El Tribunal Supremo rechaza la petición de Vox de paralizar la investidura de Sánchez por la Ley de Amnistía

El Tribunal Supremo ha rechazado este miércoles la petición de Vox de frenar la sesión de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso como medida cautelar después de que la formación de Santiago Abascal presentara este martes una querella contra el candidato socialista por tres delitos relacionados con las negociaciones de investidura en las que se incluye la Ley de Amnistía.

Además de contra el presidente en funciones Pedro Sánchez, el texto también se querella contra Carles Puigdemont, el político independentista catalán fugado en Bruselas, el PSOE y Junts. Los delitos que denuncia son los de un supuesto cohecho, encubrimiento o colaboración del terrorismo, usurpación de funciones del Poder Judicial así como negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, todo ello de cara a negociar una investidura del candidato socialista.

La sesión de investidura continuará tal y como se había previsto durante este miércoles 15 de noviembre y hasta el jueves 16 de noviembre. El Alto Tribunal no ha considerado necesario tomar medidas cautelares «al no existir elementos que justifiquen la procedencia de suspensión del acto parlamentario dirigido a la investidura del presidente del Gobierno».

El Supremo aún tiene que decidir si admite a trámite la querella del tercer partido más votado del país. Ahora, Vox tendrá cinco días para presentar un poder especial en el que aparezca contra quién va dirigida la querella y a qué delitos se refiere la misma. El magistrado que será ponente para estudiarlo será Eduardo de Porres, tal y como ha dictado el Alto Tribunal en una providencia.

La querella de Vox

La formación que lidera Santiago Abascal presentó este martes una querella de 97 folios en los que se habla de una «intromisión en las funciones constitucionales de jueces y tribunales, vulneración de la igualdad de los españoles ante la ley» además de una «vulneración de la tutela judicial efectiva».

En el texto puede leerse que el partido a la derecha del PP denuncia que la democracia está «en peligro» y continúa justificando las medidas cautelares en que, si se frena la investidura, «ningún perjuicio sufrirá el Estado de Derecho y la democracia pues en todo caso la consecuencia será llamar de nuevo a las urnas al pueblo español».  Por eso, pone el acento en utilizar «todas las herramientas legales» para poder «detener» lo que denominan como «este golpe».

Además de la acusación sobre Sánchez y Puigdemont, Vox ha solicitado que presten declaración en el Tribunal Supremo como testigos el presidente del CGPJ, Vicente Guilarte; el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, además de otros colaboradores de Puigdemont.