Vox pide a la Junta electoral que suspenda el voto por correo del exterior porque «no se identifica al votante»

Vox ha presentado una solicitud urgente ante la Junta Electoral Central en la que solicita la suspensión inmediata del voto por correo de los españoles residentes en el extranjero. El equipo jurídico de Vox argumenta que el procedimiento actual «no permite identificar al votante por correo» del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), lo que vulnera las garantías mínimas exigidas para garantizar la autenticidad del sufragio, exigiendo que sólo sea válido el voto presencial en las embajadas o consulados.

El objetivo de Vox es que el organismo adopte medidas urgentes para paralizar el sistema postal hasta que «se establezcan mecanismos que garanticen una identificación rigurosa del votante», de forma que sólo sea válido el voto presencial en las urnas dispuestas tanto en las embajadas como en los consulados o centros habilitados para ello.

El partido de Santiago Abascal considera que el sistema actual de voto por correo desde el exterior «carece de los controles necesarios para verificar la identidad del elector», lo que, a su juicio, abre la puerta a posibles fraudes y erosiona la confianza en el resultado de las urnas.

«Si hay dudas sobre el voto por correo en España, muchísimas más hay en el exterior», señala el vicesecretario de Acción Política de Vox, Ignacio Hoces, a OKDIARIO. Hoces fue el encargado de defender a finales de junio la propuesta de la formación para incluir una nueva urna en los colegios electorales para el voto por correo en España para «reforzar las garantías».

El voto por correo en España frente al exterior

La petición de Vox ha sido registrada ante la Junta Electoral Central, que deberá pronunciarse sobre la solicitud de suspensión de este tipo de voto CERA. En el escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, los de Abascal comparan el voto por correo en España con el voto por correo de los españoles residentes en el extranjero para sostener que este último presenta una «insuficiencia» de garantías de autenticidad y transparencia.

Según señalan, el régimen nacional «ofrece idénticas garantías para todos los electores», a diferencia del voto CERA por correo, cuyas condiciones «pueden variar en función del país de residencia, del funcionamiento de cada operador postal y de la disponibilidad del correo certificado, que la normativa exige únicamente «cuando sea posible».

«¿Alguien cree que los servicios postales de la Cuba castrista, de Brasil o Venezuela van a estar velando por la transparencia electoral? Evidentemente no», señala Hoces.

Sobre la falta de identificación del votante en el exterior

Vox alerta a la Junta Electoral Central de que «en el voto CERA por correo no existe, en ningún momento, la exigencia de identificación personal», ya sea mediante la presentación del DNI o del pasaporte emitido por la autoridad nacional ante otra autoridad o funcionario público «en el momento de depositar el envío postal». La normativa, denuncian, se limita a exigir la inclusión de la documentación identificativa dentro del sobre.

En contraposición, argumentan que, en el voto por correo en territorio nacional, «el elector sí debe acreditar personalmente su identidad ante un empleado de Correos». De hecho, Hoces recuerda que la reforma aprobada por la Junta Electoral Central (el 9 de junio de 2023 mediante la Instrucción 5/2023) se debió a la impugnación de Vox de los resultados de las elecciones municipales de Melilla al denunciar un fraude en el voto por correo.

La falta de control sobre el operador postal

Vox pone de manifiesto en su solicitud que la «remisión electoral se realiza a través de operadores postales extranjeros sobre los que las autoridades españolas carecen de facultades de dirección, supervisión o inspección».

En este sentido, denuncia a la Junta Electoral que la normativa vigente no establece «requisitos mínimos comunes sobre las condiciones de recepción, custodia, transporte o trazabilidad de los envíos», mientras que «en territorio nacional el procedimiento se desarrolla íntegramente a través del operador postal designado por España, Correos».

No existe cadena de custodia

Los de Abascal alertan de que la custodia de los sobres con los votos solo comienza «una vez recibidos en la oficina consular». «En el voto CERA por correo existe un tramo esencial —desde que el elector deposita el voto hasta que este llega a la oficina consular— respecto del cual las autoridades españolas carecen de control directo y para el que la normativa no establece protocolos homogéneos de custodia, conservación o trazabilidad», añaden.

En este punto, Vox advierte además de que los votos emitidos por correo en el marco del voto CERA «pueden llegar incluso un día después de que se cierren las urnas de las embajadas, oficinas o secciones consulares en las que estén inscritos o en los lugares habilitados al efecto».

Ello abre la posibilidad, según sostiene el partido, de que «en connivencia con las autoridades de los países emisores del voto CERA por correo, se pueda proceder a la alteración de la votación», ya que las administraciones electorales pueden conocer quién ha votado presencialmente y, por consiguiente, quién no lo ha hecho ni ha solicitado el voto por correo, facilitando así «la emisión de votaciones fraudulentas» que provoquen «una alteración significativa, planificada y controlada del resultado electoral».

Ley de Nietos, voto CERA y fin del voto rogado

Además, Vox sostiene que el procedimiento tampoco incorpora «protocolos específicos que permitan reforzar la trazabilidad de los envíos» ni «documentar las incidencias», una situación que considera agravada por «las profundas modificaciones introducidas durante 2022».

Los de Abascal se refieren a las concesiones masivas de nacionalidad derivadas de la aplicación de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos, a la que califican de «asalto electoral».

También critican la eliminación del voto rogado, aprobada ese mismo año, al considerar que constituye «otro elemento de un posible plan de alteración del censo electoral». Según sostienen, esta reforma convirtió a los más de 2,5 millones de españoles censados en el exterior en «potenciales votantes» que, «ya faltos de vínculos estrechos con nuestra nación, ni siquiera necesitan manifestar un mínimo interés por participar en el proceso electoral mediante la oportuna solicitud».

Por si fuera poco, señalan que serán «las administraciones consulares —dependientes del Gobierno de Pedro Sánchez, según subrayan— las encargadas de asignar el municipio de inscripción al votante residente en el exterior que no pueda acreditar arraigo en ningún municipio español».