Sánchez carece de un plan para evitar inundaciones en el Poyo cuatro meses después de la mortífera DANA

El Gobierno de España, que preside el socialista Pedro Sánchez lleva 130 días, más de cuatro meses, sin que ni el propio Ejecutivo ni uno de sus organismos clave, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), hayan abierto el debate con los municipios afectados por el desbordamiento del barranco del Poyo para poner en marcha un un plan que evite definitivamente el riesgo el riesgo de inundaciones que se cierne en cada temporal.

Ayuntamientos y Generalitat Valenciana reclaman de una vez por todas un plan anti inundaciones para evitar crecidas como las del pasado 29 de octubre, cuando 103 municipios resultaron anegados por la DANA con el trágico balance de 224 fallecidos y tres desparecidos.

Según publicó OKDIARIO el 4 de febrero, bombonas de butano, colchones, plásticos, calderas, balones de fútbol, macetas, animales muertos y más de cuatro metros de ramas, troncos y basura se acumulaban aún en la desembocadura del Poyo tres meses después de la riada. Se trata de más de tres kilómetros que todavía no habían sido limpiados por la Confederación. En aquel entonces, un agricultor valenciano sentenciaba: «El Gobierno no está ni se le espera».

Ahora, el problema es más grave. Valencia ha sufrido estos días un largo temporal. En los municipios que atraviesa el Poyo, el temor ha sido extremo, por cuanto no se han ejecutado obras en el barranco que supongan una solución integral del problema. Cada gota de agua que cae del cielo es un nuevo sobresalto para los miles de habitantes de la zona.

La situación es ya tan crítica que, ante la ausencia de soluciones a este respecto, la popular Amparo Folgado, alcaldesa de Torrent, el segundo municipio con mayor población de la provincia de Valencia tras la capital, ha reclamado la creación de una mesa de trabajo con el Ministerio de Transición Ecológica, la Generalitat Valenciana y los municipios afectados que permita definir, priorizar y ejecutar ese plan y efectuar las obras de infraestructura en los barrancos del Poyo y L’Horteta.

Amparo Folgado ha advertido que se trata de un problema comarcal y provincial, que afecta a un volumen de población de 900.000 personas: «No es una cuestión local, sino una emergencia territorial», ha sostenido.

La alcaldesa de Torrent ha reclamado la implementación de un plan «similar al Plan Sur de 1973» en Valencia, «que incluya infraestructuras de contención y retención de agua en las zonas altas y que considere también posibles desvíos para evitar inundaciones».

En suma, lo que reclama Torrent y también otros municipios es una planificación hidrológica integral, así como la construcción de infraestructuras estratégicas que eviten tragedias. La alcaldesa ha explicado también que la presión que ahora mismo sienten los primeros ediles de los municipios afectados por la DANA es «insoportable». Y ha recordado que los ayuntamientos son las administraciones más próximas al ciudadano: «No podemos seguir soportando el silencio y la falta de implicación de quienes tienen la competencia para actuar».

Por su parte, el conseller de Agricultura del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina, también ha criticado lo que él ha calificado como «cuatro meses de inacción por parte del Gobierno de España ante un plan que podría salvar vidas». Barrachina se ha referido así a la falta de respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez y, más concretamente, del Ministerio de Transición Ecológica desde que la Generalitat Valenciana le presentara un plan contra inundaciones.

En concreto, y según la Consellería de Agricultura, fue el 7 de noviembre  de este 2024 cuando el citado Ministerio se comprometió a estudiar el documento que se le había remitido. Recogía, en síntesis, una inversión de 2.390 millones de euros durante cinco años para implementar medidas urgentes y preventivas frente a las inundaciones. Hasta la fecha, según ha destacado Miguel Barrachina, «no hay avances».

Entre las actuaciones planteadas por el Gobierno valenciano al de España se encuentran la implantación de un sistema de alarmas en los cauces con impacto urbano, que complementaría al Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH). Además, contempla también la construcción de una presa en la localidad de Villamarchante, intervenciones en la zona alta y media del Poyo y trabajos en otros cauces cortos.

Y se prevé, además, en la cuenca del Júcar, proyectos para reforzar la defensa frente a inundaciones, como una nueva presa en Montesa (Valencia), una alternativa a la presa del Marquesado, en el río Magro, y otras intervenciones en el río Sellent.

Pero todo está en el aire cuatro meses después de la DANA a la espera de que el Gobierno de España tome decisiones que ya sor urgentes y que no pueden esperar más tiempo.