Varios ministros aconsejan a Sánchez: «Si el fiscal general es imputado no puede seguir en el cargo»

La situación del fiscal general del Estado, Álvaro García-Ortiz, que en los próximos días puede ser imputado por el Tribunal Supremo, está generando fricciones en el Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente, según ha podido saber este periódico, es el único que por ahora defiende a ultranza al jefe del ministerio público. Hasta el punto que este martes, antes del Consejo de Ministros, como es habitual, los ministros departieron de varios asuntos -y también de este-. Varios colaboradores de Sánchez, no sólo los ministros que son también magistrados, aconsejaron al jefe del Ejecutivo que «si el fiscal general es imputado no puede seguir en el cargo». El TSJ de Madrid hace varias semanas que investiga los hechos en los que se le relaciona.

Este lunes, Pedro Sánchez, mostró su apoyo inquebrantable a Álvaro García-Ortiz, asegurando que no tiene que dimitir si es imputado por la supuesta filtración de datos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y calificando como «indecente» que el PP esté politizando la justicia. De hecho, el secretario general del PSOE se erigió, en una entrevista radiofónica, en el mayor defensor de García-Ortiz que asumió de forma personal todas las derivadas penales que se puedan suceder por la revelación de secretos en la que incurrió la Fiscalía. Algunos de sus ministros afirman que «está enrocado».

«El fiscal general del Estado tiene todo el apoyo del Gobierno de España», expresó Sánchez, al ser preguntado sobre si García-Ortiz debe dimitir si se le imputa por presuntamente ordenar que se difundiera una nota con datos personales de Alberto González Amador, novio de Ayuso. Pero lo cierto, según han relatado a OKDIARIO distintos ministros, es que «ese apoyo del Gobierno» se reduce al del presidente y algún otro ministro. Varios de ellos consideran que la situación es «inasumible» y que la imputación no le dejará más opción a García-Ortiz que la dimisión.

Estos ministros, según trasladaron este martes en dicha conversación informal, que se produce cada semana antes de la reunión habitual del Consejo de Ministros -pautada y preparada previamente por los secretarios y subsecretarios de Estado-, trasladaron que sería «una irresponsabilidad» mantener al jefe del ministerio público en su puesto si es imputado en la causa que ya investiga el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desde hace semanas. Al ser aforado a García-Ortiz debe imputarle el Supremo.

Hasta ahora, más allá de asumir él mismo la última responsabilidad de estos hechos, todos los fiscales imputados que han declarado han señalado directamente al fiscal general. Por lo que su futuro judicial es más bien complejo. Sánchez, sin escuchar demasiado a sus ministros, incidió que el fiscal «por supuesto, no tiene que dimitir», ya que se ha limitado a «defender a la Fiscalía de Madrid» por aclarar «un bulo que sale de la mano derecha» de Ayuso, su jefe de Gabinete Miguel Ángel Rodríguez. «¿Y se le va a imputar por eso al fiscal general del Estado?», ha agregado.

Así las cosas, según el propio presidente, es que «el origen de todo esto» es que la Fiscalía de Madrid publicó «una nota aclarando» una información falsa que salió del entorno de Ayuso para «tratar de desinformar» sobre un caso que afecta directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid y con la cual se está tratando de acusar al fiscal general de haber publicado datos confidenciales de Alberto González Amador.

Las decisiones que se vayan a tomar, en el caso de promover la salida de García-Ortiz, «deben ser rápidas». Pues tras las vacaciones de verano, en septiembre, el fiscal general participa cada año en la apertura del curso judicial junto al rey. «No nos podemos permitir a un fiscal imputado en un acto de estas características con el jefe del Estado» relataba este martes una ministra en conversación con este periódico.

La dimisión de Álvaro García-Ortiz, que sustituyó en el cargo de fiscal general a la ex ministra Dolores Delgado en 2022, supondría un quebradero de cabeza para el Gobierno -pero en especial para Sánchez, con su mujer imputada-. Pues la utilización que el presidente ha hecho del ministerio público, llegando a declarar públicamente que «todo el mundo sabe de quién depende la fiscalía-, restándole así cualquier atisbo de imparcialidad y neutralidad, harán muy difícil el relevo de un servidor público a las órdenes del PSOE.