Varios juristas insisten: la demanda en Bélgica no es contra Llarena sino contra España

La postura adoptada por el Gobierno sobre la demanda civil presentada en Bélgica contra el juez Pablo Llarena no ha sido bien acogida por parte de la judicatura, que cree que lo que está en juego no es la honorabilidad del magistrado del Tribunal Supremo, sino la integridad de la jurisdicción española.

El Ministerio de Justicia dejó ayer claro que solo se personará en el procedimiento civil iniciado por Carles Puigdemont y cuatro ex consellers fugados contra Llarena si el juez belga cuestiona la instrucción del «procés». «En ningún caso», subrayó Justicia, actuará en «defensa» de Llarena por las manifestaciones de carácter privado que se le atribuyen en la demanda.

Una fórmula desacertada, según varias fuentes jurídicas consultadas por Efe, que aseguran que lo que realmente se está cuestionando es la jurisdicción y la soberanía española.

Sostienen que la demanda se refiere a la actividad jurisdiccional del magistrado y no a cuestiones privadas ni a declaraciones vertidas en su condición de ciudadano.

No se trataría, por tanto, de defender a Llarena, sino a la propia nación y precisan que es imposible separar la función jurisdiccional de este juez del Tribunal Supremo como instructor de la causa, en la que están procesados los cinco líderes independentistas huidos que le demandaron, de las manifestaciones que le atribuyen en la demanda.

Es, dicen, un problema de más alto calado que transciende el ámbito personal de un juez porque lo que se pone en tela de juicio en este procedimiento civil es la actuación judicial de un magistrado español.

A raíz de este planteamiento, la pregunta que ponen encima de la mesa es: «¿Se puede permitir que los tribunales belgas controlen o revisen la actividad jurisdiccional de un juez español?».

Las fuentes temen que, en el caso de que el Estado no se persone en el procedimiento a través de un abogado privado, sea demasiado tarde a la hora de defender la inmunidad de la jurisdicción española y se deje al Estado indefenso en una cuestión que, a su juicio, afecta de manera directa al Poder Judicial.

Y advierten de las posibles consecuencias que eso podría acarrear para cualquier otro funcionario público que pueda ser objeto de una demanda de similares características.

La decisión adoptada por Justicia no siguió el criterio de la Abogacía del Estado, que dictó dos informes de carácter consultivo en los que señalaba que se cumplían los requisitos legales para personarse en Bélgica a través de un abogado privado al entender que la demanda está sustentada en hechos relacionados con el ejercicio del cargo como juez.

La mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales, a excepción de Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales -ambas de carácter progresista-, también se mostraron contrarias a la postura adoptada por Justicia, que califican de «dejación de funciones».

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo manifestó ayer que el Ejecutivo defenderá la jurisdicción española en Bélgica si es necesario pero dejó claro que los poderes judicial y ejecutivo son «distintos e independientes» y que el amparo legal a un juez le corresponde al Poder Judicial.