Vox exige a Moncloa que aclare en papel cómo verificará que los votantes cumplen el requisito del exilio de la Ley de Nietos

Vox tratará de cercar al Gobierno de Pedro Sánchez para que concrete por escrito qué documentación considera suficiente para demostrar el exilio, quién tendrá la responsabilidad de comprobarla y qué procedimiento se seguirá para aplicar la resolución del Tribunal Supremo a los miles de expedientes e inscripciones afectados por la Ley de Memoria Democrática, que quieran figurar en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Este lunes, la formación de Santiago Abascal ha registrado una batería de preguntas que Moncloa tendrá que contestar en los próximos 40 días sobre cómo verificará que los votantes cumplen el requisito del exilio de la Ley de Nietos.

La iniciativa de Vox llega después de que el TS acordara el pasado 8 de septiembre suspender cautelarmente los efectos electorales de las inscripciones en el CERA vinculadas a esta vía de nacionalización, salvo en los casos en los que se acredite la condición de descendiente de exiliados.

La decisión del Alto Tribunal se produjo a raíz de las medidas cautelares solicitadas por Vox e Iustitia Europa contra el acuerdo de la Junta Electoral Central relativo a estas inscripciones. El alto tribunal ordenó que se desglose la información sobre las inscripciones en el CERA vinculadas a la aplicación de la denominada Ley de Nietos y reclamó información a la Oficina del Censo Electoral.

La batería de preguntas de Vox

Ahora Vox reclama al Ejecutivo que concrete cómo va a ejecutar esta resolución judicial y, especialmente, qué procedimiento utilizará para distinguir entre quienes pueden acreditar el exilio exigido por la ley y quienes accedieron a la nacionalidad por otros supuestos.

La formación pregunta expresamente al Gobierno qué criterios empleará para determinar qué personas cumplen el requisito de exilio establecido en la Ley de Memoria Democrática. También quiere saber cuántos expedientes de nacionalidad han sido tramitados y aprobados como consecuencia de la interpretación de la norma que ha quedado cuestionada ante los tribunales.

Entre las preguntas registradas figura además si el Ejecutivo tiene previsto emitir un protocolo específico dirigido a los registros consulares y a la Oficina del Censo Electoral para garantizar el cumplimiento de la resolución del Supremo.

Vox quiere conocer asimismo qué mecanismos de comprobación se utilizarán para verificar la autenticidad y suficiencia de la documentación presentada para demostrar el exilio de los ascendientes. En concreto, pregunta si se contempla recurrir a herramientas de inteligencia artificial dentro de esos procedimientos de verificación.

La batería parlamentaria incluye una quinta cuestión sobre el impacto económico de la decisión cautelar. Vox pregunta al Gobierno si ha calculado cuánto costará la aplicación de las nuevas medidas derivadas del pronunciamiento del Tribunal Supremo.

Vox exige informes a Moncloa sobre el exilio

La formación de Santiago Abascal reclama además información detallada sobre los expedientes de nacionalidad tramitados al amparo de la Instrucción de 25 de octubre de 2022, dictada por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago.

Precisamente, uno de los puntos centrales de la controversia se encuentra en la interpretación del requisito de exilio. La propia instrucción establece que la Ley de Memoria Democrática permite optar a la nacionalidad a los nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por determinadas razones, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española.

Vox ha registrado tres solicitudes de informes a la Administración General del Estado para conocer el alcance de la aplicación de aquella instrucción. La formación pide que los datos se desglosen según la fase administrativa en la que se encuentre cada expediente, el consulado encargado de su tramitación y el tipo de documentación utilizada para acreditar el exilio de los ascendientes.

También reclama conocer el desglose por oficinas consulares y por la vía empleada en el caso de los progenitores, además del coste económico total que haya supuesto la tramitación de estos expedientes.

La medida cautelar se mantendrá mientras el Supremo resuelve el fondo del procedimiento. Por tanto, la decisión no supone, por sí misma, la retirada de la nacionalidad española concedida a quienes se acogieron a la Ley de Memoria Democrática.