La tensión política y el acoso a que están sometiendo a Cataluña los golpistas ha provocado que la tradicional recepción posterior a la entrega de despachos de nuevos jueces, prevista para el próximo lunes y con la presencia del Rey Felipe VI, no se celebre en el Palau de la Generalitat. En su lugar, será el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el que acoja el acto al que también asiste el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Fuentes del ámbito judicial desmienten la versión que se está dando desde canales oficiales y que explica esta novedad por el hecho de que en estos momentos no haya un gobierno catalán. El verdadero motivo, explican a OKDIARIO, es el malestar que existe en la carrera por las coacciones que están sufriendo muchos de sus miembros en esta comunidad.
El caso más mediático es el de la jueza Gema Espinosa, directora de la Escuela Judicial y esposa del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Ambos amenazados (en el caso del juez que ha procesado a Puigdemont incluso insultado por mossos independentistas que siguen en activo pese al 155) y a los que ha tenido que dotar de medidas de seguridad el Ministerio del Interior. Amenazas en redes sociales o pintadas cerca de su segunda residencia en Gerona han obligado a ello.
Pero hay muchos más. Por ejemplo, el del titular del Juzgado nº 13 de Barcelona, el primero que abrió realmente la defensa del Estado ante el golpe tras ordenar el registro de la Consejería de Economía y donde miles de separatistas acosaron hasta destrozar sus coches a la Guardia Civil. Sucedía el pasado 20 de septiembre, y ante la inacción de los Mossos d´Esquadra la secretaria judicial tuvo que escapar por el tejado.
Pues bien, el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer ha recibido continuas amenazas tanto en Barcelona como en su lugar de veraneo, en Port de la Selva (Gerona). Como a Magaldi, a la fiscal jefa de Barcelona, Ana Magaldi, los independentistas han intentado amedrentarla en su domicilio. La responsable de la Fiscalía se encontró con el asalto a su casa, en la que le habían destrozado el sistema de calefacción y el cableado general.
La presión golpista se vive de modo especialmente grave en los juzgados de los municipios más pequeños. Los CDR convocan habitualmente concentraciones a las puertas de las sedes judiciales cuando son llamados a declarar los separatistas por su participación en el referéndum ilegal del 1-O, los destrozos y coacciones de la huelga política del 8-N o por delitos de odio. La ANC ha llegado a intentar cercar el edificio del tribunal Superior de Justicia de Cataluña, cuyo presidente, Jesús María Barrientos reconoce que han aumentado las solicitudes de traslado a otros juzgados de España.
Por todo ello, el Palau de la Generalitat permanecerá vacío tras la entrega de despachos a los 65 nuevos togados de la 67ª promoción de la judicatura y en la que se aplica el Real Decreto 2009/83 en cuestiones de protocolo cediendo el Presidente del CGPJ su lugar a Su Majestad el Rey. Ni los nuevos jueces, ni el monarca ni las autoridades judiciales celebrarán este acto de la Escuela Judicial (el único órgano del Estado que no tiene su sede en Madrid) sino en el TSJC.
