifiesto disfuncionalidades y algún resultado disonante».

Varios dirigentes, como la secretaria general María Dolores de Cospedal, o el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, también expresaron en ocasiones su opinión de que la transferencia educativa a las comunidades autónomas había sido un «error».