España
Tribunal Supremo

El Supremo acumula las querellas contra García Ortiz por revelar secretos del novio de Ayuso

El juez Antonio del Moral podría ser el encargado inicialmente de dirimir si se imputa al fiscal general del Estado

Otra de las querellas tiene otro magistrado ponente y en septiembre se dirimirá qué juez se queda el caso

El Tribunal Supremo ha dictado una providencia en la que acumula las dos querellas contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y designa al magistrado Antonio del Moral como magistrado ponente que decidirá si las admite a trámite e imputa al máximo responsable del Ministerio Público o lo archiva. Tal como ha podido saber OKDIARIO, la Sala Segunda, encargada de los temas penales, ha firmado este martes una resolución en la que da el correspondiente recorrido a los escritos que ha recibido por parte de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y del sindicato de funcionarios Manos Limpias.

La providencia de una sola página y fechada este martes 30 de julio explica que se da «por recibido el anterior escrito de querella y documentos que se acompañan» y se da orden de registrar y crear el expediente. Se abre el caso y se cataloga como «Causa Especial número 003/0021258/2024». García Ortiz aparece, por ahora, en el membrete judicial en calidad de «querellado». Los jueces Manuel Marchena –como presidente–, Antonio del Moral, Andrés Palomo, Vicente Magro y Susana Polo han tomado parte en la decisión.

«Se tiene por comparecida y parte a la procuradora que representa  al Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias, y por formulada querella por el presunto delito de revelación de secretos del artículo 417 del Código Penal, contra Álvaro García Ortiz», relata el escrito del Supremo. Se designa ponente «para conocer de la presente causa, conforme al turno previamente establecido, al Magistrado de esta Sala Antonio del Moral García». Por otra parte, apuntan que la secretaría de la Sala Segunda ha recibido otro escrito por idénticos hechos a los que son objeto de la presente, por tanto, «procede acordar la acumulación de esta causa».

Ahora, Del Moral leerá con detalle la querella de Manos Limpias y la exposición razonada del juez instructor del TSJM Francisco José Goyena tras las querellas del afectado, Alberto González Amador, y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Ese magistrado tomó declaración a varios fiscales que intervinieron en la decisión de publicar una nota aclaratoria a la prensa que la que aireaba detalles de la negociación de la pareja de Ayuso y la Fiscalía para llegar a un acuerdo de conformidad por presuntos delitos fiscales.

Por su parte, García Ortiz, tras conocer el hecho de que el Tribunal Supremo podría investigarle tras la exposición razonada, asegura que no se verá alterado su trabajo al frente del Ministerio Público. El fiscal defiende que el hecho de que se haya elevado esa exposición razonada «no ha de impedir ni alterar el normal funcionamiento de la institución» ni «por supuesto» su «trabajo ordinario» como fiscal general.

Sobre este punto, incide en que la exposición razonada del TSJM es «coherente» con la «falta de competencia» de dicho tribunal para investigarle o «para revelar sus correos o comunicaciones en el seno de la Fiscalía». De hecho, en junio el propio García Ortiz pidió al tribunal madrileño que elevara la causa al Supremo, órgano al que consideraba competente para asumir esta investigación.

Se justifica

Ahora, tras la decisión del TSJM de acudir al Supremo, el jefe del Ministerio Público mantiene en que asume la «responsabilidad última» de la publicación de la nota de prensa que «desmentía informaciones falsas» en relación con un investigado por dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad documental. En este sentido, sostiene que la nota se emitió para poner fin a un bulo y amparar a un compañero y extraordinario fiscal y para cumplir con la obligación de la Fiscalía de ofrecer información veraz a la ciudadanía.

Miguel Bernad, en una imagen reciente.

Así, García Ortiz recuerda que el deber de informar a la opinión pública de sus propias actuaciones es «un mandato legal que la Fiscalía ha cumplido en el pasado y seguirá haciendo en el futuro». «La difusión del contenido de querellas, denuncias, escritos de acusación o informes relevantes para la opinión pública elaborados por el Ministerio Fiscal es, ha sido y seguirá siendo parte del trabajo habitual de sus oficinas de prensa y portavoces», recalca.

Acerca del comunicado oficial relativa a González Amador, García Ortiz recuerda que el texto difundido no añadía «nada que no se hubiera publicado previamente en diversos medios», en algunos casos citando fuentes cercanas a la persona investigada y en otros divulgando el contenido literal de las comunicaciones.

«Extrañeza»

Por otra parte, el fiscal general aprovecha su nota de prensa para mostrar su «extrañeza» por el hecho de que el TSJM haya acordado archivar el procedimiento para el fiscal de delitos económicos Julián Salto y no para la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. «Ninguna responsabilidad puede tener quien cumple escrupulosamente con sus funciones estatutarias y ejerce con profesionalidad y lealtad la jefatura», reafirma.

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