Urkullu prepara a los funcionarios de prisiones para que asuman la excarcelación de etarras

El Gobierno de Iñigo Urkullu, que desde el pasado mes de mayo tiene las competencias sobre las tres cárceles que hay en su territorio, ha diseñado lo que llama un «plan de acogida» para los 700 funcionarios de prisiones que va a asumir el nuevo sistema autonómico. Les va a concienciar sobre el funcionamiento de su nuevo «modelo de justicia alternativa», que defiende la «semilibertad» como uno de sus puntos fundamentales. Una declaración de intenciones respecto al futuro carcelario de los presos de ETA.

El colectivo de funcionarios de prisiones ha sido históricamente uno de los grandes castigados por el terrorismo de ETA. Han sufrido en sus carnes multitud de atentados y amenazas. Sin ir más lejos, el secuestro de año y medio que sufrió José Antonio Ortega Lara, trabajador del centro penitenciario de Logroño.

El Gobierno vasco sabe que el colectivo es un potencial foco de conflictividad en cuanto a la concesión de beneficios ‘a la carta’ a presos etarras se refiere. Y por ello, ha aplicado un plan para aplacar las críticas a su política penitenciaria antes incluso de que se produzcan. La venda antes que la herida.

La «semilibertad»

Urkullu ha denominado a eso un «plan de acogida» para los 700 funcionarios que a partir del próximo 1 de octubre pasarán a depender directamente del Gobierno vasco. De momento se encuentran en un régimen transitorio y dependen del Ministerio del Interior.

«Se trata de un proceso complejo que precisará de puentes de transición para facilitar el cambio menos traumático posible», advirtió Beatriz Artolazabal, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno de Urkullu, cuando presentó el nuevo «modelo penitenciario» vasco en el Parlamento europeo.

«Debemos entender que el solo castigo como elemento reconductor tampoco es la solución», advirtió Artolazabal, apuntando que su Gobierno defiende abiertamente el «régimen de semilibertad como fundamental para el éxito del modelo vasco». Una estrategia que, alegan, ha tenido «resultados excelentes» en otros países europeos.

Reeducar… y subir sueldos

Ese «modelo alternativo» se basa, tal y como informó OKDIARIO, en el «diálogo y la resocialización».  Lo que el Gobierno de Urkullu ha bautizado como «las tres erres: resocializar, reeducar y reinsertar».

El «plan de acogida» para los funcionarios de prisiones vascos ya está en marcha en forma de reuniones con las principales asociaciones sindicales. Sobre la mesa se encuentran «las condiciones laborales», sobre las que el Gobierno vasco se muestra dispuesto a negociar. De telón de fondo, explican fuentes del colectivo de funcionarios, hay una posible subida salarial.

Estas fuentes aseguran «comprender perfectamente cuál es la postura que nos ha planteado el Gobierno vasco». En resumen, «una mejora de nuestras condiciones a cambio de que, a partir de ahora, hagamos la vista gorda ante lo que va a ocurrir con los presos de ETA» que estén bajo control del Ejecutivo de Urkullu, explican en conversación con OKDIARIO representantes del colectivo.