Sánchez ha fletado 31 vuelos de ilegales desde Canarias a la Península en 49 días: uno cada 38 horas

El Gobierno de Pedro Sánchez ha fletado desde el pasado 10 de octubre al menos 31 vuelos de inmigrantes ilegales procedentes de Canarias para su distribución por distintos puntos de la Península. Treinta y un vuelos en 49 días, o lo que es lo mismo, uno cada 38 horas. Así consta en los registros de plataformas de movimientos aéreos consultados por OKDIARIO. Se trata de miles de inmigrantes irregulares que el Ejecutivo desplazó desde las islas hasta los aeropuertos de Madrid, Barcelona y Málaga, y de ahí, a diferentes destinos en múltiples comunidades autónomas.

En concreto, los registros dan cuentan de 27 vuelos desde Tenerife Norte hasta el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, otros tres con el mismo origen, pero con llegada al aeropuerto de Barcelona-El Prat Josep Tarradellas y uno más también procedente de Tenerife Norte que aterrizó, en este caso, en el Pablo Picasso de la Costa del Sol (Málaga). Todos ellos fueron vuelos chárter, es decir, ajenos a las rutas comerciales y operados fundamentalmente por la compañía Air Europa bajo vigilancia del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Tras su llegada a estos aeropuertos, los inmigrantes irregulares fueron recibidos por varias ONG designadas por el Ejecutivo y conducidos a otros puntos de la geografía española, siendo alojados en albergues, pisos turísticos, hoteles o balnearios, entre otras instalaciones.

De momento, ni el Ministerio del Interior ni el de Migraciones -que ha pasado de las manos de José Luis Escrivá a las de Elma Saiz en el nuevo Gobierno de Sánchez- han informado pormenorizadamente del número concreto de inmigrantes irregulares que han volado en estos viajes semi-clandestinos hasta la fecha. Tampoco del coste de tales desplazamientos o de cuántos han sido ya alojados en la Península y en qué destinos.

Falta de información

De momento, sigue pendiente la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que solicitó el PP en el Congreso de los Diputados y que está prevista para el próximo 12 de diciembre. La falta de información del Gobierno socialcomunista a las comunidades autónomas sobre los procesos de acogida de estos inmigrantes ha generado polémica en estos meses. Y es que ha habido Gobiernos regionales que se han enterado antes de los planes del Ejecutivo de Sánchez por las ONG colaboradoras que por los debidos representantes de la Administración estatal.

Bruselas pide endurecer la ley

Entretanto, mientras se siguen produciendo estas llegadas a la Península desde Canarias, archipiélago desbordado por la avalancha de inmigrantes subsaharianos, la Comisión Europea pidió este martes endurecer la legislación contra las mafias que trafican con estas rutas ilegales a fin de reducir tal afluencia.

«Se trata de poner el foco donde se debe poner: castigar a las mafias, nunca a los migrantes», manifestó en rueda de prensa en Bruselas la comisaria de Interior, Ylva Johansson, al exponer algunas de las claves de la propuesta comunitaria coincidiendo con la primera convocatoria de la Alianza Global contra el tráfico de personas.

Así, Bruselas pretende mejorar el marco regulatorio en la Unión Europea para contar con normas mínimas comunes tanto para prevenir el tránsito ilegal de personas como para contrarrestar la actividad de las mafias que facilitan el tránsito y estancia irregular en suelo comunitario, recoge Ep.

En este sentido, los servicios comunitarios apuestan por armonizar las penas de los distintos estados miembros contra las formas más graves de tráfico de migrantes, aumentando de ocho a, al menos, 15 años los castigos máximos para los casos en los que la actividad ilegal tiene como consecuencia la muerte de personas.

Otro de los puntos destacados de la propuesta pasa por aplicar en alta mar la jurisdicción de los estados miembros donde fueron registradas las embarcaciones o aeronaves utilizadas para recorrer una ruta ilegal. Bruselas también aboga por reforzar los medios y recursos disponibles para que las autoridades nacionales puedan combatir las mafias, además de favorecer la recopilación e intercambio de datos.