Sánchez fía la enseñanza en español a su «confianza plena» en que lo hagan los separatistas

El Gobierno catalán sigue desafiando a la Justicia para liquidar el español en las aulas. A las maniobras de la Generalitat separatista -que este martes ha recurrido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que le obliga a impartir un 25% de las clases en castellano- se suma la inacción por parte del Gobierno central, que nunca ha actuado de manera contundente para obligar al independentismo a cumplir con el mandato judicial. En un reciente documento oficial trasladado al Congreso de los Diputados, y al que ha tenido acceso OKDIARIO, el Ejecutivo se remite incluso a su «confianza plena» en que la sentencia del TSJC «se cumplirá, porque no puede ser de otra forma» y se escuda en que «el departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña dará una respuesta positiva y actuará con responsabilidad». Hasta ahora, el Gobierno independentista se ha negado a cumplir con la sentencia que le obliga a impartir un mínimo del 25% de las clases en español en los centros educativos de Cataluña.

Hace una semana, el TSJC dio un ultimátum a la Generalitat para que cumpla con esta sentencia, instándole a que «en el plazo máximo de 15 días, dicte las instrucciones y establezca las garantías de control de las mismas que procedan a los efectos de que en el sistema educativo de Cataluña todos los alumnos reciban de forma efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso».

El TSCJ reclamaba también a la Alta Inspección Educativa «a efectos de verificar el cumplimiento de la parte dispositiva de la sentencia dictada en estas actuaciones en el conjunto del sistema educativo de Cataluña, informando al tribunal de la actividad desplegada y de la situación constatada a la finalización del plazo de ejecución señalado».

Sin entrar en colegios

Desde el Gobierno se aseguró que la Alta Inspección del Estado actuaría para «supervisar» el cumplimiento de la resolución judicial, pero sin entrar en los colegios, como avanzó OKDIARIO.

Según fuentes del Ministerio de Educación, la Alta Inspección actuará «dentro de sus competencias», pero sin inspeccionar los más de 5.400 centros catalanes para vigilar que, efectivamente, la sentencia se cumple.

En su respuesta al Congreso, el Gobierno reivindica que «son las respectivas Administraciones educativas autonómicas las que, en el ejercicio de sus competencias y de acuerdo con sus respectivos Estatutos de Autonomía, establecen el equilibrio entre el derecho a recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado y “el alcance” de su régimen de cooficialidad en la enseñanza».

La semana pasada, la Abogacía del Estado reclamó al TSJC que evitase la ejecución forzosa de la sentencia, alegando que la Generalitat ha puesto en marcha medidas para ejecutarla de forma voluntaria. Una de las medidas a las que se remite, en concreto, es una proposición de modificación de la ley de Política Lingüística, con apoyo del PSC, que permitirá blindar la enseñanza del catalán al consagrarlo como «lengua vehicular» mientras que el español sólo será «empleado en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro».