Sánchez gasta 428.000 € en un mapa para publicitar en tiempo real sus obras de reconstrucción de la DANA
Por el contrario, el Gobierno sólo ha aprobado 1 de cada 10 ayudas a personas afectadas por la DANA

El Gobierno va a desarrollar un mapa para poder mostrar en tiempo real los avances de los desarrollos que lleva a cabo en las zonas arrasadas por la DANA. Para el desarrollo de esta plataforma, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha modificado los límites de gasto para movilizar 428.000 euros. Una dotación económica que contrasta con las ayudas abonadas a los afectados por la gota fría: sólo ha pagado una de cada diez.
El Consejo de Ministros del pasado martes dio luz verde a la modificación de los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática pueda afrontar diversos gastos de funcionamiento del Comisionado Especial para la Reconstrucción de los daños ocasionados por la DANA.
Entre ellos destaca la puesta en marcha de un visor cartográfico que permita mostrar información sobre las ayudas a los afectados por la DANA y gestionadas por la Administración General del Estado. «En línea con lo anterior, resulta necesario hacer frente a diversos gastos de funcionamiento del propio Comisionado, entre los que destacan un encargo con la empresa pública Tragsatec para la realización de un visor cartográfico que permita mostrar y analizar la información de las ayudas gestionadas por la Administración General del Estado, la celebración de convenios con otras entidades públicas y la creación de material audiovisual», desarrolla el Ejecutivo.
Según consta en la referencia del Consejo de Ministros, el Gobierno desembolsará 343.000 euros durante el presente ejercicio y otros 84.000 euros durante 2026, de tal forma que, en total, el mapa para publicitar en tiempo real el desarrollo de las ayudas y proyectos para la reconstrucción supondrá un gasto de 427.497 euros.
Las ayudas no llegan
El Gobierno del socialista Pedro Sánchez sólo ha abonado una de cada 10 ayudas solicitadas por las familias para bienes de primera necesidad tras la DANA. Y eso que ya han transcurrido más de seis meses desde la tragedia, ocurrida el 29 de octubre de 2024. En concreto, el Gobierno de Sánchez apenas ha satisfecho 4.160 de las 43.592 solicitudes de las familias para ayudas directas para paliar daños personales, materiales en vivienda y enseres, entre otros. En cifras porcentuales, el Ejecutivo de Sánchez apenas ha abonado el 9,54% de las ayudas solicitadas para los fines antes mencionados.
De hecho, la gestión de los pagos de las ayudas se está convirtiendo en un verdadero problema para el Gobierno central. Las solicitudes se alargan lo indecible y los pagos tardan. Una prueba de ello son las ayudas directas para paliar esos daños personales, daños materiales en viviendas, enseres y comunidades de propietarios, entre otros.
Según consta en la web de Moncloa, actualizada a fecha del pasado martes, el número de solicitudes registradas para los fines antes citados se eleva hasta las 43.592. De todas ellas, el importe total abonado es de 83.932.020 euros. De ellos, 71.116.020 euros en concepto de anticipos y ayudas por daños en viviendas y enseres. Pero sólo a 4.160 familias de esas 43.592 solicitantes. Y, el resto, otros 12.816.000 euros, por ayudas por fallecimientos a 178 familias.
Es decir, que de las 43.592 familias que han presentado su solicitud al Gobierno de España, sólo han cobrado menos del 10%, ya sea como anticipo o como ayuda. En concreto, 4.160. Y esto cuando, como se ha dicho, ya han transcurrido más de seis meses de la tragedia.
Esta lentitud administrativa contrasta con la agilidad del Gobierno de la Generalitat Valenciana. El Consell de Mazón aprobó en julio de 2024, a penas dos meses antes de la riada, una herramienta que ha resultado clave para que las ayudas hayan llegado a los damnificados. Se trata de la ley de simplificación administrativa. En síntesis, esa ley reduce trámites y rebaja plazos, con lo que el beneficiario cobra de modo más sencillo, más ágil y más rápido.