La UE examinará si el Gobierno protege a la mujer tras beneficiar a más de 1.000 agresores sexuales

El Consejo de Europa examinará el cumplimiento por parte de España del Convenio de Estambul, al que con frecuencia alude Irene Montero para tratar de justificar su ley del sólo sí es sí. El Gobierno dispone hasta el 15 de diciembre para remitir al llamado Comité de las Partes -órgano encargado de esta evaluación- la información que permita determinar si protege a la mujer frente a los distintos tipos de violencias. El Ejecutivo se presentará a esta evaluación con una ley que ha permitido hasta el momento 1.025 rebajas de condena a agresores sexuales y más de 100 excarcelaciones, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial. (CGPJ). El plazo para presentar las credenciales ante Europa finalizará en plena campaña para las elecciones generales.

De la evaluación del cumplimiento del Convenio de Estambul se ocupa el Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (GREVIO) y el Comité de las Partes, integrado por representantes gubernamentales de todos los países donde está en vigor. En 2020, el GREVIO instó a España a aplicar 14 recomendaciones, que serán ahora examinadas.

Entre ellas, reclamó «diligencia debida» a las autoridades para «prevenir» y «sancionar» de «manera diligente» la violencia contra la mujer. También se pidió al Gobierno «garantizar» políticas «efectivas» en este ámbito.  Sobre los delitos sexuales, instó a «abordar» las «dificultades para llegar a condenas en los procesos penales», fundamentalmente «relacionadas con el papel central» de la declaración de la víctima. El organismo destacó «el alto umbral de suficiencia probatoria» en los delitos sexuales.

Bulo

Ésta es, precisamente, una de las razones que el Ministerio de Igualdad ha utilizado para sostener su ley del sólo sí es sí. El Convenio de Estambul, sin embargo, no ampara en ningún caso una rebajas de pena, ni siquiera pide que se unifiquen los delitos de abuso sexual y agresión, como ocurre en la norma estrella de Irene Montero.

En realidad, lo único que requiere es que la legislación española destaque el «consentimiento», algo que en realidad ya existía en el Código Penal. 

Partiendo de este convenio, el Gobierno promovió todo un cambio legislativo que, pese a los avisos por la rebajas de pena, ha derivado en la revisión de condenas a cientos de agresores sexuales.

La propia Irene Montero, como reveló OKDIARIO, ya admitió que su norma supondría una rebaja de las pena, que calificó de «necesaria» para unificar delitos. 

Moncloa, como también destapó este periódico, alertó en septiembre de 2020 a Igualdad sobre esa rebaja e instó a corregirla. En el informe, firmado por el Ministerio de la Presidencia, se expresaba la preocupación por que las penas para los delitos sexuales quedarían «sustancialmente reducidas»: «No parece estar justificado, a la vista del objeto del anteproyecto, ni un incremento, ni una atenuación penológica de estas figuras, por lo que sería necesario revisar esta cuestión en el anteproyecto, de forma que las penas se mantengan de forma equivalente a su regulación actual».

Misión europea

No será la primera vez que Europa examina al Gobierno español en este ámbito. En febrero, una misión del Parlamento Europeo se desplazó a nuestro país para reunirse, entre otros, con las ministras de Justicia, Pilar Llop, y de Igualdad, Irene Montero.

Tras varios días de encuentros, la presidenta de la delegación, Elzbieta Lukacijewska, advirtió de las «lagunas » de la ley y reclamó una solución. «Prácticamente todos con los que nos hemos reunido han alertado de los riesgos que se corren con esta ley, es difícil no reflexionar sobre esta problemática», señaló la eurodiputada. La misión mantuvo asimismo distintas reuniones con asociaciones, sindicatos y miembros del Congreso y Senado.

Precisamente, como reveló OKDIARIO, Lukacijewska, en una tensa reunión en el Ministerio de Igualdad, tuvo que advertir a Montero que los jueces se limitan a aplicar la ley, después de que la ministra responsabilizase a los magistrados de las rebajas de pena a agresores sexuales y las excarcelaciones. Sin hacer autocrítica, Montero cuestionó además la veracidad de los datos sobre las rebajas de pena.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, la socialista Carmen Calvo, cuestionó el papel de la misión, llegando a señalar que la Unión Europea «no debe entrometerse en la política española».

Desde el CGPJ se admitió que la situación es delicada y se trasladó a los representantes europeos que los efectos de la ley pueden extenderse «hasta cinco años». Según los jueces, se ha producido un daño «irreversible». En España hay 4.000 presos por delitos sexuales cuyas condenas, advirtieron, pueden ser revisadas a la baja, de forma que las cifras finales pueden ser elevadas.

La Comisión de Derechos de la Mujer del Parlamento Europeo realizará ahora un informe con las conclusiones de estos encuentros, cuyas recomendaciones se someterán a votación de la Eurocámara.