La UE recibe hasta una decena de peticiones para investigar al Gobierno por la gestión de la pandemia

La gestión de la pandemia de coronavirus por parte del Gobierno de Pedro Sánchez ha provocado las quejas de asociaciones y ciudadanos ante la Unión Europea (UE). Hasta el momento, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes comunitarias, se han elevado hasta una decena de peticiones para investigar las actuaciones del Ejecutivo, especialmente en lo relativo a la supresión de derechos fundamentales en el estado de alarma. Algunas de estas peticiones no han sido tramitadas por el momento.

No obstante, Europa ya ha iniciado movimientos para investigar algunos motivos de esas quejas. Recientemente, por ejemplo, se ha admitido la realizada por el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), sobre la falta de equipos de protección individual (EPI) que existía en los hospitales para hacer frente a la pandemia.

Según informó la propia organización sindical, la Comisión Europea abrirá una investigación preliminar sobre su denuncia, con la que pretenden esclarecer las actuaciones del Gobierno español y los responsables sanitarios de las comunidades autónomas en relación a las medidas para evitar contagios o dotar al sistema de salud pública de los medios y recursos necesarios para asegurar la protección de los profesionales sanitarios.

Desde este sindicato han denunciado que «lejos de garantizar la salud de los profesionales, la pusieron en riesgo al verse obligados a realizar sus funciones sin los EPI adecuados, a reciclar material de protección indicado para un solo uso, a trabajar con mascarillas y guantes defectuosos».

«Esta nefasta gestión, plagada de decisiones erróneas e imprecisiones, que el Gobierno y el Ministerio de Sanidad realizaron durante la crisis sanitaria, ha conllevado una vulneración sistemática tanto de la normativa nacional como europea básica relativa a la salud laboral», denunciaron desde SAE. España es el país con más índice de contagios entre el personal sanitario.

La mayoría de las quejas elevadas a la Comisión de Peticiones de la Unión Europea guardan relación con la vulneración de los derechos en el estado de alarma, como la supresión de la libertad de movimientos o de trabajo durante el confinamiento o de derechos de la información. En una de ellas, por ejemplo, se denuncia la «inacción e incapacidad para reaccionar a la crisis» por parte del Gobierno socialcomunista.

Derecho a la información

Recientemente, el Parlamento admitió también abrir una investigación sobre las limitaciones a los derechos a la información durante la crisis del coronavirus.

La petición fue registrada por un abogado español y ex diputado del PP en el Parlamento de Cataluña, Sergio Santamaría, quien denunció una «regresión en los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles durante el estado de alarma decretado por el Gobierno español» citando, por ejemplo, la suspensión del Portal de Transparencia o las limitaciones a los periodistas para hacer preguntas en las ruedas de prensa en Moncloa, «condicionándolas al proceso de evaluación preveía por parte del Secretario de Estado de Comunicación». También se quejaba de que la actividad de control parlamentario se había visto «severamente limitada», según informó la Comisión de Peticiones.

Cabe recordar que La Moncloa tuvo que rectificar su sistema de filtrado de las preguntas tras las reiteradas quejas por parte de los periodistas. El mecanismo inicial obligaba a los informadores a plantear sus preguntas a través de un chat, y éstas eran seleccionadas para trasladar a los comparecientes. Entre ellos, el presidente del Gobierno. Esta censura provocó que varios medios decidiesen dejar de participar en las ruedas de prensa, entre ellos OKDIARIO.

La Comisión de Peticiones de la Unión Europea es la encargada de dar curso a estas quejas y decidir, en su caso, si corresponde remitirla a la Comisión Europea para recabar la correspondiente información y trasladarla también a la Comisión de Libertades, a la que corresponde tratar estos asuntos.

El resultado de estas investigaciones no es vinculante, sino una mera recomendación, pero sí puede suponer un golpe a la cuestionada gestión de la crisis por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Las quejas permiten conocer la posición del Parlamento Europeo sobre determinados asuntos relacionados con la gestión de las autoridades de un Estado miembro.

En el caso anterior, la tramitación de la petición fue rechazada por el grupo socialista y el de la Izquierda Unitaria, al que pertenece Podemos.