Marchena cedió con la ‘conspiración para la rebelión’ para salvar una sentencia sin votos particulares

Los hechos que los líderes independentistas protagonizaron en Cataluña en el otoño de 2017 han sido tipificados por el Tribunal Supremo como un delito de sedición. Para Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Joaquím Forn, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Dolors Bassa conllevarán entre 10 y 15 años de cárcel, a los que habrá que sumar las penas de prisión por malversación, el otro delito del que el tribunal les considera culpables.

El fallo, que cuenta con la unanimidad de los miembros del tribunal, no ha sido fácil. Dos posturas jurídicas han pugnado hasta el final para imponerse. A un lado, el presidente de la Sala, Manuel Marchena, quien defendía la tesis de la ‘conspiración para la rebelión’ (que implica una pena de hasta siete años y medio de cárcel), que se sumaría al delito de sedición (entre 10 y 15 años de cárcel).

Frente a la tesis de Marchena, la de la magistrada Ana Ferrer, contraria a incorporar el delito de rebelión (entre 15 y 25 años de cárcel) en cualquiera de sus fases y condenar sólo por sedición, un tipo con penas claramente inferiores.

Como informó OKDIARIO el pasado lunes, la mayoría del tribunal se inclinaba por esta segunda opción, si bien Marchena trataba de ganarse adeptos hasta última hora para su tesis de ‘conspiración para la rebelión’, algo que elevaría las penas al sumarse al delito de sedición, y que no exigiría la constatación plena de la existencia de violencia, sino el hecho de que se buscó ese choque violento como parte de la estrategia golpista. Al final de la semana, la postura de Ferrer era la minoritaria.

En busca de la unanimidad

Pero la unanimidad del Tribunal Supremo era un bien a proteger en esta sentencia tan delicada. Y es esa unanimidad la que se ha impuesto para evitar los votos particulares que hubieran reflejado división en una sentencia decisiva para el futuro de España.

No hay que olvidar que los golpistas llevarán su caso al Tribunal de Estrasburgo, una instancia que el Supremo español siempre ha tenido en sus cálculos, tanto en el desarrollo del juicio oral como a la hora de dictar sentencia. Sería un golpe muy duro para el Alto Tribunal, y para la Justicia española en su conjunto, que la sentencia del 1-O fuera enmendada o corregida por las instituciones judiciales europeas.