Sánchez se niega a asignar plaza a 8.000 funcionarios con la oposición aprobada

Pedro Sánchez vuelve a generar un motivo de enfrentamiento con los funcionarios. En este caso con los que se han ganado el derecho a serlo pero aún no han logrado la asignación de su plaza ni el cobro del sueldo que les corresponde. Se trata, nada más y nada menos, que de casi 8.000 funcionarios que han pasado ya todos los trámites para poder serlo o promocionar internamente, incluida, por supuesto, la oposición, y, pese a ello, el Gobierno de Sánchez y Pablo Iglesias se niega a asignarles el puesto de trabajo que les corresponde.

La generación de semejante stock de funcionarios que no consiguen llegar a serlo, o a ocupar el puesto que merecen pese a haber aprobado los duros exámenes, sucede justo cuando servicios decisivos en pleno coronavirus, como pueden ser el pago de las prestaciones por ERTE, el control en las calles del cumplimiento de las medidas anticontagio, o el refuerzo de las plantillas de los sanitarios, están en el aire, precisamente, por falta de personal en esos servicios públicos.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas, se ha dirigido ya al Ministerio de Política Territorial y Función Pública para reclamar la inmediata incorporación de este contingente de personas con pleno derecho a trabajar en la función pública. Se trata de 4.880 efectivos que aguardan a la espera de destino en la Administración General del Estado, pese a haber aprobado su oposición hace meses. Además, hay más de 3.000 personas que también esperan nuevo destino tras aprobar su promoción interna.

En total 7.880 personas que deberían estar ya trabajando en sus nuevas ubicaciones de funcionario y que sin embargo, o no han sido promocionados, o ni siquiera han pisado los edificios públicos.

Situación «inaceptable»

Desde CSIF confirman a OKDIARIO que el Ministerio encargado de la Función Pública “se comprometió este verano a realizar las incorporaciones en el último trimestre del año, pero aún no tenemos noticias. Esta situación es inaceptable, teniendo en cuenta la situación de desbordamiento por la que atraviesan organismos como el Servicio Público de Empleo (SEPE) o la Seguridad Social por la avalancha de expedientes como los ERTEs, o la Renta Mínima Vital. Y es que la pandemia ha puesto en evidencia las debilidades estructurales de las plantillas”.

Desde el sindicato subrayan que se da la circunstancia de que “los procesos selectivos de las Ofertas de Empleo Público, desde que se aprueban las necesidades, hasta que se cubren, pasa una media que casi ronda los dos años, en el mejor de los casos”. Con lo que el actual retraso se suma a esas demoras para acabar generando una diferencia abismal entre las necesidades de personal y su contratación.

Además, CSIF ha manifestado su rechazo a “la oferta de empleo público para el presente ejercicio (2020) por ser insuficiente para cubrir las necesidades de puestos estructurales. Estas carencias se verán agravadas por la próxima jubilación de un alto porcentaje de trabajadores/as: un 20% de ellos se jubilará en los próximos 5 años”.

CSIF ha elaborado, por su parte, un Plan Estratégico de Recursos Humanos en las Administraciones Públicas, que contempla un refuerzo de más de 106.000 efectivos (43.477 en la Administración General del Estado) para los próximos tres años con el propósito de afrontar las necesidades estructurales que se han evidenciado con la pandemia (Administración General del Estado, Educación, Justicia…) Además, la Sanidad, según sus estimaciones, requiere un plan adicional, con 289.235 plazas nuevas entre 2021 y 2031.

Pedro Sánchez y el PSOE no han dejado de criticar los supuestos recortes en la etapa del Gobierno popular de Mariano Rajoy. Pero ahora, en plena segunda ola, los datos oficiales de la EPA han desvelado que en la era de recortes de Sánchez la Sanidad ha destruido 17.548 empleos entre septiembre y octubre.

El dato fue revelado igualmente por CSIF, el sindicato más representativo en las administraciones públicas, que ha denunciado que el sector de Sanidad y Servicios Sociales ha destruido 17.548 empleos durante los meses de septiembre y octubre (-1.979 y -15.569 respectivamente), según los datos de afiliación a la Seguridad Social y tal y como publicó OKDIARIO.

El sindicato CSIF señala “que estos empleos perdidos responden a personal temporal que deja su puesto tras la reincorporación de profesionales tras las vacaciones de verano. Esta destrucción de empleo durante dos meses consecutivos es inadmisible teniendo en cuenta la evolución de la pandemia y responde a la precariedad de los puestos de trabajo en un sector fundamental para combatir los efectos del coronavirus”, añade.

En este sentido, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) indican una tasa de temporalidad en las administraciones públicas del 27,9%, frente al 23,1% del sector privado.

Esta destrucción de empleo no sólo refleja, según CSIF, los recortes de Pedro Sánchez, sino “la falta de previsión de las autoridades ante la segunda oleada de la pandemia y de la ausencia de planificación sanitaria. CSIF se hace eco de la preocupación del sector por el incremento de la presión asistencial, la falta de profesionales y de equipamientos adecuados para afrontar la situación, con el peligro de que se produzca de nuevo una situación de colapso”. CSIF, de hecho, ha acudido ya al Defensor del Pueblo para denunciar el avance de esta “precarización” laboral.