El Supremo recibe la primera denuncia contra el embargo de armas a Israel aprobado por Sánchez

La asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto-ley que establece el embargo total al comercio de armas y material de defensa con Israel. Tal como adelanta OKDIARIO, se trata de la primera impugnación judicial contra la normativa aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado martes en el Consejo de Ministros.

La organización, que ha liderado numerosas batallas judiciales contra el movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones), denuncia que el Ejecutivo ha abusado del instrumento del Decreto-ley sin acreditar la extraordinaria y urgente necesidad exigida por el artículo 86 de la Constitución Española. ACOM sostiene que se trata de una norma que requiere debate parlamentario y que debió contar con el informe preceptivo del Consejo de Estado.

El recurso argumenta que la normativa vulnera múltiples derechos fundamentales recogidos en la Carta Magna. Entre ellos, la libertad de expresión del artículo 20, la igualdad y no discriminación del artículo 14, la libertad de empresa del artículo 38 y el derecho de propiedad del artículo 33 de la Constitución Española.

«Se trata de una norma inconstitucional y contraria al Derecho europeo. ACOM acude al Tribunal Supremo para defender el Estado de Derecho frente a un Gobierno que legisla de manera arbitraria», declara Ángel Mas, presidente de ACOM, a OKDIARIO.

Inseguridad jurídica

El recurso también subraya la disensia jurídica generada por «la falta de definiciones precisas en el texto normativo». La asociación denuncia además que «el decreto invade competencias exclusivas de la Unión Europea en materia de política comercial común, tal como establece el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea».

Según el Real Decreto-ley aprobado, España consolida jurídicamente el embargo de armas que, según el Ejecutivo, aplica de facto desde octubre de 2023. La norma prohíbe la compra y venta de materiales de defensa, así como de productos y tecnologías de doble uso con Israel.

Asimismo, deniega el tránsito por puertos españoles y por el espacio aéreo de cualquier tipo de combustible con destino a Israel que pueda tener un uso final militar.

El Gobierno ha presentado la medida como una respuesta a lo que califica de «genocidio en Gaza», tras la ofensiva militar israelí iniciada después del atentado de Hamás del 7 de octubre de 2023. El Ejecutivo ha cifrado en más de 65.000 los muertos y 159.000 los heridos en la Franja de Gaza.

El decreto también prohíbe la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado y la publicidad destinada a la comercialización de dichos bienes en España. Esta prohibición publicitaria se extiende también a los servicios prestados en los asentamientos considerados ilegales por el derecho internacional.

Precedente jurisprudencial

La batalla legal de ACOM cuenta con un precedente favorable en el propio Tribunal Supremo. En septiembre de 2022, la Sala de lo Contencioso-Administrativo dictaminó que el boicot a Israel por su conflicto con Palestina supone una «discriminación» y vulnera derechos fundamentales.

Aquella sentencia, y otras posteriores, anulaban acuerdos municipales como uno del Ayuntamiento de Reinosa (Cantabria) que declaraba el municipio «espacio libre de apartheid israelí» e instaba a boicotear la contratación de empresas de Israel. Los magistrados concluyeron que un ayuntamiento hace «discriminación de terceros» al adoptar tales medidas.

La resolución estableció jurisprudencia sobre la ilegalidad de impedir contratar servicios o comprar productos a empresas por razón de su vinculación con Israel. Hasta ese momento, ACOM había logrado que 85 acuerdos de adhesión al movimiento BDS fueran anulados por resolución judicial o retirados por los propios ayuntamientos.

Según la normativa aprobada, el Consejo de Ministros podrá aplicar excepciones al embargo para salvaguardar el interés general nacional. El Gobierno se ha comprometido a rendir cuentas sobre la aplicación del Real Decreto-ley ante el Congreso de los Diputados con carácter trimestral.

En paralelo, la votación parlamentaria de la norma, para su convalidación, presenta incertidumbres sobre su convalidación. Socios del PSOE como Junts y BNG ha avanzado su apoyo siempre que se tramite como proyecto de ley y se eliminen las excepciones de Estado. Por su parte, Podemos ha criticado que el decreto se ha «quedado corto» y exige su reformulación tras la interceptación de la flotilla humanitaria con destino a Gaza.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que el embargo está «cargado de sentido común» y ha citado una encuesta del Real Instituto Elcano según la cual el 82% de los españoles considera que en Gaza se está cometiendo un genocidio. «Por tanto, no estamos hablando de izquierda o derecha, estamos hablando de sentido común», ha argumentado.

La presentación del recurso ante el Supremo abre ahora un proceso judicial que pondrá a prueba la legalidad de una norma sin precedentes en España y en la Unión Europea. El tribunal deberá pronunciarse sobre si el Gobierno ha actuado dentro del marco legal o si, por el contrario, ha traspasado los límites legales en su afán de posicionarse en el conflicto de Oriente Medio. Una decisión que, si no pierde el objeto si el Congreso tumba el Real Decreto-ley, marcará jurisprudencia sobre los límites del activismo gubernamental en política exterior.