Activistas subvencionados por el Gobierno pagan los buses para la marcha contra la Xunta por los pélets

• Benjamín Santamaría @benjaefe
• Economista, analista, conferenciante y máster de educación. Redactor de economía en OKDIARIO y autor de "La economía a través del tiempo" en el Instituto Juan de Mariana
• • 20/01/2024 06:45
  • Actualizado: 20/01/2024 09:44

Amigos da Terra y Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia (Adega), asociaciones subvencionadas por diferentes gobiernos del PSOE,  financiarán los autobuses que desplazarán a los manifestantes de la marcha contra la Xunta de Galicia por el vertido de pélets de plástico. La protesta se celebrará este domingo en Santiago de Compostela.

Los autobuses contratados por las organizaciones ecologistas saldrán de Mos, Vigo, Noia, La Coruña, Orense y Lugo. El precio por persona es de 10 euros, pero las asociaciones abonarán la mitad, cinco euros. Tanto Amigos da Terra como Adega se han financiado con subvenciones de varias administraciones socialistas, como el Gobierno de Pedro Sánchez o la Diputación de Pontevedra.

Subvenciones y convenios

En concreto, Adega recibió del Ministerio de Transición Ecológica dos pagos, de 10.000 euros cada uno, en 2020 y 2021. El objetivo de la subvención fue «el desarrollo de un programa de formación de voluntariado ambiental y divulgación de los valores naturales de la cuenca del Miño-Sil».

Por su parte, Amigos da Terra recibió a finales de 2022 un total de 15.000 euros de la Diputación de Pontevedra para trabajar «en la mejora del ejercicio de los derechos de las mujeres rurales con una vida saludable y libre de violencias así como en el empoderamiento económico en las comunidades de Corpus (Honduras)». En esos momentos, el organismo público estaba presidido por Carmela Silva Rego, del PSOE. La dirigente ostentó el cargo desde 2015 hasta el año pasado, tras las elecciones locales.

Además, la misma institución firmó varios convenios con ambas asociaciones entre 2017 y 2018, durante los gobiernos socialistas. «La Diputación y las asociaciones ecologistas (Adega y Amigos da Terra) colaboran para formar a las personas usuarias de los composteros individuales en los ayuntamientos que están aplicando el compostaje como modelo de gestión. Estas asociaciones también se encargan del seguimiento de los composteros en los domicilios durante un año, según afirmó entonces el organismo.

El compostaje es un producto obtenido a través de varios materiales que se utiliza en la agricultura. Las asociaciones se encargaron de «informar a los vecinos» y de «elaborar informes» sobre el funcionamiento de este recurso. Por cada visita a un domicilio, los activistas recibían 10 euros, según el convenio del 1 de junio de 2018.

En un convenio anterior, del 27 de diciembre de 2017, la Diputación de Pontevedra se comprometió «a abonar a la Asociación Amigos da Terra a modo de compensación por los diferentes gastos asociados a las actividades de explicación inicial (sobre el compostaje), instalación, seguimiento y control» una cantidad que ascendía a 80.800 euros. En este caso, la actuación se realizó exclusivamente en Vilaboa, un pequeño ayuntamiento de 37 kilómetros cuadrados y de tan sólo 6.000 habitantes gobernados por el PSOE.

Los convenios de la Diputación pertenecen a un programa llamado Revitaliza. Con él, Amigos da Terra obtuvo unos ingresos de, al menos,   186.110,6 euros provenientes de la institución gobernada por los socialistas.

Manifestación contra la Xunta

Las asociaciones ecologistas, con las elecciones gallegas a la vista, buscan equiparar el vertido de los pélets de plástico con el Prestige. Así consta en el formulario de inscripción para reservar una plaza en uno de los autobuses que se dirigirán hacia Santiago: «El domingo 21 de enero, el pueblo gallego vuelve a gritar Nunca Máis en las calles de Compostela para denunciar el desastre ambiental».

Los activistas han elaborado un manifiesto en el que acusan a la Consellería del Mar de la Xunta de provocar que «las mariscadoras se queden sin trabajo y sin poder hacer frente a las necesidades de sus familias» por los vertidos de pélets provenientes del norte de Portugal.

De hecho, el Gobierno central fue conocedor del vertido el mismo día que se produjo, el 8 de diciembre, y no avisó al Ejecutivo autonómico hasta el 3 de enero, casi un mes después. En concreto, Portugal alertó a Salvamento Marino (Sasemar), dependiente del Ministerio de Transportes dirigido por Óscar Puente, de la existencia de los «desechos peligrosos» y de la caída de seis contenedores al mar.

Pese a ello, tanto el Gobierno como los activistas ecologistas han decidido culpar a la Xunta de Galicia a un mes de los comicios en los que el Partido Popular se juega renovar su mayoría absoluta.