La Justicia tumba un recurso que quería convertir las muertes en las residencias en una causa general contra Ayuso

La Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de apelación presentado por Alejandra Jacinto, abogada y ex diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, en representación de un familiar de un residente fallecido en el centro Domus Vi durante los primeros días de la pandemia de Covid-19. El tribunal confirma así, en su integridad, el sobreseimiento provisional que ya había acordado el pasado diciembre el Tribunal de Instancia de Valdemoro.

El auto, fechado el 14 de septiembre y notificado esta semana, resuelve el Recurso de Apelación 1078/2026, derivado de las Diligencias Previas 219/2025. La causa investigaba si al residente, fallecido el 27 de marzo de 2020, se le negó el traslado hospitalario por motivos discriminatorios relacionados con su edad y su deterioro cognitivo, lo que podría constituir un delito de discriminación en la asistencia sanitaria previsto en el artículo 511 del Código Penal.

Jacinto, que sostenía que el archivo era prematuro, alegaba que existían indicios de que se habían aplicado protocolos de derivación excluyentes durante el colapso sanitario de la primera ola, que la residencia carecía de medios suficientes y que la instrucción no había investigado adecuadamente a varios de los responsables denunciados. Pedía la revocación del sobreseimiento y la continuación de las pesquisas.

Tanto el Ministerio Fiscal como la defensa de los investigados se opusieron al recurso. Sostuvieron que la instrucción ya había practicado todas las diligencias necesarias y que no existía indicio alguno de que la falta de traslado obedeciera a criterios discriminatorios, sino a una valoración clínica individualizada del paciente.

El peso del informe forense

La Audiencia respalda esa tesis apoyándose en el informe médico forense incorporado a la causa, que concluye que el residente presentó un cuadro compatible con Covid-19 —aunque nunca llegó a confirmarse con una prueba, por falta de disponibilidad de test específicos en aquel momento— y que la residencia puso a su disposición «los medios adecuados para la situación clínica, dentro de los medios que estaba a su alcance proporcionar». El propio forense señala que, dadas las circunstancias de la pandemia, un ingreso hospitalario habría tenido un beneficio «muy limitado, si no nulo».

El tribunal subraya además que en ningún momento consta que se solicitara formalmente un traslado hospitalario que fuera posteriormente rechazado, circunstancia que considera «especialmente relevante» porque el artículo 511 del Código Penal exige una conducta positiva de denegación de una prestación, no una simple sospecha.

Rechazo a la «causa general»

Uno de los aspectos más destacados del auto es su rotundidad al rechazar convertir el procedimiento en una investigación prospectiva sobre los protocolos sanitarios aplicados durante la pandemia en general. La Sala es clara: la instrucción penal «no puede convertirse en una investigación prospectiva orientada a indagar genéricamente si pudieran existir responsabilidades penales», e insiste en que cada caso debe valorarse según las circunstancias concretas de la asistencia dispensada, no según un juicio abstracto sobre la política sanitaria de aquellos meses.

En esa línea, la resolución cita como precedentes coincidentes un auto de la Audiencia Provincial de Vizcaya de mayo de 2025 y otro de la propia Audiencia de Madrid de 2024, ambos en casos similares, que descartan responsabilidad penal cuando no consta una infracción de la lex artis y la no derivación hospitalaria respondió a razones médicas.

Jacinto, que en los últimos años ha representado a varias familias en el llamado «caso residencias», venía reclamando una macrocausa que investigara de forma conjunta los protocolos de derivación aplicados durante la pandemia.