Vox pide que Óscar Puente declare en la Audiencia Nacional por el ‘caso Koldo’

Vox ha pedido al juez Ismael Moreno, que dirige la investigación del caso Koldo en la Audiencia Nacional, la testifical del actual ministro de Transportes, Óscar Puente, y que la Abogacía del Estado no defienda al que fuera subsecretario de Transportes y Movilidad Sostenible Jesús Manuel Gómez García. Los primeros en solicitarlo fueron la asociación Liberum, que ejercen de acusación popular en el caso Koldo. El PP se adhirió a esta petición y ahora lo hace Vox. El juez, por su parte, ha pedido a la Fiscalía que informe sobre si la Abogacía debe seguir defendiendo al investigado Jesús Manuel Gómez, que ya ha sido cesado por el propio Óscar Puente tras conocerse su imputación.

El caso Koldo se reactiva en la Audiencia Nacional. El juez está recibiendo numerosas peticiones de diligencias por parte de las acusaciones que señalan a altos cargos de la cúpula del Ministerio de Transportes, departamento encargado de repartir las mascarillas investigadas en la trama. La asociación Iustitia Europa solicitó el pasado 2 de septiembre que se imputara al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, lo que supondría su declaración como investigado en la causa en caso de que el juez lo acuerde. Ahora, Vox también se suma a la petición de la asociación Liberum y piden que comparezca ante el juez su sucesor Óscar Puente en calidad de testigo.

«Sobre la declaración de Óscar Puente entendemos que la misma es pertinente, ya que estaría directamente relacionada con los hechos objeto de la presente investigación», señala Vox en su escrito en posesión de OKDIARIO. 

Abogacía del Estado

En su recurso, Vox también se opone a que la Abogacía del Estado actúe en defensa y representación de Jesús Manuel Gómez, ex alto funcionario investigado en la causa. La formación recuerda que si el abogado del Estado «advirtiese la existencia de intereses contrapuestos entre la Administración General del Estado, órgano constitucional o entidad perteneciente al sector público institucional cuya representación tenga legal o convencionalmente atribuida y sus autoridades, funcionarios o empleados, se abstendrá de actuar en representación de estos».

«A la vista de la decisión tomada como consecuencia de que el funcionario público ostenta la condición de investigado y el contenido del informe de auditoría llevado a cabo por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, todo parece apuntar a que existen intereses contrapuestos entre la Administración General del Estado y aquellos investigados que ostentaban la condición funcionarial», afirma el partido.

Y prosigue: «En el supuesto de que los intereses de la Hacienda Pública pudieran verse afectados por los hechos que son objeto de la presente investigación, correspondería a la Abogacía del Estado la representación de la misma en el marco de los presentes autos. Por tanto, esta circunstancia sólo reforzaría las peticiones efectuadas en apartados anteriores, ya que, sería del todo contradictorio e improcedente que la misma actuase en representación de la Hacienda Pública y, a su vez, en representación de determinados investigados por los mismos hechos». 

El juez de guardia durante el periodo de verano en la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, avaló que la Abogacía del Estado siguiera defendiendo al que fuera un alto cargo de Transportes. Según una providencia fechada a 21 de agosto, el juez aprobó que la Abogacía del Estado actuase en defensa de Jesús Manuel Gómez. Las acusaciones populares ejercidas por la asociación Liberum y los partidos políticos Vox y PP se opusieron. También la Fiscalía Anticorrupción alertó de la posible «incompatibilidad» en que la Abogacía defendiese al número 3 de Transportes. En concreto, el Ministerio Público avisó al juez de que la situación se produciría si también se persona como acusación por presuntos los delitos fiscales cometidos por la trama. 

Sin embargo, el juez se opuso a ello: «Se acuerda la personación de la Abogacía del Estado para actuar en defensa y representación del investigado Jesús Manuel Gómez García, sin perjuicio de lo que proceda acordar si a lo largo de la instrucción se produce un conflicto de intereses de comprobarse la eventual existencia de un delito contra la Hacienda Pública». Ahora, tras el recurso de reforma interpuesto por las acusaciones contra esta decisión, el instructor del caso Koldo Ismael Moreno tendrá que resolver y pronunciarse también sobre si debe citar o no a Óscar Puente.