Estos movimientos bancarios en el punto de mira de Hacienda a partir de este día: es oficial y ya lo han confirmado

• Pedro Antolinos @pedroantolinos
• Periodista. Redactor de deportes y de la Comunidad Valenciana. También especialista en SEO. En OKDIARIO desde 2017.
• • 15/12/2025 07:00
  • Actualizado: 15/12/2025 10:04

Hacienda aumentará el control a partir de 2026 sobre los contribuyentes. La Agencia Tributaria ha informado que a partir del 1 de enero vigilará más movimientos bancarios de los ciudadanos, que tengan que ver con tarjetas de crédito, débito y principalmente con las transacciones con dinero electrónico. Con estas medidas desde el fisco quieren reducir el fraude fiscal y la economía sumergida. Consulta en este artículo las novedades que prepara Hacienda con los movimientos de dinero de los ciudadanos.

La Agencia Tributaria publicó el pasado 26 de noviembre una información relativa a la «actualización de las obligaciones informativas financieras 2026». Un paquete de medidas introducido en el Real Decreto 253/2025, de 1 de abril, por el que se modifican, en materia de obligaciones de información, el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que modifica los artículos 37, 38, 38 bis y 38 ter de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

«La reforma persigue adaptar la normativa tributaria a un ecosistema financiero en rápida evolución, garantizando que la Administración cuente con información suficientemente detallada, periódica y amplia para afrontar eficazmente los nuevos desafíos en materia de fraude fiscal, eficacia recaudatoria y asistencia al contribuyente», informa la Agencia Tributaria en su comunicado en el que pone de manifiesto que «a partir de la reforma, se integran expresamente las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico como obligados a suministrar información, junto con las entidades financieras tradicionales».

Hacienda y los movimientos bancarios

Hacienda informó sobre su nuevo paquete de medidas el pasado 2 de abril de 2025 en un artículo publicado en la página web oficial de la Agencia Tributaria en la que avisaba de «modificaciones en materia de obligaciones de información». Estos nuevos cambios hacían referencia al artículo 38 ter, que se cierne sobre «la obligación de informar acerca de las operaciones realizadas con todo tipo de tarjetas».

En su punto número 1, este nuevo artículo pone de manifiesto que «vendrán obligadas a presentar una declaración informativa anual acerca de las operaciones realizadas con todo tipo de tarjetas, con soporte físico o virtual, que ofrezcan funciones de efectivo, débito, débito diferido, crédito y dinero electrónico, en cualquier moneda».

Y lo más importante, también deja claro que «quedan excluidas de la presente obligación informativa las tarjetas cuyo importe total de cargos y cuyo importe total de abonos registrados en el ejercicio hayan sido inferiores a 25.000 euros». Es decir, los bancos no tendrán la obligación de comunicar a la Agencia Tributaria sobre los movimientos con tarjeta u otro dispositivo que no hayan superado los 25.000 euros al año. Los que superen esta cantidad sí que estarán sometidos a esta posible investigación.

Así que, como han resumido desde Hacienda recientemente, a partir del 1 de enero se «se incorpora un nuevo artículo 38 ter que introduce una obligación informativa anual específica sobre operaciones realizadas con cualquier clase de tarjeta». «Esta obligación comprende el total anual de abonos, cargos, recargas, retiradas de efectivo y gastos efectuados en establecimientos», reza en un comunicado.

Para tranquilidad de muchos contribuyentes, desde la Agencia Tributaria también informan que «sólo quedan excluidas las tarjetas cuyo volumen anual de operaciones, sumando cargos y abonos, no supere los 25.000 euros, lo que permite centrar el esfuerzo informativo en aquellas tarjetas que pueden tener un mayor impacto en el control tributario».

Así que a partir del próximo 2026, Hacienda aumentará el control sobre el movimiento de dinero de los ciudadanos con el objetivo de adaptarse a las nuevas directrices procedentes de la Unión Europea y también con la misión de poner fin al fraude fiscal y reducir en la medida de lo posible la economía sumergida.